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El gobierno de Carlos Alvarado asumió este miércoles el costo político de meterle el diente al gasto público, no solo con la esperanza de que los diputados aprueben nuevos impuestos, sino también con la intención de que ellos ayuden a profundizar el ahorro mediante reformas legales al empleo público y a los gastos específicos legales.
Convocada por el plenario legislativo, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, expuso su política de contención de gasto en momentos en que el Ejecutivo urge una reforma fiscal para salvar al país de una crisis económica.
En su presentación, Aguilar anunció un conjunto de medidas ejecutivas que tocan rubros que ninguno de los gobiernos anteriores tocó, como los incentivos salariales de los funcionarios públicos.
Sin embargo, de inmediato la jerarca advirtió a los diputados de que ellos tienen en sus manos la posibilidad de hacer que esas medidas de ahorro se extiendan a las instituciones que pagan los salarios más altos, como las descentralizadas, pues el Ejecutivo no tiene puede hacerlo.
Por ejemplo, el Ejecutivo decidió que el incentivo por anualidad de sus empleados ya no crecerá más a partir del 1.° de junio del 2018: en lugar de pagarles un porcentaje del salario base por cada año laborado, les pagará un monto fijo que se definirá con base en el sueldo que tenían en enero de este año.
Aguilar manifestó que lograr una medida similar en las instituciones descentralizadas “tendría un efecto fantástico en las finanzas públicas en general”, pero solo el Congreso puede hacerlo.
“Ustedes sí tiene la posibilidad de hacerlo a través de la incorporación en la reforma fiscal de hacerlo obligatorio y vinculante para el resto del sector público”, les dijo la ministra a los diputados. Hay instituciones que pagan hasta un 10% de anualidad, mientras el Ejecutivo desembolsa entre un 1,94% y un 2,56%.
En el Gobierno central, esta medida produciría un ahorro de ¢96.000 millones en cuatro años.
La ministra de Hacienda presentó 11 medidas que ahorrarán ¢49.000 millones en el primer año y otras que todavía no se pueden cuantificar, pero insistió en que la Asamblea puede incrementar los ahorros.
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Ella pidió a los partidos políticos incorporar, en la reforma fiscal, “un apartado que contemple la transformación de los actuales incentivos laborales a un monto nominal para todo el sector público”.
En explicaciones adicionales a este medio, Hacienda dijo que se trata de ponerle un valor nominal (un monto fijo) a cada incentivo en lugar de un porcentaje. “Eso significa anclar ese valor al vigente a enero 2018″, respondió el ministerio.
Los incentivos por porcentaje, en cambio, tienen un efecto cascada que aumenta el gasto.
La jerarca dijo que una reforma estructural de este tipo tendrá sus mejores efectos dentro de varios años, pero es mejor hacerlo ahora para ayudar a las futuras generaciones.
El expresidente Luis Guillermo Solís, en cambio, descartó tocar pluses argumentando que la medida tendría efecto en 20 años y que él necesitaba gobernar en cuatro años.
Rocío Aguilar también anunció un decreto para reducir el porcentaje que se pagaría por dedicación exclusiva a los nuevos funcionarios. Su idea es que a los bachilleres se les dé un 10% del salario base y a licenciados a un 25%. Actualmente, los bachilleres reciben un 20% y los licenciados un 55% del salario.
Asimismo, expuso medidas ejecutivas para contener el gasto en carrera profesional y pidió a los diputados ayuda para hacerlo también en el plus conocido como prohibición.
En cuanto a la política de incrementos salariales, la ministra informó de que se decretará semestralmente un monto fijo de alza para cada funcionario, en lugar de decretar porcentajes de aumento. Ese monto será el resultado de aplicar el porcentaje del costo de vida al salario base más bajo, con lo cual se protegería el valor de los salarios más bajos, dijo.
El aumento salarial para el próximo año será de ¢3.750 en el primer semestre y de ¢3.750 en el segundo.
Además de pedir una reforma al empleo público, Rocío Aguilar solicitó a los diputados introducir de nuevo, en la reforma fiscal, un capítulo para liberar al Gobierno de la asfixia que le producen los destinos específicos legales, es decir, los gastos que el Gobierno debe hacer por obligación legal aunque el dinero no alcance o aunque no sea necesario. Usualmente, son programas sociales.
Se trata de gastos nacidos en leyes creadas por los diputados, quienes ordenaron destinar cierto porcentaje de un impuesto a un determinado fin, sin prever si el Ejecutivo tendría el dinero para hacerlo.
Aguilar dijo que los programas sociales mantendrían el presupuesto aprobado a la fecha y que, considerando que solo ejecutaron el 91% de sus presupuestos de 2017, tendrían una holgura del 9%.
El presupuesto del 2019, por cierto, se mantendrá con el mismo monto nominal del 2018, con excepción de las partidas para inversión, pago de deuda y pensiones. El Gobierno aspira a reducir en ¢60.000 millones anuales la deuda pública mediante pagos a la amortización, con fondos provenientes del “superávit libre”, pero no específicó cuál es ese superávit libre en momentos de fuerte déficit.
Además, anunció que, “para instituciones bajo la Autoridad Presupuestaria, pero fuera del Servicio Civil, vamos a crear un sistema salarial nuevo, no plagado de los incentivos que hoy tenemos; el salario base representará responsabilidades, requisitos para cada uno de los puestos”.
Hacienda dijo que esa medica recaería sobre “toda aquella entidad cuya ley de creación le permite tener otro esquema de salario, distinto al salario compuesto (salario base y pluses)”.
El paquete de medidas se complementa con topes a rubros como viáticos, publicidad, actos protocolarios, así como directrices para no alquier más edificios o para exigir que el 10% del personal haga teletrabajo.
Luego de enumerar las medidas, Aguilar dijo que estas no deben venderse como la solución definitiva, sino como el inicio de un reordenamiento de las finanzas públicas.
“Sabemos que estas medidas no son suficientes para seguir cumpliendo con nuestro contrato social, hemos querido evitar una crisis que tendría un enorme perjuicio para las familias. Los niveles de endeudamiento de nuestra población son diferentes a los de la crisis de los 80. Hoy, la gente tiene comprometido su salario. Ha decidido el presidente que este es un tema de primer orden”.
“Hasta donde llega mi conocimiento, estas medidas son inéditas en el Gobierno Central, y se toman para sanear las finanzas públicas, son necesarias pero no suficientes”.
Aguilar declaró claro que la reforma fiscal “no es suficiente” para resolver el problema financiero del Estado.
Explicó que la transformación del impuesto general sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA) tendría un rendimiento de 0,9% del producto interno bruto (PIB) para las arcas del Estado.
Eso, sumado a las reformas del tributo sobre la renta, significaría ingresos por el orden del 1,4%, pero no alcanzaría para constituirse en una solución final pues el déficit fiscal alcanzó el 6,2% del PIB el año pasado.
Durante las tres horas de comparecencia, este miércoles, Aguilar explicó que la solución para la eventual crisis fiscal es una combinación armónica del aumento en los ingresos, la reforma en cuanto al gasto público, donde sobresale el pago de salarios estatales, y una efectiva gobernanza fiscal, para mantener la situación financiera sana.
