A partir de este lunes 1.° de noviembre, los diputados estarán obligados a dictaminar positiva o negativamente las reformas de impuestos incluidas en el acuerdo de ajuste fiscal alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de haber evadido la discusión durante nueve meses.
Así ocurrirá porque, ese día, el Gobierno asume el control de la agenda del Congreso por un periodo de tres meses, según lo establece la Constitución Política. Casa Presidencial envió este jueves el listado de proyectos por discutir.
El decreto de convocatoria incluye los planes de renta global, impuesto a casas de lujo, eliminación de exoneraciones fiscales como la del salario escolar, aporte de empresas públicas a la deuda y reforma a la Ley de Aduanas.
En vista de que los diputados dejaron expirar los plazos de discusión de la mayoría de estos proyectos, en las tres comisiones dictaminadoras les cayó el mecanismo legislativo conocido como “guillotina legislativa”.
Esto significa que, al entrar en la agenda, las comisiones de Hacendarios, Jurídicos y Económicos tendrán que ver los textos en sus próximas sesiones y, sin discusión, votar todas las mociones que estén pendientes. Luego, en la próxima sesión, tendrán que dictaminar de inmediato recomendando al plenario la aprobación o reprobación de cada plan.
Durante las sesiones ordinarias, los diputados evitaron poner estos planes en agenda, lo que les permitió postergar su discusión hasta que vencieran los plazos.
El único proyecto del acuerdo con el Fondo que no entró en la convocatoria del Poder Ejecutivo es el impuesto a los premios de las loterías, expediente 22.354.
Tanto la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, como el de Hacienda, Elian Villegas, negaron que el Gobierno desista de este proyecto. La primera dijo que, por ahora, es fundamental concretar iniciativas que tienen mayor convergencia.
“Comprendiendo que es vital apoyar el trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se valora pertinente priorizar en primera instancia los otros dos proyectos convocados (eliminación de exoneraciones y casas de lujo)”, dijo Dinarte.
Villegas agregó que no se trata de desistir, sino de definir qué es más viable y darle prioridad a ello, porque en el proceso de ajuste fiscal se debe avanzar lo más rápido posible con la agenda, que tiene otros planes más viables.
“En esa comisión, el menos viable y con más objeciones es ese proyecto, precisamente”, dijo.
También, entró en la convocatoria del Ejecutivo el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, para el ordenamiento de la contratación de funcionarios y su remuneración, que se votará luego de que se corrijan los vicios constitucionales encontrados en el expediente.
La lista también tiene el expediente 22.144, para la creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías, el cual otorgaría garantías bancarias a empresas afectadas por la pandemia. Asimismo, se incluye el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción y puesta en operación del tren rápido de pasajeros en la Gran Área Metropolitana.
Además, aparece un proyecto para reducir el precio de gas licuado de petróleo mediante una rebaja en el impuesto que se le cobra a ese combustible. Por último, están en la lista el Presupuesto Nacional del 2022 y los presupuestos extraordinarios sétimo y octavo de este 2021.
Igualmente se incluye en la convocatoria el proyecto para declarar a Costa Rica libre de exploración y explotación de petróleo y gas natural.
La ministra de la Presidencia aseguró que la convocatoria enviada al Congreso “significa un esfuerzo conjunto, hoy más que nunca”, ante el “enorme desafío de lograr la estabilidad fiscal del país”.
“Tendremos una agenda enfocada no solo en lograr la estabilidad fiscal del país, sino también en generar mejores condiciones para la parte productiva y las personas. Es un desafío conjunto entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo”, dijo Geannina Dinarte, y lanzó una invitación a los diputados para reforzar esa coordinación.
PUSC satisfecho, Restauración no
El jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Abarca, dijo que la agenda está nutrida y consideró positivo que se vayan a mantener las comisiones activas.
“Va a implicar que exista una negociación más abierta sobre los proyectos y que permita avanzar con más celeridad. Hay como una complacencia a las fracciones, mas no de proyectos que vayan a ser de fácil aprobación. De manera que este primer acercamiento me parece que es un mensaje de buena voluntad y, después, esperaría que se puedan especializar algunos temas para que avancen más rápido”, comentó Abarca.
En la lista de proyectos que la Unidad le pidió a Zapote convocar están el de comercio al aire libre, el plan para limitar la reelección de alcaldes, la iniciativa para evitar el adelanto del pago del IVA en ventas a crédito y la eliminación del aporte de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) al fondo de ahorro de los trabajadores.
La iniciativa del PUSC que sí fue incluida en la agenda es el plan de promoción e implementación de la economía de hidrógeno verde.
En cambio, el jefe de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank, declaró que a la convocatoria “le falta precisión”.
“La amplitud de esa convocatoria hace que uno no pueda determinar cuál es la ruta que el Gobierno quiere seguir. Uno pensaría que debería buscar la reactivación económica y sacar adelante algunos proyectos inherentes a las negociaciones que tiene con el FMI, pero no demuestra esa claridad”, dijo.
La Nación procuró una reacción de María José Corrales, jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), pero no fue posible.