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Casa Presidencial concretó este jueves la intervención del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) con el argumento de que la entidad ha manejado mal los créditos que se otorgan a cooperativas.
Mediante un decreto, el gobierno nombró una junta interventora de 7 miembros para sustituir a la Junta Directiva formal.
Sin embargo, incluyó en la cúpula temporal a 2 de los 7 directores que aprobaron los préstamos cuestionados. Se trata del representante del gobierno y ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz; y del representante del Banco Nacional, Édgar Quirós Núñez. Ambos ejercen el cargo desde el 2014.
El Infocoop ha otorgado créditos de cientos de millones de colones con tasas de interés hasta del 2% anual.
También continúa el viceministro de Trabajo, Luis Emilio Cuenca Botey, quien tenía poco tiempo de haber ingresado como director del Infocoop.
En cambio, pierden sus funciones los cuatro representantes del sector cooperativo: Álvaro Gómez Ferreto, Franklin Salazar Guzmán, Geovanni Villalobos Guzmán y Luis Ángel Delgado González. El gobierno acordó pagarles las dietas durante los 9 meses que se prevé durará la intervención.
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Para sustituir a los delegados cooperativos, el gobierno escogió discrecionalmente a las siguientes personas: Elías Calderón Monge, Omar Bolaños Morera, Nidia Solano Brenes y Ana Luisa Calvo Monney. Informó de que vienen de los campos cooperativo y financiero, y de que no percibirán remuneración.
Una de las primeras tareas será escoger un director ejecutivo, pues el ministro de Agricultura rechazó mantener al actual, Rónald Fonseca, luego de que este ganara un concurso interno por el puesto. Él se inclinaba por otra persona, de nombre Marco Vinicio Ruiz Chacón. Ese fue el punto de quiebre en la Junta Directiva.
Liberación Nacional (PLN) advirtió de que, si el gobierno dudaba del manejo del Infocoop, debía destituir a todos los directores, incluidos los del Ejecutivo.
A la junta interventora le corresponderá definir políticas internas que aseguren una buena distribución de créditos, asegurar la estabilidad financiera del Infocoop, pedir estudios de impacto social antes de dar créditos y denunciar aquellas actuaciones irregulares ante autoridades competentes.
Para justificar la intervención, el gobierno hizo referencia a dos informes de la Contraloría sobre esa cartera, uno del 2010 y otro del 2016. En su criterio, estos no fueron atendidos por la Junta Directiva del Instituto y, en especial, apuntan al director ejecutivo.
Entre los problemas señalados por la Contraloría, está que los 20 deudores principales de la cartera tienen problemas de morosidad, pero se les siguen readecuando sus deudas y se les continúa dando refinanciamiento.
Además, que la tasa de intereses cobrada, ponderada, ha sido casi igual que la de equilibrio, lo que ha generado pérdida de valor en los préstamos; también, se han dado cambios sin razón en esa tasa de equilibrio, y no se han hecho análisis de riesgo de la cartera ni de esa concentración denunciada.
En el gobierno de Luis Guillermo Solís, con la venia de sus tres directivos en el Infocoop, se han aprobado 9 préstamos con intereses de un 5% o menos; en el de Laura Chinchilla se concedieron 12 y, en el de Óscar Arias, 7.
Los créditos más jugosos se han dado durante esta administración.
