EscucharEl Gobierno propone eliminar, mediante decreto ejecutivo, las tarifas mínimas establecidas por los colegios profesionales para sus incorporados, las cuales hoy son usadas obligatoriamente al momento de cobrar a los consumidores la prestación de ciertos servicios especializados.
De acuerdo con el Gobierno, la medida busca eliminar las tablas de precios mínimos de abogados, contadores públicos, notarios, ingenieros, arquitectos, ingenieros químicos, terapeutas físicos, geólogos, microbiólogos, químicos clínicos, biólogos, físicos y nutricionistas.
Actualmente, por ejemplo, el Colegio de Contadores Públicos establece que la tarifa mínima por hora que debe cobrar un profesional, por consultoría o asesoría, es de ¢22.695. Entretanto, el Colegio de Abogados establece que, por el traspaso de un vehículo, un notario público no debe cobrar menos de ¢60.500.
Esos profesionales tienen permitido elevar el cobro de sus honorarios, siempre en cumplimiento de los estatutos del colegio profesional, pero no pueden cobrar por debajo de lo establecido. De lo contrario, podrían enfrentar multas o sanciones.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó este miércoles en conferencia de prensa que estas tablas “limitan la competencia y obligan a las personas a consumir servicios profesionales más caros de lo que deberían”.
De esa manera, anunció el mandatario, con la entrada en vigencia de los decretos, que previamente estarán en etapa de consulta pública, los precios brindados por los colegios profesionales serán únicamente de referencia y esos entes no podrán multar a los especialistas que cobren menos por sus servicios.
Chaves dijo que los 11 decretos propuestos para esos fines serán puestos en consulta pública del 11 al 25 de agosto, a través del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Además de los decretos anunciados, el mandatario prometió que presentará proyectos de ley en esa misma línea, para eliminar las tarifas mínimas obligatorias de los Colegios de Médicos y Cirujanos, Ingenieros Agrónomos, Cirujanos Dentistas y Psicólogos.
Según aseguró Chaves, contrario a los otros entes profesionales, en estos casos la tabla tarifaria obligatoria está estipulada por ley y él no puede eliminarla mediante decreto ejecutivo.
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De acuerdo con el Gobierno, esta medida se fundamenta en un estudio publicado, en febrero anterior, por la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), que precisamente sugirió eliminar la posibilidad de que los gremios establezcan tarifas mínimas por los servicios profesionales.
“La Comisión considera que las tarifas mínimas limitan la autonomía de los profesionales, favorecen la colusión, restringen el acceso de los ciudadanos a los servicios y sostienen tarifas más elevadas que, a su vez, encarecen otros bienes y servicios que utilizan los servicios profesionales como insumo”, había comunicado ese ente mediante un comunicado de prensa.
Colegios profesionales se oponen
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se manifestó en contra de los decretos, comunicó Arnoldo Segura, asesor legal de la organización.
“Para ello, (el Colegio) presentará las acciones legales pertinentes en favor de los agremiados y agremiadas, en todas las instancias necesarias”, expuso.
El Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos también se opuso a la medida. Alegó que, al jurar cumplir el Código de Ética Profesional, sus agremiados se comprometen a acatar las tarifas mínimas, pues estos precios buscan garantizar que se cubran los rubros necesarios para que los laboratorios den un servicio de calidad y buena atención.
“Cualquier acto que involucre querer tomar ventaja mediante propaganda o cobro, por debajo de los precios mínimos establecidos, no solo se considera competencia desleal, sino, más grave aun, no garantiza al paciente un servicio, insumos, controles y resultados de calidad”, dijo el Colegio.
Agregó tener gran preocupación de que entes externos, “profesionales que no son expertos en materia de insumos de laboratorio y mucho menos en análisis de calidad”, quieran “desprestigiar el buen ejercicio de la profesión, sugiriendo la posibilidad de no contar con tarifas mínimas, las cuales ayudan a garantizar al paciente la confianza al ingresar a un establecimiento de microbiología”.
Asimismo, el Colegio de Terapeutas de Costa Rica se pronunció en contra. Afirmó que la decisión presidencial precarizará los servicios para los usuarios y señaló que “la salud no es un bien que pueda entrar al libre mercado”.
“Esta decisión puede sonar atractiva, pero lejos de ser una mejora para los usuarios esto quitará el estándar de calidad en los servicios que deben recibir los pacientes. Estamos ante el inicio de la precarización de muchos servicios, cosa particularmente delicada cuando se trata del área de la Salud, que es la que regula nuestro colegio”, expresó la doctora Viviana Pérez, presidenta del Colegio de Terapeutas de Costa Rica.
