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El Gobierno congeló el avance del proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión sexual, al dejar por fuera de la agenda del Congreso el expediente legislativo 20.970, el cual fue objeto de una intensa discusión legislativa en los últimos tres meses.
El plan no fue incluido en la primera convocatoria hecha por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el martes 1.º de noviembre, para las sesiones extraordinarias que se extienden de noviembre a enero. La agenda tenía 39 expedientes, entre ellos la venta del Banco de Costa Rica y la legalización de la marihuana para uso recreativo.
Según respondió la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, la definición de la lista de proyectos convocados fue el resultado de un análisis de conveniencia y oportunidad. Sobre el proyecto contra terapias de conversión sexual, enfatizó que “en este momento no se valora dicha convocatoria”.
Esta iniciativa agregaría varios artículos en la Ley General de Salud, con el fin de prohibir las terapias destinadas a que las personas cambien de orientación sexual. El texto prohibiría coaccionar o forzar a una persona a esconder, modificar o negar sus características sexuales, identidad de género, expresión de género u orientación sexual, así como someterle a tratamientos aversivos.
Esa discusión ha generado polémica en las últimas semanas, pues la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, donde se tramita, ha sido escenario de fuertes encontronazos, sobre todo entre diputados de Nueva República que se oponen y del Frente Amplio, que promueven el plan.
Nueva República logró bloquear el proyecto con la discusión de más de 104 mociones.
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De hecho, el Frente Amplio incluyó ese expediente en la lista de iniciativas solicitados al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de la Presidencia, para estas sesiones extraordinarias.
“Nos toma por sorpresa que no lo hayan convocado, pese a que el propio comisionado de la Presidencia de la República en Inclusión Social, Ricardo Sossa, ha declarado que está a favor”, dijo Antonio Ortega, del FA.
Ortega agregó que todas las fracciones aprobaron que el proyecto siguiera su discusión, salvo Nueva República. Además apuntó que, por la discusión nacional, le extraña que el mandatario Rodrigo Chaves no lo haya convocado.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), consideró lamentable dejar de lado los proyectos de derechos humanos, que “forman parte de la construcción social de Costa Rica”.
El martes, durante una intervención en el espacio de control político de la sesión del plenario, Ortega hizo un llamado a la convocatoria de ese proyecto y dijo que, desde Nueva República, se ha hecho una violenta retórica “cargada de pseudociencia, discursos de odio y apología del odio”.
Un día después en la sesión del plenario, el jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, pidió, nuevamente, que el proyecto no se convoque y alegó que la verdadera intención del plan es “una amenaza para la libertad de culto”.
“El diputado (Antonio Ortega) utiliza una violenta retórica marginal, una manifestación evidente de odio religioso. Está claro que lo que buscan con esta ley es perseguir iglesias y ministerios”, alegó Alvarado.
Ortega había mencionado, de hecho, una serie de testimonios publicados por los medios que dejan ver que personas fueron empujadas a llevar esas “mal llamadas terapias”, en espacios de mucha violencia psicológica.
