El Poder Ejecutivo discute con instituciones un texto sustitutivo para el proyecto de ley que autorizaría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a condonar las deudas de trabajadores independientes y patronos con la seguridad social.

El diálogo lo confirmó la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, quien añadió que los acercamientos incluyen al legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, proponente de la iniciativa.

Sin ampliar detalles, Dinarte confirmó que su cartera coordina un trabajo con Muñoz, la CCSS y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) “para alcanzar una propuesta de texto sustitutivo al proyecto 21.522″.

Según el diputado, la idea es generar una nueva propuesta que enfatice el beneficio de la amnistía en los trabajadores independientes.

La redacción actual del expediente, dictaminado en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, autorizaría a la Caja a condonar deudas a trabajadores independientes por multas, sanciones e intereses de las cuotas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de los últimos cuatro años.

A los patronos, se les liberaría del pago solo de multas, sanciones e intereses por los aportes al IVM, SEM y lo correspondiente a la Ley de protección al trabajador.

Además, a los patronos les condonaría el principal, multas, recargos e intereses correspondientes sobre deudas con el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular.

Donde no habría perdón es en las obligaciones con el Instituto Nacional de Seguros (INS).

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Eventuales cambios

Sin embargo, la discusión que lidera el Ministerio de la Presidencia podría traer grandes ajustes a la versión dictaminada en comisión el pasado 3 de noviembre, dijo Muñoz, al confirmar las conversaciones sobre la propuesta que está sobre la mesa.

A los independientes, detalló, se les perdonaría el principal adeudado por cuotas del IVM y del SEM, además de multas, recargos e intereses, a diferencia del plan dictaminado que no incluía el principal.

El beneficio para ellos sería por el saldo total a la fecha en que entre en rigor la iniciativa, no por cuatro años como lo establece la redacción vigente, siempre que cumplan con las regulaciones de la ley, explicó el socialcristiano.

Muñoz aclaró que las cuotas al IVM que sean condonadas a estos trabajadores no generarán derechos y beneficios individuales relacionados con estas.

Para los patronos, continuó el socialcristiano, en los aportes al Fodesaf, INA, IMAS y Banco Popular, se les liberaría los adeudos por el principal, multas, recargos e intereses.

En el caso del IVM, SEM y lo correspondiente a la Ley de protección al trabajador, la condonación solo sería por multas, recargos e intereses, sin perdonar el principal.

El presidente de la Comisión de Económicos, Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), dice que no ha sido parte de estas últimas conversaciones, pero adelantó que apoyaría los cambios. “Lo sigo apoyando, creo que es necesario en las circunstancias actuales. Habría que ver si se logra un acuerdo en el plenario para poder agilizarlo”, comentó.

La tarde de este lunes, la ministra de la Presidencia confirmó que, a partir de un primer texto presentado por Muñoz, se abrió un espacio de trabajo en la mesa interinstitucional.

Dinarte añadió que esa labor identificó observaciones planteadas por la Junta Directiva de la Caja en la comisión de Económicos.

La idea, continuó la jerarca, era “buscar cómo solventar las observaciones que tenía la institución y, también, poder trasladarlas los planteamientos del diputado (Muñoz) a la Junta para que las conocieran”, expresó.

Finalmente, Dinarte dijo que un borrador de texto sustitutivo con los cambios adelantados por Muñoz se envió a la CCSS para su estudio.

Por su parte, ante una consulta de este medio, la Caja dijo: “Se generó un espacio de trabajo interinstitucional (CCSS, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Presidencia y el legislador proponente) para buscar cómo solventar las observaciones que tenía la institución y, también, poder trasladarlas los planteamientos del diputado a la Junta Directiva de la Caja para que las conocieran”.

Actualmente, los patronos deben pagar un 26,5% de cargas patronales sobre el salario de cada trabajador.

De ese total, un 9,25% va a financiar al SEM, un 5,25% al IVM, otro 3,75% a las pensiones complementarias de los trabajadores y el fondo de capitalización laboral establecidos por la Ley de protección al trabajador.

El restante 8,25%, un 5% va al Fodesaf, un 1,5% al INA, un 1% al INS, un 0,5% al IMAS y un 0,25% al Banco Popular.

Respetaría autonomía de la CCSS

La idea es que la nueva propuesta dejaría claro que la ley es una autorización a la Caja, no una obligación de cumplirla.

De esa forma se respetaría su autonomía establecida en la Constitución Política, según añadió Muñoz.

“Ese concepto no queda claro en el dictaminado. Será voluntad de su Junta Directiva aplicarla. Si la Caja decide dar una amnistía a un patrono o trabajador, deberá hacerlo en igualdad de condiciones para todos, según lo que regule la ley. Si decide que no, no lo haría para nadie”, comentó el socialcristiano.

Más ajustes

Sobre otros ajustes, el socialcristiano aseveró que el nuevo texto mejora la redacción de los requisitos, aunque mantiene el plazo de un año, como el plan dictaminado, para regularizarse.

No obstante, según dijo, deberá existir una solicitud expresa del patrono o trabajador independiente para acogerse a la condonación.

Si existe un proceso de cobro administrativo que no está en firme, los beneficiarios podrán hacer la transición. Si tienen abierto un proceso de cobro judicial que tampoco esté en firme, deberán pagar a la CCSS los costos de ese trámite para acogerse al beneficio.

Muñoz hizo hincapié en que estas propuestas están siendo consultadas con la CCSS y el MTSS y dependerá de la voluntad de la Junta Directiva de la Caja si se llega un acuerdo con el texto y, posteriormente, si lo implementa.

De acuerdo con Muñoz, la iniciativa sería un incentivo para la formalidad del empleo y, al mismo tiempo, para generar ingresos frescos a la seguridad social, aunque reconoció que aún no hay estimaciones sobre esos eventuales efectos.

Al cuarto trimestre del 2020, el 45% de la fuerza de trabajo del país trabajaba en la informalidad, sin seguro y sin cotizar para una pensión, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

A la versión dictaminada en la comisión de Económicos aún le restan dos días de revisión en la misma comisión, para que luego pase al trámite en el plenario, en caso de que avance.

Esa redacción ya contiene otros ajustes, como la eliminación de la palabra amnistía para referirse a la condonación.

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea señaló que el primer término es de naturaleza penal y no debe de usarse en materia tributaria.

El Gobierno mantiene el expediente en la convocatoria del periodo de sesiones extraordinarias, al tiempo que trata de consensuar el nuevo texto.

Deudores

De acuerdo con la CCSS, a marzo de este año, 132.751 patronos y trabajadores independientes activos adeudan a marzo 2021, la suma de ¢338.380 millones.

De esa cifra, ¢95.084 millones provienen la morosidad patronal de 15.546 empleadores activos.

Los ¢243.296 millones restantes corresponden a deudas de 117.205 trabajadores independientes.

Esos montos no incluyen deudas de 1 a 30 días, ni intereses, dijo la Caja.