EscucharEl gobierno no incluyó fondos para financiar la organización de un referéndum en el Presupuesto Nacional del 2024. Celebrar una consulta de este tipo cuesta aproximadamente ¢3.000 millones, de acuerdo con estimaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, afirmó que el Poder Ejecutivo incluirá los fondos en el plan de gastos del 2025, pero, de ser necesario hacerlo antes, presentaría una solicitud de presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa.
El jerarca negó que la consulta se vaya a financiar con emisión de deuda pública. Aseguro que se haría una redistribución de recursos asignados a otras partidas.
El presupuesto extraordinario no se ha elaborado porque existe un proceso previo antes de que se convoque a referendo, aclaró Nogui Acosta.
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El miércoles pasado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció su intención de someter a consulta popular un proyecto de ley para debilitar las potestades de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la contratación pública. La iniciativa, denominada “ley jaguar”, impediría a la CGR revisar la legalidad de los procesos de compra en el Estado o detener actos cuando encuentre irregularidades.
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Andrei Cambronero, vocero del TSE, agregó que, en caso de que el referéndum se celebre en el 2025, la Dirección Ejecutiva del Tribunal ya está previendo la inclusión de los fondos en el proyecto de presupuesto que se debe enviar al Ministerio de Hacienda, el cual a su vez remite el plan de gastos a la Asamblea Legislativa.
El Poder Ejecutivo apuesta a dos vías para que se efectúe el referendo. Por un lado, Chaves solicitó ayuda a los diputados para que, en conjunto con el gobierno, convoquen a la consulta popular. Para ello, se requiere de al menos 29 votos.
La otra opción es la iniciativa popular, para lo cual el TSE debe autorizar primero la recolección de firmas. Es necesario el apoyo de unas 180.000 personas, equivalentes al 5% del padrón electoral. El esposo de la diputada Pilar Cisneros, Édgar Espinoza, presentó una solicitud al Tribunal para iniciar este proceso.
*Colaboró el periodista Josué Bravo
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La organización de un referéndum cuesta alrededor de ¢3.000 millones. Foto: (Albert Marín)
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