EscucharEl gobierno de Rodrigo Chaves incrementó en $105.800 el cuestionado contrato de servicios de comunicación, del empresario Christian Bulgarelli, con dinero que estaba reservado para generar una propuesta que resolviera el problema de las pensiones de lujo.
Del $1 millón que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donó al Poder Ejecutivo en su primer año de labores, la Casa Presidencial había reservado $150.000 para contratar cuatro consultores que atendieran la problemática de las jubilaciones que corren por cuenta del Estado.
El 18 de julio del 2022 así lo reveló el BCIE en conferencia de prensa y, luego, el16 de agosto de ese año, al celebrar un acto por sus 100 días de gobierno, Chaves anunció el envío de una “consulta de constitucionalidad” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con el fin de eliminar las pensiones de lujo.
Las cuatro adjudicaciones de los consultores se hicieron en noviembre del 2022.
“Sin embargo, debido a retrasos en la obtención de información necesaria para la entrega de los productos contractualmente establecidos, no se pudo iniciar con tres contratos y se procedió a finiquitarlos de común acuerdo”, precisó el BCIE ante una consulta de este diario.
Al final, Zapote solo contrató al jurista Carlos Ayala, a quien le desembolsó $40.000. Los hallazgos del trabajo contratado y realizado, según el banco, son confidenciales.
En forma paralela, el gobierno pidió al BCIE subir de $300.000 a $405.800 el monto del contrato de Bulgarelli, con el cual se hacían estudios de opinión (trackings) y videos.
La firma de este productor audiovisual, Nocaut, ganó el contrato en octubre del 2022 luego de que él mismo redactó los términos de referencia del concurso que Presidencia entregó al banco.
Del dinero restante para atender la problemática de las pensiones de lujo, $4.200 fueron reenviados al proyecto de “mejoras en las condiciones de salubridad de Casa Presidencial”, así como otros $40.400 que no se utilizaron en la partida de $300.000 para el “fortalecimiento del sistema de ciberseguridad”.
En un principio, Presidencia distribuyó el $1 millón en cuatro contratos. Bulgarelli solo participó en el de comunicación.
- $150.000: Análisis y elaboración de una propuesta para remediar la problemática de las pensiones de lujo.
- $300.000: Creación de una estrategia integral de comunicación para el Gobierno de la República.
- $300.000: Fortalecimiento del sistema de ciberseguridad.
- $200.000: Mejoras en las condiciones de salubridad de Casa Presidencial.
- $50.000: Cargo por Supervisión y Auditoría (5%).
En campaña electoral, el ahora presidente Chaves ofreció llevar el tema de las pensiones de lujo a referendo. Ese planteamiento implicaría limitar las potestades de los magistrados de la Sala IV en el análisis de la constitucionalidad de las reformas de pensiones. No obstante, el artículo 105 de la Constitución Política prohíbe realizar referendos sobre materia de pensiones.
El 18 de julio del 2022, cuando Chaves ya era gobernante, en el entonces presidente del BCIE, Dante Mossi, confirmó que el gobierno de Costa Rica quería pagar, con el dinero que dona el banco, un estudio jurídico para entender cómo atender el tema de las pensiones de lujo. La intención era “hacer un estudio jurídico de potenciales planes de acción”, agregó Mossi.
