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El gobierno de Carlos Alvarado se comprometió a presentarle a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma al empleo público a más tardar el 1.° de junio del 2019.
Esa es la fecha que pronunció la ministra de Hacienda ante el plenario legislativo, en respuesta a la consulta que le lanzó el diputado liberacionista David Gourzong.
Así, a partir de este viernes, empiezan a correr los doce meses de plazo que se autoimpuso el Ejecutivo para preparar la iniciativa legal, la cual espera que empiece a regir en el 2020.
Ante los diputados, la jerarca Rocío Aguilar aseguró que una reforma de ese tipo debe ser algo más complejo que una simple ley de salarios.
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"En realidad, el tema de una nueva ley de empleo público no debería circunscribirse únicamente al tema salarial, eso deberá ser un capítulo. (Debe incluir) todo el tema de remuneraciones, de incentivos, de evaluación, de competencias, de la forma de vinculación, de la forma de desvinculación al sector público", apuntó Aguilar.
La titular de Hacienda aseveró, además, que la ley no cobijaría únicamente a los funcionarios del Gobierno Central, sino también a todos los del resto del Estado.
Según explicó, en el plan también se definirá claramente cuál institución asumirá la rectoría de la política de empleo público.
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"Hoy no hay un rector en particular sobre el tema del empleo público. Unos hablan que Planificación, otros que el Ministerio de Trabajo, algunos que debería ser el Servicio Civil, pero ahí hay un vacío importante", dijo Aguilar.
La aprobación de esta nueva ley es uno de los tres pilares del plan del Ejecutivo para que el déficit financiero del Gobierno llegue a un 3% del PIB (en 2017 cerró en 6,2%) en cuatro años. Los otros dos son el expediente 20.580 (proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) y las medidas administrativas que anunció Aguilar el miércoles.
Medidas provisionales
Mientras se redacta y tramita el proyecto de ley, el Ejecutivo implementará medidas de contención de gasto en los salarios de los empleados públicos del Gobierno central.
Una de las medidas administrativas establece que los aumentos salariales de todos los empleados del Gobierno, a partir de ahora, serán idénticos, independientemente del sueldo que devenguen. Para el segundo semestre del 2018, el ajuste será de ¢3.750.
También, se congelará el crecimiento de las anualidades. En lugar de otorgarlas con base en un porcentaje del salario base, ahora el Gobierno fijará ese plus con base en un monto fijo, el cual se mantendrá invariable en el tiempo.
La ministra resaltó que el Ejecutivo puede aplicar estas medidas en los ministerios, pero recordó a los diputados que ellos tienen la posibilidad de extenderlas al resto del Estado.
También, se reducirán los porcentajes que paga el Gobierno por concepto de dedicación exclusiva a los nuevos empleados.
Además, se dejará de actualizar el monto de los “puntos” que se pagan a los empleados estatales por los títulos universitarios o las capacitaciones que hayan recibido, aunque tales grados académicos sean requisitos del puesto para el cual fue contratado el trabajador; mientras que para los nuevos empleados se eliminará el pago por los títulos que sean requisitos para su cargo.
De acuerdo con Aguilar, las decisiones ejecutiva solo se levantará si se reemplaza con una regulación con rango de ley, sea en el proyecto fiscal que ya está en trámite o en el plan de empleo público que prepara Hacienda.
