Así lo afirmaron Monserrat Ruiz, presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y legisladora de Liberación Nacional (PLN), junto a Carlos Felipe García, presidente de la Comisión de Niñez y miembro de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

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Solo en el 2023, el PANI atendió a 137.000 niños y adolescentes, lo que equivale al 11% de la población menor de edad de todo el país, la cifra más alta de la historia. Las principales causas fueron abandono, violencia y negligencia.

Pese al incremento de miles de denuncias ese año, el gobierno aplicó un recorte de ¢7.000 millones al presupuesto del Patronato para 2024.

Entre las consecuencias de este recorte está la reducción en el monto de los subsidios que el PANI entrega a las familias que asumen la custodia de menores reubicados; además, se frenó la entrega de nuevos subsidios.

De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República (CGR), el presupuesto del PANI bajó de ¢97.400 millones a ¢90.900 entre el 2023 y el 2024.

”El jaguar sigue devorando niños a su paso. La escalada tan dolorosa de violencia, agresión y abandono en contra de personas menores de edad es consecuencia directa de los recortes a la inversión social, lo cual ha debilitado políticas vitales como la Red de Cuido, las becas Avancemos, los Cen-Cinai, el presupuesto para educación y los programas de protección de derechos del PANI”, manifestó Ruiz.

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La liberacionista indicó que la propia presidenta del PANI, Kennly Garza, reconoce los aprietos presupuestarios que afectan las labores del Patronato.

“No hay voluntad en este tema de parte de la Presidencia de la República, ni tampoco del Ministerio de Hacienda. Las niñas, niños y adolescentes son una de las poblaciones más olvidadas por este gobierno.

“La epidemia de violencia que sufre Costa Rica tiene dentro de sus principales víctimas a las personas menores de edad. Ninguna sociedad que aspire a ser mejor, más igualitaria y con mayores oportunidades puede dejar a tantos pequeños en desamparo”, enfatizó.

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Por su parte, Carlos Felipe García aseguró sentirse “profundamente consternado y alarmado” por la escalada de la situación.

“Nos hemos dado cuenta de que la presidenta del PANI ha calificado la situación como extrema, la insuficiencia de recursos es tanto humana como económica.

“Es una realidad que el PANI le ha fallado en reiteradas ocasiones al país, tomando en cuenta que trabaja con una de las poblaciones más vulnerables. No se trata solo de recursos adicionales, sino del modelo de gestión, que debe repensarse”, manifestó.

A pesar de la merma de recursos, la ejecución presupuestaria del PANI se mantiene alta. Transferencias y remuneraciones son los rubros que más dinero demandan.

Proyectos de ley pueden ayudar

Según Monserrat Ruiz, desde el Poder Legislativo se ha extendido la mano al Poder Ejecutivo, al cual se le han hecho propuestas que no ha apoyado por falta de voluntad. Hizo un llamado al gobierno a dejar de lado la “voracidad fiscal”.

La verdiblanca mencionó que, por ley, se estableció la obligatoriedad de actuar bajo un protocolo unificado de coordinación interinstitucional para proteger a la niñez y adolescencia.

Agregó que se presentó el proyecto de ley 24.166, que busca exceptuar al PANI de la regla fiscal.

Por su parte, el socialcristiano explicó que la desatención del gobierno es tal que ni siquiera convoca sus propios proyectos en sesiones extraordinarias.

“El Poder Ejecutivo presentó el proyecto 23.672, para mejorar la gestión del Patronato en aras de la desinstitucionalización de menores. Sin embargo, este no ha sido convocado en las sesiones extraordinarias ni se le ha dado seguimiento por parte de la jerarca del PANI”, lamentó Carlos Felipe García.