EscucharEl Gobierno informó este lunes de que una auditoría forense efectuada en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) reveló que, en los últimos 10 años, esta entidad perdió ¢45.000 millones a causa de un manejo irregular de los fondos públicos destinados a financiar cooperativas.
Casa Presidencial aseguró, en coferencia de prensa, que la "fuga" de recursos ocurrió por seis vías: a través de créditos otorgados irregularmente, transferencias, viajes, donaciones, contrataciones e inversiones.
La afectación corresponde a dineros perdidos, fondos mal aprovechados o recursos que debieron haber ingresado, pero que nunca se percibieron.
Se identificaron 14 créditos con irregularidades, que suman ¢19.000 millones.
“Normativa debilitada, aprobación de créditos con omisiones, con conflictos de interés, con serias irregularidades con respecto al reglamento interno. Un seguimiento nulo o deficiente”, enumeró Luis Emilio Cuenca, subcoordinador de la Junta Interventora de Infocoop viceministro de Trabajo y coordinador de la Junta Interventora.
Según Zapote, la auditoría forense a cargo de la empresa KPMG determinó, además, que la tasa de equilibrio (tasa de interés para los préstamos) que manejó la institución durante varios años fue manipulada, producto de lo cual se dejaron de percibir ¢4.740 millones.
"Esa tasa de equilibrio interna fue manipulada y fue aprobada en la Junta Directiva anterior con errores matemáticos muy graves, que hacían que bajara dos puntos. Es decir, que se pudo bajar en dos puntos la tasa mínima a la cual el Infocoop presta sin pérdida, y eso representó ¢4.740 millones de ingresos no percibidos", explicó Cuenca.
Ese sistema, según el funcionario, a la vez causó que se permitiera un abuso de las tasas subsidiadas, lo cual resultó en otros ¢18.000 millones de ingresos no percibidos.
También, apuntó que se detectaron casos en los que directivos del Instituto aprobaron créditos a cooperativas en cuyas cúpulas figuraban familiares.
El Gobierno intervino al Instituto en febrero del año pasado, basado en denuncias anónimas y en dos informes de la Contraloría General de la República que señalaron debilidades en el manejo de la cartera crediticia de la entidad.
Casa Presidencial informó de que la investigación, así como los documentos que la respaldan, se remitirán al Ministerio Público para que se sumen a la investigación penal del caso, por lo que aún no se harán públicos.
Un análisis penal que se realizó como parte del estudio identificó cuatro potenciales delitos en el manejo de los fondos públicos: peculado, enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio y legitimación de capitales.
"El Infocoop fue una especie de tubo abierto durante 10 años", dijo Gustavo Fernández, director ejecutivo de la entidad.
LEA MÁS: El festín del Infocoop: un mundo de créditos con tasas ridículas para cooperativas
Con la intervención, además, el Gobierno reemplazó la Junta Directiva del Instituto. Sustituyó a los cuatro representantes del sector cooperativo por personas elegidas a dedo, pero mantuvo a los tres representantes del Ejecutivo, aunque dos de ellos (Luis Felipez Arauz, ministro de Agricultura y presidente del Infocoop, y Édgar Quirós, representante del Banco Nacional) participaron en la aprobación de créditos con tasas de hasta un 2%.
Esa nueva Junta también designó un nuevo director ejecutivo, quien desistió de asumir el puesto una semana después de haber sido nombrado.
Cuatro meses después de la intervención, Casa Presidencial anunció que la administración que se había hecho con los recursos de la entidad había puesto en riesgo unos ¢28.000 millones, equivalentes en ese momento a un 25% de la cartera total de créditos del Infocoop, la cual se financia con recursos públicos de los bancos del Estado.
Está previsto que la Junta Interventora se mantenga en funciones hasta junio de este año.
Cuenca informó de que el futuro de la Junta Directiva del Instituto lo determinará el próximo Gobierno, y que la recomendación de la Junta Interventora es que el Ejecutivo se mantenga en control de la entidad hasta que se pueda modificar la ley para evitar los conflictos de interés en el otorgamiento de créditos, con un proyecto de ley que está en redacción.
