EscucharEl Gobierno solicitó este martes a los diputados autorización para endeudarse en los próximos cinco años por $6.000 millones mediante la colocación de eurobonos en el mercado internacional y, de una vez, requirió permiso para endeudarse por otros $6.000 millones para pagar los primeros bonos cuando estos venzan.
Así, en realidad, el endeudamiento requerido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa asciende a $12.000 millones por un plazo mínimo de 10 años, solo en eurobonos.
La aclaración la hizo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos.
Acosta explicó que el plan consiste en colocar cuatro emisiones de eurobonos de $1.500 millones entre los años 2022 y 2027, a fin de conseguir financiamiento con mejores tasas que en el mercado local.
Luego, para pagar estas colocaciones a los acreedores, el proyecto prevé autorización para efectuar otras cuatro emisiones de $1.500 millones cada una cuando se aproximen las fechas de vencimiento.
“En los términos actuales del proyecto la autorización sería por $12.000 millones”, le respondió el jerarca al diputado oficialista Waldo Agüero. “Creo que la Asamblea lo tiene que conocer”, agregó Nogui Acosta, quien explicó que lo ideal sería colocar cada emisión de eurobonos de $1.500 millones con plazos de pago de cinco años como mínimo.
El texto propuesto en el artículo 2 que autoriza la recolocación dice así: “Queda autorizada la colocación de cuatro emisiones por el mismo monto de las cuatro indicadas en los incisos anteriores, que serán utilizadas para el repago de estas y que deberán ser colocadas en el plazo que va de los nueve meses antes y hasta la fecha de vencimiento de cada una de las emisiones correspondientes”.
El proyecto también contempla otra autorización por $500 millones anuales, por un periodo de cuatro años, para que el Gobierno adquiera créditos con bancos locales u organismos multilaterales. Cada autorización sería una línea de rédito que se colocaría a un plazo no mayor de 1 año.
En total, se trata $2.000 millones en cuatro años. Entonces, el proyecto incluye un financiamiento total por $14.000 millones.
“Es muy normal, no solo a nivel de Gobierno, sino de empresas, tener líneas de créditos con los bancos para hacer frente a necesidades puntuales de liquidez”, explicó Acosta sobre la solicitud de $500 millones anuales.
Argumentos para colocar deuda
En general, el ministro les argumentó a los diputados las razones por las que el Gobierno debe recurrir al endeudamiento externo por medio de los eurobonos. Les recordó que el déficit fiscal promedió los 5,8% del producto interno bruto (PIB) del 2013 al 2021.
El año anterior, apuntó, alcanzó los ¢2 billones, lo que implica que ese faltante debe ser llenado con colocación de deuda, sea en el mercado interno, donde existen mayores tasas y menores plazos, o en el externo, donde la colocación generalmente es en mejores condiciones.
Del déficit registrado el año anterior, el 95% se dirigió al pago de intereses de la deuda pública que, al mismo periodo, rozó el umbral del 70% del PIB.
Solo para el 2022, el Gobierno Central requiere financiar nuevo endeudamiento por ¢3,9 billones. “Esto impide destinar más recursos a educación, infraestructura y salud”, lamentó el jerarca.
Acosta les dijo a los diputados que resulta fundamental mejorar el perfil de la deuda, es decir, colocarla a mayores plazos y con mejores tasas de interés. Por ello, planteó necesario que se aprueben los eurobonos, además de la línea de crédito anual por $500 millones.
Con esos recursos, añadió, el Gobierno afrontaría mejor las torres de vencimiento de deuda. Del 2022 al 2027, de acuerdo con la exposición de motivos del texto, se deben pagar $12.516 millones de deuda pública: $8.538 corresponden a la amortización mientras que $3.978 millones al pago por intereses.
Acosta les insistió a los legisladores en que, de no aprobarse esos recursos, se generaría una presión al alza de las tasas de interés locales y del tipo de cambio del dólar, lo que provocaría una disminución de las reservas del Banco Central de Costa Rica. Además, se provocaría mayor inflación, según advirtió.
Kattia Rivera, jefa de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), mostró preocupación porque, según interpretó, la redacción actual le da un cheque en blanco al Gobierno. “No obliga a que Hacienda presente reestructuración de la deuda”, señaló.
Su compañera de bancada, Montserrat Ruiz, preguntó por la agenda de acompañamiento por esta medida que considera paliativa. Acosta le respondió que este proyecto le daría espacio al sector privado para captar mayores créditos para inversión a mejores tasas.
María Marta Carballo, subjefa de bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)), le pidió al ministro medidas de contención del gasto, para reducir el endeudamiento, adicional a la aplicación de la regla fiscal que limita el crecimiento de los presupuestos nacionales y de leyes como la reforma al empleo público que generaría ahorros en el pago de remuneraciones.
Sofía Guillén, legisladora del Frente Amplio, pidió que la ruta de consolidación fiscal no sea la misma de la administración de Carlos Alvarado que, según recordó, incluyó un paquete de impuestos negociados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Acosta indicó que Hacienda se encuentra en revisión de las medidas dejada por su predecesor.
