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El Gobierno quiere que los diputados le autoricen un endeudamiento de ¢6.000 millones para financiar las operaciones de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en vista de la severa crisis financiera que vive esta empresa estatal.
La Presidencia de la República alega que los recursos son necesarios para atender los extremos salariales derivados del proceso de reestructuración de Japdeva, así como dar continuidad a la prestación de servicios.
Sin embargo, el dinero sería usado en su mayoría para gasto corriente, sin detallar despidos.
¢4.000 millones se destinarían al pago de remuneraciones y contribuciones sociales de la operación regular de la institución estatal.
Los ¢2.000 millones restantes se usarían para el pago de cesantías, preaviso, aguinaldo, vacaciones y bonos de transformación para aquellos trabajadores que se acogieron a la movilidad laboral.
Así lo expone la justificación del octavo presupuesto extraordinario del 2021, enviado este miércoles a la Asamblea Legislativa, donde el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, piden autorización para el endeudamiento mediante colocación de bonos de deuda pública.
“Japdeva requiere la incorporación de estas sumas para ser utilizados en gasto corriente, con el fin de mantener su operación, así como profundizar el proceso de elaboración e implementación de reestructuración institucional”, dice la iniciativa.
Presidencia agrega que los recursos fueron solicitados a finales del mes de agosto por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), luego de que Japdeva sufriera una caída en sus ingresos desde hace tres años, debido a la disminución de la carga.
Por ejemplo, en el periodo 2018-2019, los ingresos de la entidad portuaria se redujeron en un 60%.
“La caída que presentan los ingresos no ha podido ser saldada con nuevos negocios, pese a los esfuerzos realizados por Japdeva por generarlos, por lo que se solicita la adición de nuevos recursos para apalancar el hueco financiero agravado por los fenómenos expuestos”, asegura el proyecto de presupuesto extraordinario.
Añade que, al mismo tiempo, la institución retomaría el proceso de disminución de planilla, reducción de gasto y búsqueda de nuevas fuentes de negocios.
En junio pasado, la administración de la empresa estatal advirtió de que no podría hacer frente a todas sus obligaciones entre setiembre y octubre.
“El punto de inflexión de Japdeva es en tres o cuatro meses, donde debemos definir si podemos llevar hasta un nivel aceptable la restructuración, con todo lo que tuvimos que enfrentar, o si se deben tomar medidas más drásticas”, afirmó Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la Junta.
En junio, Japdeva tenían un déficit mensual superior a los ¢700 millones. Sus ingresos rondaban los ¢730 millones mensuales, pero sus gastos entre salarios, operaciones, deudas y demandas laborales alcanzaban hasta ¢1.500 millones.
Ante la caída de ingresos, los diputados aprobaron recursos por ¢49.000 millones con el propósito de que la institución adelgazara su planilla y lograra la estabilidad financiera.
Andrea Centeno atribuye el fracaso del proceso de saneamiento económico a una demanda laboral interpuesta por el Sindicatos de Trabajadores de Japdeva (Sintrajab), la cual provocó un congelamiento de las cuentas por un año.
Debido a la falta de recursos para pagar las prestaciones, la entidad tuvo que paralizar los recortes de personal.
