EscucharEl gobierno presentó dos proyectos de ley sobre la la Ley General de Contratación Pública con el fin de construir Ciudad Gobierno sin necesidad de que su financiamiento cuente con la aprobación de los diputados, como se exige en los casos de endeudamiento externo.
La primera de las propuestas plantea una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de Ley General de Contratación Pública, para “esclarecer que el espíritu del legislador y el contenido de estas normas”, a fin de que no restrinjan el desarrollo de proyectos bajo mecanismos especiales en terrenos públicos.
La segunda iniciativa consiste en una reforma a la Ley General de Contratación Pública, en sus artículos 67 y 77, para que la normativa establezca que sí está permitido el desarrollo de este tipo de proyectos bajo mecanismos especiales en terrenos del Estado.
La administración Chaves defiende la posibilidad de que la construcción de Ciudad Gobierno se efectúe bajo una figura de arrendamiento operativo, que se encuentra regulada por el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, la cual no conlleva deuda.
Bajo la propuesta del Ejecutivo, la obra se pretende desarrollar sin concurso público, mediante un trámite expedito bajo la ejecución y el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en terrenos del Estado ubicados en las cercanías de Plaza González Víquez, en San José.
Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR), ratificó la ilegalidad de la iniciativa debido a que las características del proyecto no cumplen con la figura descrita en la Ley y alegó que el plan requiere un crédito externo de $450 millones.
Este miércoles 13 de diciembre, durante la conferencia de prensa de Casa Presidencial, el presidente Rodrigo Chaves alegó que, con los proyectos, la CGR no podrá decir que la interpretación de la Ley de Contratación realizada por el gobierno no es correcta.
“Consideramos que el mejor de los caminos es el proyecto de interpretación auténtica, pero esa es una decisión política de la Asamblea Legislativa y, si los diputados prefieren otro camino, también tienen el texto a su disposición”, dijo el mandatario.
El pasado 28 de noviembre, la contralora general de la República, Marta Acosta, ratificó que el procedimiento que pretende utilizar el Gobierno para desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno no está contemplado en la Ley General de Contratación Pública y que la interpretación realizada por Nogui Acosta y Laura Fernández, jerarcas de Hacienda y Mideplán respectivamente, es errónea e ilegal.
La aclaración de Acosta se dio ante un recurso de apelación en subsidio presentado por Acosta y Fernández. En ese documento la jerarca explicó que el arrendamiento financiero conlleva endeudamiento y que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.
Manifestó, además, que el arrendamiento financiero conlleva endeudamiento, por lo que la CGR no encontró justificaciones para eximir al gobierno de las disposiciones legales.
La Contraloría también alertó que el contrato del BCIE indica que las obras de Ciudad Gobierno no pasarían al Estado una vez haya finalizado el arrendamiento, lo cual contradice lo anunciado por el gobierno, pues el país no podría quedarse con los edificios y estos se mantendrían como propiedad del banco pese a que los terrenos sí son del Estado costarricense.
Ciudad Gobierno busca agrupar a 35 instituciones públicas y casi 11.000 funcionarios. Contempla 210.000 metros cuadrados de construcción y áreas verdes.
La Constitución Política establece que toda forma de endeudamiento externo debe pasar por la Asamblea Legislativa, donde la propuesta debe ser votada por los diputados.
