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Escasa afluencia de personas en el City Mall a causa de la crisis, en Alajuela. Fotos: Jorge Navarro
El gobierno presentó a la Asamblea Legislativa, este miércoles, el proyecto de ley para otorgar subsidios a los trabajadores privados afectados por la crisis del coronavirus.
Los subsidios estarían dirigidos a los asalariados que hayan sufrido una suspensión temporal del contrato de trabajo o una reducción de la jornada laboral, así como a los trabajadores independientes que demuestren una caída en sus ingresos producto de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno para combatir la pandemia.
El texto de ley crearía la figura del subsidio por causa de la pandemia del covid-19. Los fondos los administrarían el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Trabajo.
A su vez, el proyecto incluye un artículo que impediría a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) tramitar solicitudes de rebaja en los precios de los combustibles, durante las fases de respuesta y rehabilitación de la emergencia.
Los precios se mantendrían tal cual están ahora con la intención de que, cuando el petróleo baje más, Recope le pase mensualmente al IMAS la diferencia entre los precios actuales y los precios que tendrían que regir si se aplicaran las disminuciones correspondientes.
Ese mecanismo permitirá alimentar el fondo de subsidios para los afectados económicamente.
El 28 de marzo, la gasolina súper bajó a ¢580 por litro, la regular a ¢555 y el diésel ¢464. Con ello, las gasolinas regresaron a los precios que tenían a principios del 2019 y el diésel está hoy más barato que en esa fecha.
El gobierno estima que unos 500.000 asalariados del sector privado podrían verse afectados económicamente por la crisis.
Solo en el sector turismo, calcula que el 80% de los trabajadores directos podría sufrir suspensión de contratos de trabajo, reducción de la jornada o despidos.
La semana pasada, el gobierno anunció un plan para subsidiar a 375.000 familias mediante el otorgamiento de subsidios de ¢200.000 mensuales durante tres meses.
La iniciativa, que demandará ¢225.000 millones en su primera etapa, se nutrirá del diferencial de los combustibles y de un reacomodo de partidas por ¢100.000 millones en el Presupuesto Nacional, que sería presentado este viernes.
A ello se sumarían una transferencia de ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) y recursos de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La ministra de Planificación, Pilar Garrido, afirmó este miércoles que el presupuesto de la primera etapa podría subir a ¢255.000 millones.
El Poder Ejecutivo plantea otra posible fuente de ingresos, para ampliar el programa, mediante el cobro de un aporte solidario a los salarios superiores a ¢1 millón.
Ese plan recaudaría otros ¢24.000 millones por mes, suficiente para otorgar subsidios a ¢120.000 familias más.
En el país, solo el 19% de los asalariados gana más de ¢1 millón, pero ese porcentaje pudo reducirse debido a las afectaciones económicas.
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Así pagarían los asalariados el aporte solidario
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