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En febrero del 2018, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, en el Ministerio de Hacienda se sabía con claridad que existía un faltante “real” en el presupuesto para pagar la deuda pública de ese año y que la única manera de solventarlo era solicitarle al Congreso una autorización de gasto extraordinario, gestión que nunca hizo.
La autorización para elaborar el presupuesto extra tenía que venir del entonces ministro de Hacienda, Helio Fallas, para que las diferentes direcciones del Ministerio de Hacienda se encargaran del trabajo técnico.
Así lo relató este miércoles Ana Beatriz Hernández, funcionaria del departamento de Crédito Público de Hacienda, quien asistió como testigo a la audiencia convocada por la Contraloría General de la República como parte de la investigación del caso conocido como “hueco presupuestario”.
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Ella le advirtió del faltante al entonces director de Crédito Público, Julio Espinoza, a quien señaló como el responsable legal de presentar un presupuesto del programa del servicio de deuda.
“Siempre se comunicó que el faltante era en la partida de amortización de corto y de largo plazo”, indicó Hernández, bajo juramento.
"Ya existía un faltante que fue indicado desde febrero, era real, ya existía, no había forma de solventarlo con algo que no fuera un presupuesto extraordinario", continuó.
Sin embargo, en mayo de 2018, con conocimiento de que la deuda se empezaría a pagar sin contenido presupuestario, en un correo enviado por Melvin Quirós, el nuevo director de Crédito Público, se indica que la tesorera nacional, Marta Cubillo, pidió un espacio antes de presentar un presupuesto extraordinario, para ver cuánta deuda se podía canjear.
En vista de que el faltante no fue solventado, tanto la administración anterior como la actual le pagaron deuda a los acreedores del gobierno sin contenido presupuestario, es decir, sin autorización de la Asamblea Legislativa; la primera desembolsó ¢188.000 millones y la segunda, unos ¢400.000 millones.
La Contraloría procura determinar la eventual responsabilidad que tuvieron en estos hechos el exministro Helio Fallas; la actual ministra de Hacienda, Rocío Aguilar; la tesorera nacional, Marta Cubillo; el director de Crédito Público, Melvin Quirós; y el exdirector de esta última dependencia, Julio Espinoza.
Este miércoles, en la misma audiencia, Helio Fallas se abstuvo de declarar bajo el argumento de que el caso también lo investiga el Ministerio Público.
La funcionaria Ana Beatriz Hernández, quien asistió como testigo de la tesorera nacional, recordó que, en agosto de 2017, el entonces director de Crédito Público, Julio Espinoza, le pidió que rebajara ¢300.000 millones del rubro para pagar deuda en el Presupuesto Nacional del 2018.
Según explicó, aunque tal cantidad de dinero se tenía que pagar, el monto quedó al descubierto porque Hacienda pretendía alargar el plazo de vencimiento de los bonos de deuda pública, mediante negociaciones con los acreedores.
Sin embargo, esa expectativa no se cumplió; el gobierno de Solís solo pudo canjear ¢88.000 millones.
Ana Beatriz Hernández fue una de las funcionarias que elaboró el presupuesto para el pago de la deuda del 2018.
Además, fue quien alertó, desde febrero de 2018, que el plan de gastos era insuficiente y que el hueco de deuda real era de ¢850.000 millones para lo que quedaba del año.
Según su testimonio, los pagos sin contenido presupuestario se empezaron a registrar ese mismo mes.
Así consta en una nota que Melvin Quirós y Ana Beatriz Hernández dirigieron a la actual ministra en octubre de 2018.
