Jiménez recordó que la propuesta preliminar contemplaba cuatro temas: Ciudad Gobierno, la venta del Banco de Costa Rica (BCR), la reforma a la ley de generación eléctrica y el cierre de la Defensoría.

Según explicó el abogado a La Nación, él conoció el planteamiento informalmente de la mano del presidente Rodrigo Chaves, durante una visita que efectuó a Casa Presidencial por invitación de Natalia Díaz, hoy exministra de la Presidencia. Ahí, el mandatario le comentó los temas que el Poder Ejecutivo había evaluado.

El encuentro se realizó en Zapote a finales de abril, cuando Jiménez acudió a recoger la documentación relacionada con el proyecto de ley del Ejecutivo para reformar el artículo 67 de la Ley de Contratación Pública, plan que expuso ante la Asamblea Legislativa para aclarar las consultas de los diputados sobre las implicaciones del proyecto.

“Él (Chaves) me comentó que se había manejado el tema del cierre de la Defensoría, pero me dijo que eso estaba desechado y yo dije que, definitivamente, a eso no le veía ninguna viabilidad”, recordó.

El abogado indicó que el presidente no le explicó las razones por las que se decidió dar marcha atrás con el cierre de la Defensoría, ni le detalló los motivos por lo que se pensó en llevarlo a referéndum.

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La propuesta para el cierre de la Defensoría fue revelada por el constitucionalista este martes 2 de julio en el programa radiofónico Hablando Claro, dirigido por la periodista Vilma Ibarra y transmitido por radio Columbia.

En ese espacio, el abogado explicó que la idea de cerrar esta institución constituía un retroceso en defensa de derechos, contrario a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Estaríamos en contra del ejercicio y las normas básicas del desarrollo del desenvolvimiento de la jurisprudencia de la Corte IDH, del principio de control de convencionalidad, que hay que interpretar la norma en el sentido extensivo y progresivo”, aseguró.

Jiménez declinó la invitación del Ejecutivo para integrar el grupo que participó en la propuesta final del referéndum, ya que consideró que la reducción de las potestades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República (CGR) era inviable desde el punto de vista legal.

El grupo asesor estuvo compuesto por el abogado y exdiputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth; el abogado, exdiputado y excontralor general, Álex Solís Fallas; los penalistas y exministros José Miguel Villalobos y Juan Diego Castro; así como el constitucionalista Fabián Volio y la exsubcontralora Sylvia Solís, quien es asesora de la diputada oficialista Pilar Cisneros.

Defensora rechaza idea

Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, criticó cualquier idea de debilitar la Defensoría e insistió en que la institución cuenta con el apoyo de la sociedad civil para proteger los derechos de las poblaciones vulnerables, labor que destacó como crucial para mantener un Estado transparente y democrático.

“No tenemos ninguna versión oficial que nos indique que existía el riesgo de incluir a la Defensoría en este proyecto que usted menciona; sin embargo, sería muy grave proponer el debilitamiento o cierre de un órgano de control de legalidad y defensor de los derechos de miles de personas que acuden, año tras año, a la institución, porque consideran que el Estado violenta sus derechos.

“La sola posibilidad de plantear una idea de esa naturaleza constituye una señal incorrecta en el fortalecimiento de nuestra democracia, ya que debilitaría los órganos que realizan control sobre las actuaciones de las instituciones y la defensa de la dignidad de todas las personas”, expresó la jerarca.

Para esta nota, se solicitó la reacción de Casa Presidencial; sin embargo, no se contó con una respuesta al momento de publicación.

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