El Gobierno está incumpliendo el tope de crecimiento al gasto público establecido por la regla fiscal para el 2022, advirtió la Contraloría General de la República en un informe dado a conocer este jueves. La razón de esta situación es un decreto firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
El decreto, emitido a principios del pasado mes de julio, modificó la forma de verificar el cumplimiento de la regla fiscal. Introdujo un método que permite al Poder Ejecutivo gastar más.
“Se puede determinar que el Presupuesto de la República presenta un incremento del 3,07% (¢231.058 millones) en el gasto corriente y del 11,61% (¢926.584 millones) en el gasto total, ambos por encima del límite del 1,96% (¢156.361 millones)”, expuso este jueves el criterio de la Contraloría, horas antes de que el Ministerio de Hacienda presentara el proyecto de presupuesto ordinario del 2023.
El decreto ejecutivo 43589-H estableció que el cumplimiento de la regla fiscal se verificará comparando el presupuesto final del 2022, incluidos los ajustes por los presupuestos extraordinarios que se aprueben a lo largo del año, con el presupuesto inicial del 2021.
Esa modificación sustituyó la anterior forma de cálculo que establecía una verificación comparando el gasto realmente ejecutado en un año con la ejecución del año anterior.
Para el año 2021, los diputados aprobaron un gasto corriente de ¢7.97 billones (sin incluir el pago de amortización de la deuda pública). En tanto, para este año, el Congreso aprobó ¢8,74 billones, monto que aumentaría con la inclusión de dos presupuestos extraordinarios ya aprobados y de saldos disponibles de créditos externos.
Al considerar el cambio establecido en el decreto, la Contraloría concluyó que el Presupuesto de la República del 2022 ya supera, en forma automática, el crecimiento máximo establecido por la regla fiscal de 1,96%.
Con la normativa anterior, el incremento en el gasto corriente del 2,09% inicialmente autorizado “no necesariamente implicaba un exceso sobre el límite máximo de la regla fiscal, de modo que el Poder Ejecutivo podía haber ajustado la ejecución según fuera necesario durante el año, y concluir el período presupuestario cumpliendo los parámetros de crecimiento permitidos”, dice la CGR.
“Sin embargo, con la publicación del decreto ejecutivo 43589-H, el presupuesto de la República pasa a superar el límite máximo de la regla fiscal en forma automática”, insiste el informe.
La regla fiscal es un mecanismo legal que le fija un techo al crecimiento del gasto público de acuerdo con las condiciones fiscales y económicas del país. Conforme mayor sea la deuda y más ralentizada la economía, más estricto es el tope. Para el 2022, la norma activó un límite del 1,96%, porque Costa Rica está en un escenario delicado con una deuda pública que supera el 60% del producto interno bruto (PIB).
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Según una publicación anterior de este medio, el decreto de la regla fiscal permitiría al Gobierno aumentar el gasto en ¢412.000 millones durante el 2022 en comparación con el método de verificación anterior.
Hacienda pide revisar datos
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, afirmó que la intención del decreto es no se penalice la subejecución presupuestaria en las diversas instituciones cubiertas por el Presupuesto Nacional.
Sobre lo advertido por el órgano contralor, el ministro dijo que revisaría los datos para hacer el descargo respectivo. Sin embargo, pidió tomar en cuenta dos elementos sobre la aplicación de la regla fiscal al presupuesto 2022.
En primer instancia, dijo que la Asamblea Legislativa anterior aprobó un exceso de gasto corriente del 2,09% señalado por la Contraloría. “Así que, considero que ahí, al tener la bendición de los señores diputados, ese exceso no debería ser objeto de incumplimiento por parte de Hacienda”, descargó el jerarca.
Por otra parte, dijo que se debe analizar si el análisis contempla que los diputados eximieron de la regla fiscal los recursos del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y de otras instituciones.
El presupuesto inicial de Fodesaf era de ¢628.849 millones, pero, con la exclusión, pasó a ¢691.183 millones.
“Acá lo necesario es que se haga ese ejercicio donde se compare el presupuesto 2021 ajustado con esos montos que están fuera de regla fiscal, con el presupuesto actual 2022 también ajustado, para comprobar si efectivamente nos estamos pasando del 1,96, tanto en gasto corriente como en gasto total”, sugirió el ministro.
28 instituciones también incumplen regla
El mismo informe de la CGR indica que, al 28 de julio anterior, 28 instituciones del sector público descentralizado también incumplían con el tope establecido por la regla fiscal, debido a las modificaciones del decreto de Chaves. El nombre de las entidades no aparece en el documento.
“Esto se relaciona con el hecho de que, con anterioridad a la emisión de este decreto, las instituciones habían realizado variaciones en su presupuesto, considerando que la regla fiscal se verificaba con el monto ejecutado, de modo que al entrar en vigor la modificación reglamentaria, estos presupuestos pasaron automáticamente a exceder el límite de crecimiento de 1,96% establecido con la regla fiscal”, señaló la Contraloría.
Ante esta situación, añade el informe, las entidades que superan el límite permitido se verían imposibilitadas de incrementar su presupuesto mediante nuevos presupuestos extraordinarios.
“Por el contrario, deberán realizar los ajustes que les permitan rebajar el presupuesto aprobado a la fecha, ya que si bien se encuentran por encima del límite establecido, esto no implica necesariamente un incumplimiento de la regla fiscal a la fecha, pues es posible arribar a esa conclusión hasta que finalice el ejercicio económico”, advirtió el ente contralor.