Lejos de frenar su expansión, el Gobierno aumentó los gastos en casi ¢1 billón (un millón de millones), mucho más de lo que ahora pretende recaudar creando nuevos impuestos, para evitar una crisis fiscal.
Entre el 2014 y el 2015, esta administración subió el gasto en ¢940.000 millones, casi un 60% más de los ¢600.000 millones que el presidente Luis Guillermo Solís urge a los diputados llevar a las arcas públicas mediante reformas a los impuestos de ventas y renta.
Los gastos del Ejecutivo crecieron entre un 8,5% y un 10% en cada uno de esos años, a pesar de las bajas tasas de inflación que tenía la economía nacional, que fueron de 5,13% y -0,81%, respectivamente.
De acuerdo con reportes del propio Ministerio de Hacienda, al tiempo que la administración Solís cerró estos periodos con un incremento de casi ¢1 billón, los ingresos por recaudación de impuestos crecieron en ¢643.000 millones.
Es decir, entre los ingresos y los gastos gubernamentales, hubo una diferencia negativa de ¢400.000 millones.
En el primero de sus años, Solís administró un presupuesto heredado por Laura Chinchilla y, en el segundo, uno propio. Este último desató críticas entre los diputados de oposición por su alto crecimiento.
Como resultado, en el 2014, los egresos crecieron en ¢415.000 millones y en el 2015, en mucho más: ¢523.000 millones.
En cuestión de dos años, Solís pasó el gasto de ¢4,9 billones a poco más de ¢5,8 billones.
¿En qué? Dos terceras partes de ese incremento recayeron sobre los salarios públicos y las transferencias a instituciones públicas, que en buena parte financian las pensiones, según Hacienda.
Édgar Ayales, exministro de Hacienda, aseguró que esas transferencias también pagan salarios y pluses en entidades descentralizadas.
Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica (UCR), una de las que reciben transferencias, se discute el fuerte peso que tiene el pago de anualidades, de un 5,5% en este momento.
El crecimiento en los salarios y los aportes a instituciones fue cinco veces superior al que invirtió el Gobierno en obras públicas y compra de activos.
Aunque Hacienda confirmó el incremento de casi ¢1 billón en los egresos, intenta encontrar razones lógicas para explicar el crecimiento.
Marjorie Morera, directora de Presupuesto Nacional, reconoció que la carga financiera se agravó con el aumento salarial otorgado en el segundo semestre del 2014 porque, al ajustar los sueldos base de los empleados del Gobierno central, también crecieron porcentualmente los pluses salariales.
Esa lista de beneficios es extensa e incluye pagos extra por anualidades, carrera profesional, prohibición para ejercer la profesión liberalmente o dedicación exclusiva, entre otros.
El aumento del segundo semestre del 2014 fue el primero que le tocó negociar a Solís. En ese momento, la administración acordó subir el salario de los burócratas entre un 4% y un 5,1%, según la categoría.
Solo esa alza le demandó unos ¢62.000 millones anuales al erario, en adelante.
Sin embargo, Morera justificó el aumento con el alegato de que el Gobierno se apegó a un acuerdo que data del 2007, el cual obliga a ajustar los sueldos según el costo de la vida.
En ese semestre, la inflación tuvo una variación interanual de un 5,14%.
“En este caso, no se puede decir que el Gobierno incurrió en una desproporción”, justificó la directora de Presupuesto.
Para los siguientes ajustes semestrales, Solís aplicó aumentos más bajos según la inflación.
En cuanto a las transferencias, en estas se incluye el incremento de ¢51.000 millones (un 14% adicional) que se le otorgó al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que se reparten las universidades públicas, en el 2015.
El ajuste en ese rubro estuvo muy por encima del aumento en el costo de la vida.
Alega herencia. El viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, afirmó que la administración del presidente Solís tuvo una mínima responsabilidad en este incremento del gasto.
Según Pacheco, el fenómeno es culpa del crecimiento vegetativo que tienen las partidas y de la “herencia” presupuestaria que recibieron del gobierno pasado.
El jerarca calculó que un 17% del incremento de ¢1 billón corresponde al pago de intereses de la deuda, un 42% al presupuesto para la educación pública, y un 15% a la transferencia para pagar pensiones, gasto que en el 2015 fue de ¢430.000 millones, un 18% del total de las transferencias corrientes de ese presupuesto.
“Hay una fuerza motora detrás de esto (el gasto). Las pensiones tienen vida propia (...). De cada ¢100 que se pagan por pensiones, ¢90 se financian con endeudamiento y ¢10 con cotizaciones”, alertó el viceministro.
Ayales, quien fue ministro de Hacienda entre el 2012 y el 2014, coincidió en que el gasto crece de forma automática, producto de diversas leyes. No obstante, lamentó que esta administración no haya tomado medidas para contener el crecimiento vegetativo, especialmente en salarios, pluses y pensiones.
Solís le dio continuidad a una tendencia de crecimiento en el gasto, experimentada desde el 2006, con Óscar Arias.
Arias aumentó el gasto público en más de medio billón de colones. En su administración, además de desencadenar una ola de ajustes salariales, se pusieron en práctica el Plan Escudo y el Plan Nacional de Alimentos que, básicamente, incrementaban el gasto público, para atenuar los efectos de la crisis económica mundial del 2008.
Luego, en el primer año del gobierno Chinchilla, el gasto creció ¢750.000 millones (21%). Al año siguiente, hubo un decrecimiento, pero en su último año, los egresos volvieron a crecer un 9%.
Los datos de este reportaje están calculados en colones de hoy. Es decir, las cifras de cada año fueron actualizadas de acuerdo con la inflación para que fuesen comparables unas con otras.
Pulso. La preocupación de Solís por la situación fiscal ha crecido conforme avanza su administración, al grado de que advirtió de posibles medidas “violentas”, pero la oposición y hasta diputados oficialistas le reclaman no haber tomado mayores medidas de contención de gasto y eliminación de beneficios.
El diputado Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC), criticó la política de gasto durante la primera mitad de este Gobierno.
Dijo que el mandatario Solís no aprobó la primera mitad del “curso” en este ámbito.
Empero, celebró los resultados financieros que presentó Hacienda en el primer trimestre del 2016, en el que el déficit creció menos (0,5% del producto interno bruto –PIB–) con respecto al 2015 y hubo, por primera vez desde el 2012, superávit primario (0,3% del PIB).
La estimación del Banco Central de Costa Rica es que al finalizar el 2016, el déficit fiscal llegará a un 6,2% del PIB, es decir, que al Ejecutivo le faltarían ¢1,8 billones para cubrir sus egresos.