El mismo día en que el mandatario Rodrigo Chaves lo destituyó, el exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez Torres, se opuso vehementemente al plan del gobierno de construir cárceles con carpas.
“Señor ministro, como policía y como conocedor del Sistema Penitenciario, estoy convencido que es una decisión alejada de una posición sensata”, le escribió Sánchez al titular de Justicia, Gerald Campos Valverde, en un oficio enviado este jueves 11 de julio a las 8:21 p. m., cinco horas después de que Casa Presidencial anunció su destitución y el mismo mandatario le agradeció “su labor y compromiso”.
En el documento, el exviceministro explicó que, durante una reunión efectuada el miércoles, él advirtió al ministro de que “instalar carpas es un grave error”. En la reunión, también participaron el director general de Adaptación Social, Juan Carlos Arias Agüero; la viceministra de Gestión Estratégica, Carolina Castro del Castillo, y la jefa de Arquitectura, Sarai Ulloa Mora.
Exviceministro: ‘No podía renunciar a mis principios’
“Aunque no le fue agradable mi posición, señor ministro, no podría renunciar a mis principios judeocristianos, a mis valores, mi integridad, mi código de ética, a la educación que me dieron mis padres, al juramento que le hice a mi país, a esta institución en la que sirvo y a mi formación policial, desde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para ser un observador más y solo plegarme a este tema en particular, por cuanto debemos actuar como buenas madres y padres de familia, con los recursos públicos que son del pueblo”, dice el oficio DVJ-239-07-2024.
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Exleine Sánchez Torres, quien tiene 49 años, es abogado y ha desarrollado su carrera en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), recomendó construir cárceles con concreto y acero para solventar el faltante estructural que provoca el hacinamiento carcelario.
“Mi criterio no es antojadizo, sino que se respalda por la experiencia, competencia y opinión integral del equipo de profesionales que se refirieron sobre este proyecto”.
El viaje a España y el caso de Arizona
Según el oficio, en la reunión la viceministra Carolina Castro habló de la utilización de carpas para privados de libertad en Estados Unidos y España, pero no obtuvo información de lo que ella mencionó.
El exviceministro agregó que el jerarca Gerald Campos y la viceministra viajaron recientemente a España por una semana, pero no le consta lo narrado sobre las supuestas ventajas para albergar la población privada de libertad.
De hecho, en el oficio, Sánchez Torres menciona la lección aprendida en el condado de Maricopa en Arizona, Estados Unidos, con el cierre de la “Ciudad de las Carpas”, como se conocía a un centro penitenciario hecho con este material. De acuerdo con el ex viceministro, el condado se ahorró más de $4,5 millones anuales con el cierre, debido al costo de su operación.
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Invertir en carpas es un gasto inadecuado del presupuesto
Exleine Sánchez dijo que, según estudios hechos junto con Adaptación Social, el uso de carpas para cárceles es un problema de seguridad y presupuestario.
“Contundentemente, arribo a la conclusión de que la inversión en este tipo de estructuras es un gasto inadecuado del presupuesto, afectando el equilibrio financiero, de manera que es mejor esperar un poco más de tiempo, pero invertir en edificaciones que perduren a futuro y sean una solución real al problema de sobrepoblación carcelaria”, afirmó.
Explicó que las carpas son para situaciones temporales, pues con el pasar de los meses se deterioran y “es muy frecuente que la infraestructura penitenciaria sufra daños ocasionados por las personas privadas de libertad”.
“No hay forma de repararlas, por lo que ello implicaría un cambio de toda la estructura y, por tanto, una erogación mayor, con afectación para las arcas de nuestra patria”, expuso.
Insistió en que, “si bien el hacinamiento carcelario es de por sí un incumplimiento de nuestros deberes, su solución no es realizar acciones que nos lleven a una condena social mayor, por tratos crueles y degradantes, como se ha descrito a la ‘Ciudad de las Carpas’”.
Adicionalmente, el exviceministro advirtió de que los diputados están aprobando leyes más represivas, que podrían extender los periodos de los privados de libertad, aumentando la población carcelaria.
Un lugar vulnerable para comandos
“Debemos considerar que la instalación de carpas en centros penitenciarios puede implicar que el sistema se vea no solo con ojos de miseria o precarización, sino que también puede que se analice como un campo de concentración.
“Le uno a este el componente que potencialmente podría considerarse con un lugar vulnerable para la evasión o el ingreso de comandos al margen de la ley y generar un problema mayúsculo en el quehacer de la seguridad ciudadana de nuestro país”, dijo el ex viceministro.
Añadió que, para mantener privados de libertad en cárceles, se debe aumentar el número de policías, pues se reduce la visibilidad hacia todos los espacios.
“Puede implicar que la población penal realice acciones como agresiones entre sí, organización de fugas, daños o cualquier otro incidente crítico y otras acciones que, de no contarse con suficientes recursos policiales, no será posible controlar de manera inmediata”, explicó.
Una cárcel hecha con carpas, además, facilitaría el desprendimiento de piezas para la fabricación de armas “artesanales” para las agresiones o autolesiones.
“De igual manera, se requeriría mayor cantidad de personal policial para el traslado de estas personas hacia los sectores de atención profesional, laboral, educativo y pensar qué tipo de logística deberá utilizarse para los procesos de alimentación, visitas y resguardo de objetos de las personas privadas de libertad”, dijo el viceministro en el documento.
El exviceministro hizo referencia a datos del departamento de Arquitectura de Adaptación Social, los cuales demostrarían que la construcción de carpas es más cara que la construcción de una estructura de mampostería. Además, la última sí cumple con las normas internacionales y nacionales en derechos humanos. “Se evitan órdenes de cierre por insalubridad al tener condiciones adecuadas”.
“La carpa puede durar un máximo de cinco años, si estuviera en condiciones de uso adecuado, pero en las condiciones de uso diario y con la dinámica de uso que prodigan las personas privadas de libertad, el tiempo se reduciría significativamente. Por el contrario la mampostería o construcción de bloque de cemento tendrá una duración de más de treinta años con el mantenimiento correspondiente”, escribió el viceministro.
Concluyó que la instalación de obras en mampostería podría demorar más que las carpas, pero la relación costo beneficio sería mayor.