EscucharEl Gobierno respalda el cobro del impuesto de renta a los contribuyentes domiciliados en Costa Rica por inversiones hechas en el extranjero y busca que así quede claramente establecido en la ley mediante una reforma.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, confirmó en el plenario de la Asamblea Legislativa que, en el proyecto de renta global que el Poder Ejecutivo presentará en las próximas semanas, se introducirá el concepto de renta territorial reforzada.
Este concepto significa que, si una persona hace inversiones en el exterior con ingresos obtenidos por sus negocios en suelo costarricense, sí procede cobrar tributo sobre las ganancias.
El jerarca argumentó razones de justicia tributaria para que que esa definición quede incorporada en la legislación nacional.
Según aseguró Acosta el martes frente a los diputados, la Unión Europea ha indicado que el país debería establecer este tipo de tributación para evitar una doble no imposición a las personas y las empresas. “Y ese es el caso particular de una empresa que no paga renta en un país y no paga renta en el otro. Eso no debería ser permitido”, señaló Acosta.
El ministro indicó que el Gobierno pretende que, en el proyecto de renta global, quede claro el tratamiento tributario que se les dará a los contribuyentes domiciliados en Costa Rica con inversiones pasivas en el extranjero. La idea ya fue conversada con organismos internacionales con el Fondo Monetario Internaciona (FMI), añadió.
Un fallo de la Sala IV del 12 de octubre del 2022 respaldó la interpretación de la Dirección General de Tributación de aplicar el impuesto en estas situaciones.
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Los magistrados se pronunciaron a raíz de varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por los bancos Promerica, Lafise y BAC Credomatic contra las actuaciones de fiscalización de Tributación y jurisprudencia de la Sala Primera.
Los bancos habían cuestionado que el fisco revisó sus declaraciones de impuestos previas al 2020, y determinó que los ingresos generados por inversiones en el exterior tuvieron su origen de fuente costarricense, por lo cual los rendimientos obtenidos estaban gravados con el tributo de renta.
Esta posición fue respaldada por la Sala Primera en cinco diferentes fallos dados entre el 2010 y el 2017.
Los magistrados constitucionales resolvieron que las interpretaciones de la Sala Primera y de Tributación es acorde con la Ley del Impuesto sobre la Renta, de que el tributo se cobra sobre los ingresos de fuente costarricense.
“Es evidente, entonces, que si la empresa accionante es una empresa domiciliada en Costa Rica, su fuente productora de renta es costarricense y el capital invertido en el extranjero es costarricense, y los rendimientos obtenidos forman parte de los ingresos gravables de la empresa en Costa Rica, pues existe una vinculación económica entre los ingresos producidos en el extranjero y la fuente productora de la empresa domiciliada en Costa Rica”, se explica en el fallo.
Luego de conocer la resolución de la sala IV, los partidos Liberal Progresista (PLP) y Unidad Social Cristiana (PUSC) anunciaron que impulsarían una interpretación auténtica para impedir que el Ministerio de Hacienda cobre impuesto de renta a contribuyentes domiciliados en Costa Rica por inversiones hechas en el extranjero.
La propuesta no gozó de ambiente en el Gobierno, pues Acosta declaró a finales del año anterior que se oponía a la iniciativa.
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El presidente Rodrigo Chaves, declaró en esa oportunidad que recibió llamadas telefónica de grupos empresariales e inversionistas criticando fuertemente la decisión de la Sala, porque consideran que de alguna forma los magistrados estás legislando.
“Alguna gente dice que esto le quita certeza jurídica al marco de negocios de Costa Rica”, manifestó el presidente. “Sí me parece que lo importante es que la legislación, la creación de leyes y marcos jurídicos debe ser potestad absoluta del Congreso y la certeza jurídica es importante”, añadió.
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