EscucharEl Gobierno propuso que las micro, pequeñas y medianas empresas paguen al Estado, por concepto de impuesto de renta, el 30% de las ganancias que obtengan al año.
Actualmente, estas compañías pagan de acuerdo con su nivel de utilidades, con una tabla escalonada que va desde 5% a 20%.
Si el proyecto de reforma a la Ley de Impuesto de Renta fuese aprobado, una compañía con utilidades anuales por ¢30 millones tendría que pagar ¢9 millones por tributo de renta, en lugar de los ¢4,7 millones actuales.
En el caso de una empresa con mayores ingresos, de ¢100 millones, pagaría ¢30 millones de renta en vez de ¢18,7 millones.
Las empresas con menores ingresos pagarían más porcentualmente. En el primer ejemplo, el aumento del monto tributario sería de casi un 100% y, en el segundo, de un 60%.
Hoy, solo pagan un 30% de impuesto de renta las empresas con ingresos superiores a ¢122 millones. La idea del gobierno es equiparar ese porcentaje para todas las personas jurídicas.
En el país, 26.000 firmas estaban registradas al 2021 como pequeñas y medianas empresas (pyme) ante el Ministerio de Economía. Entre todas, aportaban 34% del empleo privado formal con “más de 358.000″ trabajadores al 2019. De esas 26.000 pyme, el 83% calificaban como micro; 14% como pequeñas y 3% medianas.
La mayoría de ellas (57%) se dedicaba al sector servicios; 33% al comercio y 11% a la industria manufacturera.
Gobierno alega ‘enanismo fiscal’
El proyecto de ley 23.760 dice que se fijará una tarifa única, “con independencia de los ingresos brutos que haya tenido la persona jurídica, uniformándose así el tratamiento para este tipo de contribuyentes y eliminándose el enanismo fiscal que se ha dado en la actualidad, originado por la escala progresiva dispuesta para personas jurídicas”.
Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, explicó que la intención de una tasa plana del 30% es evitar “que una empresa tenga incentivos para dividirse y pagar una tasa impositiva menor”.
Eliécer Feinzaig, jefe de la bancada de seis diputados del Partido Liberal Progresista (PLP), alegó que aplicar una tasa plana para pequeñas, medianas y grandes empresas evidencia la “voracidad fiscal confiscatoria” del Gobierno. Además, dice el economista, les restaría competitividad a las pequeñas y medianas.
Sin embargo, el ministro Acosta sostiene que el cambio más bien nivelaría la cancha y no les pondría una limitación para crecer. “Pagar menos no es una limitante a la competitividad”, alegó.
El impuesto de renta no solo recaería sobre la persona jurídica. También, se cobraría a entes colectivos sin personalidad jurídica que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional, según el texto.
El plan agrega que, en la base imponible, se integrarían y compensarían todas las rentas obtenidas por la entidad contribuyente, “disminuidas por los costos y gastos deducibles, siempre que estos sean útiles, necesarios y pertinentes para la generación de ingresos gravables con este impuesto”.
La noche de este viernes, el ministro Acosta emitió un mensaje desde la Casa Presidencial en el cual negó que el interés del paquete de reformas sea recaudar más dinero. “¿Por qué no? Porque hoy estamos en una buena situación fiscal”. Y agregó: “No es un paquete para generarle más ingresos al gobierno, es un paquete para hacer más justo el sistema tributario”.
También dijo: “Es importante que el país sepa que la propuesta que estamos haciendo a la Asamblea Legislativa no tiene una connotación de recaudación. Estamos tratando de hacer un sistema más justo, más sencillo y más progresivo”.
Agregó que la intención es mejorar la gestión pues se le “pone dientes al Ministerio de Hacienda para que pueda cobrar los impuestos”.
Feinzaig, sin embargo, dice lo contrario. “Estamos bastante preocupados. Definitivamente, lo que nos han presentado es un paquete de impuestos con todas las de ley. De los proyectos se desprende el deseo, simplemente, de llevarle nuevos recursos al Estado sin que se perfile una hoja de ruta para el crecimiento de la economía, para la generación de oportunidades, para fomentar la creación de riqueza”.
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Rentas extraterritoriales
El impuesto de renta recaería sobre las rentas de fuente costarricense que perciban las personas jurídicas, incluyendo aquellas derivadas del ejercicio de una actividad económica, así como las rentas de capital y ganancias de capital, como inversiones en títulos valores, dividendos de acciones de empresas o alquileres de bienes inmuebles.
En estos últimos casos, por tratarse de rentas pasivas, también se pagaría impuesto por los rendimientos extraterritoriales, es decir, por las ganancias producto de inversiones hechas en el extranjero con fuente costarricense. Estas rentas serían gravadas independientemente de donde resida el pagador.
El Gobierno sostiene que esa medida excluiría al país de la lista negra de la Unión Europea, a la cual entró Costa Rica en febrero pasado porque su sistema tributario facilita la doble no imposición, es decir, que una persona no pague impuestos ni un país ni en otro.
Se contemplan, además, como gravables, los ingresos por diferencias cambiarias originadas por operaciones en moneda extranjera.
Para determinar si el arrendamiento de bienes inmuebles constituye una actividad económica, se considerará así únicamente cuando para el desarrollo de tal actividad se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral, indica el proyecto.
