EscucharLa ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, descartó que el Gobierno vaya a investigar posibles responsabilidades de funcionarios públicos en la gestión del contrato adjudicado al empresario Christian Bulgarelli Rojas, para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, con $405.000 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Bulgarelli elaboró los requisitos, de manera que se adaptaran a su empresa RMC La Productora S. A. —conocida como Nocaut—, y luego ganó la licitación pública del BCIE. La jerarca indicó que la Dirección de Comunicación de Presidencia, en ese momento a cargo de Armando Gómez Ordóñez, era la responsable de supervisar los términos de referencia.
Díaz alegó que ya existe un proceso en la Fiscalía General sobre el tema y una investigación interna en el BCIE, la cual recientemente concluyó que Bulgarelli “pudo haber incurrido en prácticas prohibidas de fraude y colusión”.
Adujo además que los fondos asignados para esa contratación no son públicos y, por lo tanto, no le aplica la normativa nacional, ya que la entidad financiera contrató directamente a Bulgarelli por medio de un concurso internacional.
Añadió que los dineros donados por el Banco nunca ingresaron al Presupuesto Nacional de la República. El gobierno de Rodrigo Chaves optó por el mismo esquema que usó Óscar Arias Sánchez (2006-2010): ejecutar los fondos por medio de un ente externo, fuera de los controles de transparencia del sector público.
Durante el mandato de Laura Chinchilla (2010-2014) el manejo fue diferente. Los recursos fueron depositados en el presupuesto de la Presidencia, con lo cual, las contrataciones sí estuvieron sujetas a las normas de control público.
Díaz fue cuestionada este lunes sobre el tema, durante una comparecencia ante la comisión que investiga los contratos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y la donación del BCIE que incluyó otros rubros y ascendió a $1 millón.
Ada Acuña: ‘No hubo un manejo transparente de la contratación’
La diputada oficialista Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), le preguntó a la ministra, si el BCIE era el encargado de revisar el proceso de contratación, porque “es el que se está viendo afectado”, en vista que “no hubo un manejo transparente” en la contratación de Bulgarelli.
A lo que Díaz contestó afirmativamente y que por eso la entidad comunicó el pasado 22 de febrero, que el productor audiovisual “pudo haber incurrido en prácticas prohibidas de fraude y colusión” en la obtención del contrato.
Estos resultados fueron criticados por el expresidente del BCIE, Dante Mossi, quien explicó a La Nación que la entidad financiera tuvo que haber escuchado previamente al empresario, para, entre otras cosas, determinar si fue instruido para actuar de la manera en que lo hizo.
Igualmente, precisó que el BCIE no recibe términos de referencia de ningún privado, sino que deben venir directamente del gobierno beneficiario de la donación.
Los diputados Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); y Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), expresaron su desacuerdo con la postura tomada por la jerarca y cuestionaron la “resistencia” del Gobierno a iniciar una investigación sobre el tema.
