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El Gobierno de Costa Rica invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a constatar el cumplimiento de las medidas de protección a las comunidades indígenas del territorio Salitre, las cuales fueron ordenadas por ese organismo internacional en el 2015.
La Cancillería informó de que Montserrat Solano, embajadora de Costa Rica ante la Organización de Estados Americanos (OEA), entregó este viernes la invitación para que una delegación de la Comisión visite el país y verifique si el Estado está brindando resguardo a las poblaciones bribris y telires que habitan en ese territorio del sur de Puntarenas.
Hace cuatro años, la CIDH giró medidas cautelares en favor de dichas comunidades debido a que, en el 2012, dos integrantes de la organización no gubernamental Forest Peoples Programme denunciaron hechos violentos en Salitre y solicitaron protección.
Así, desde mayo de 2015, el Estado está obligado a brindar atención especial en seguridad a los habitantes indígenas de Salitre, donde los conflictos por la tenencia de la tierra son violentos.
La invitación del Ejecutivo a la CIDH se extendió cuatro días después del asesinato del líder indígena Sergio Rojas, quien murió el lunes en la noche producto de un ataque con dos armas de fuego.
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El día siguiente al suceso, Alvarado ordenó dar protección a los familiares de Rojas. Asimismo, instruyó al Ministerio de Seguridad Pública para que refuerce la presencia policial en la zona.
Casa Presidencial también envío a Salitre a funcionarios de la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos del Ministerio de Justicia y del viceministerio de Diálogo.
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Salitre es un área de difícil acceso del cantón de Buenos Aires, en Puntarenas, que abarca 11.700 hectáreas y de donde son autóctonos grupos bribris y telires.
El espacio lo disputan grupos indígenas –a quienes la ley les da garantías– y finqueros no indígenas que aseguran tener derechos sobre parte de los territorios.
Para el 2015, se estimaba que los indígenas habían logrado recuperar el 75% de sus fincas; es decir, unas 9.525 hectáreas.
Esta semana, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) informó de que, como parte del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas, se ha completado el levantamiento topográfico de 12.000 hectáreas, correspondientes a 808 fincas de territorio indígena.
Además, se han realizado 1.852 censos en nueve de los 24 territorios indígenas que hay en el país.
