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El Gobierno busca una nueva institución que administre los $300 millones (¢180.000 millones) del fondo de avales que se pondría a disposición de las empresas afectadas por la pandemia, para que puedan acceder a créditos en el sistema financiero nacional.
En un primer proyecto de ley para crear este fondo, el Gobierno propuso que el Instituto Nacional de Seguros (INS) fuese el fiduciario de los recursos. El Ministerio de Hacienda, por su parte, sería el fideicomitente, o sea, la entidad que constituye el fideicomiso y aporta el dinero.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) objetó el papel que desempeñaría el INS dentro de la ecuación.
En un pronunciamiento, el ente contralor recordó que la ley del INS faculta a esta entidad a realizar actividades propias de una aseguradora, por lo que su labor de fiduciaria no estaría comprendida en la legislación.
“Se recomienda disponer de información que le permita valorar los eventuales impactos de la asignación de este tipo de funciones a ese Instituto, así como considerar el criterio por parte de la Superintendencia General de Seguros”, dicto la CGR.
Para subsanar ese y otros puntos señalados por la Contraloría, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo trabaja en un nuevo texto sustitutivo para el proyecto de ley.
El documento con los cambios lo presentarán al Congreso la próxima semana, explicó Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno.
“El tema es poder ajustar las observaciones jurídicas que se hicieron, poder transformar el fiduciario, por ejemplo. Estamos buscando una nueva entidad que pueda hacer las veces de la administración del fideicomiso, que pueda hacer las veces de fiduciario".
“Se busca que sea otra entidad porque la Contraloría nos señaló que el INS no era idóneo para poder ejercerlo, pero tampoco lo son los bancos, porque si no, se estaría afectando a los clientes de los mismos, por ejemplo, y entonces habría un conflicto de interés”, expresó Garrido.
El plan lo que pretende es proveer avales para respaldar a empresas o personas con proyectos productivos, que requieran crédito en las instituciones financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Los préstamos pueden ser en colones o dólares.
Un aval se genera por un tercero que responde ante la entidad financiera cuando el deudor no puede pagar.
La idea es evitar que las empresas cierren y que se genere más desempleo.
Según comentó la ministra, la tarde de este jueves 5 de noviembre, se reuniría con personeros de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.
En el encuentro, se buscarán alternativas para corregir el nuevo texto sustitutivo.
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Sectores interesados
La ministra Garrido enfatizó que el proyecto es “una prioridad para prevenir las quiebras, para que se puedan reconvertir las empresas, para mitigar el efecto económico del covid y para ayudar a la recuperación”.
Justo este jueves, en la cuarta jornada de la mesa de diálogo multisectorial convocada por el Ejecutivo para buscar una salida a la crisis fiscal del país, el asunto del fondo de avales cobró especial relevancia.
Los sectores, principalmente los empresariales, se mostraron interesados en llegar a acuerdos para llevar a buen término la propuesta.
La propuesta del fondo de avales consta de dos proyectos de ley. Uno uno es el crédito por $300 millones (¢180.000 millones) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); el otro es el que permitiría materializar el fideicomiso, describiendo cómo se administraría ese patrimonio.
“Este último, propiamente, es el que dice cómo se administraría ese fideicomiso y cómo funcionaría el fondo de avales que estaríamos creando. Ese es el que estamos terminando de pulir”, concluyó Garrido.
Más críticas de la Contraloría
La CGR también criticó que, en la exposición de motivos, el proyecto no detalla “sobre la fuente de financiamiento que utilizará el Ministerio de Hacienda para financiar el monto de ¢180.000 millones que se destinarán a constituir el patrimonio inicial del fideicomiso, así como para pagar los intereses por las inversiones que se realicen con esos recursos”.
Sobre ese particular, el órgano contralor recomendó a los diputados recolectar la información necesaria para conocer la fuente de los recursos y los efectos que el plan tendrá en el Presupuesto Nacional, así como claridad sobre los beneficios esperados.
La Contraloría también sugirió al Congreso considerar los riesgos para los fondos públicos que representa una operación de avales por parte del gobierno.
Entre las principales observaciones, el proyecto delega la determinación de condiciones para el otorgamiento de créditos en cada fideicomisario (entidades financieras beneficiadas), por lo que la CGR recomendó definir parámetros “objetivos, imparciales y comprobables” que justifiquen la transferencia del dinero, según la afectación a los negocios por la pandemia.
