El Gobierno elaboró una nueva propuesta para modificar el nuevo impuesto a las casas de lujo, como parte de la propuesta de ajuste fiscal que negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ahora, el planteamiento del Poder Ejecutivo es cobrar un tributo anual del 0,5%, sobre el valor, a todas las casas valoradas en más de ¢150 millones.

Para una casa de ¢150 millones, el impuesto subiría de ¢375.000 a ¢750.000. En tanto, en el caso de una vivienda de ¢300 millones, el dueño tendría que pagar ¢1,5 millones al año en vez de ¢750.000.

Los propietarios de una casa de ¢760 millones, que actualmente pagan ¢1,95 millones, pasarían a pagar ¢3,5 millones. Y por una propiedad de ¢2.100 millones, el tributo subiría de ¢8 millones a ¢10,5 millones.

Actualmente, este gravamen se cobra a las casas de más de ¢133 millones y las tasas aumentan de forma progresiva: conforme mayor sea el valor, mayor es el porcentaje de impuesto.

Las viviendas cuyos precios están ¢133 millones y los ¢334 millones, pagan un 0,25% del valor de la propiedad.

Para las casas de más de ¢334 millones, el impuesto aumenta, sobre el exceso, en forma proporcional con tarifas del 0,30%, 0,35%, 0,40%, 0,45%, 0,50% y hasta un 55%.

Este último porcentaje se aplica a las viviendas que superen los ¢2.010 millones.

ESTA ES LA ESTRUCTURA ACTUAL:

El 5 de enero, el Gobierno anunció que propondría cambiar la estructura del impuesto para recaudar unos ¢61.200 millones, equivalentes a un 0,17% del producto interno bruto (PIB).

Esa meta demandaba aumentar la recaudación en un 1.100%, pues el tributo actual recauda menos de ¢5.000 millones anuales.

En ese momento, anunció que cobraría el impuesto a las propiedades a partir de ¢200 millones y con una tarifa única del 0,5%.

No obstante, ahora el umbral bajó, lo que aumentaría la cantidad de casas por gravar, y mantuvo la tarifa única del 0,5%. Según Hacienda, la recaudación estimada se fijó en unos ¢35.000 millones anuales.

El proyecto para crear este impuesto se presentó a la Asamblea Legislativa este viernes.

El texto establece que de la recaudación que se genere cada año, se le transferirán al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) ¢4.000 millones, que deberán usarse para dar casa a familias en pobreza.

La Dirección General de Tributación creará una base de datos pública, para que cualquier persona pueda consultar si un contribuyente en particular está al día, moroso u omiso con el pago de este deber.

Baja meta de recaudación

Las cifras se ajustaron con respecto a las comunicadas el 5 de enero, cuando el Gobierno anunció la idea de reemplazar el Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda vigente.

La expectativa de recaudación se redujo a la mitad de la original. Del 0,17% del producto interno bruto (PIB), pasó al 0,8% del PIB.

En el 2020, el impuesto solidario le generó a Hacienda ingresos por ¢4.581 millones. Si el impuesto que propone Hacienda fuera exitoso, la recaudación se incrementaría en un 665%.

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“Se revisaron un poquito las bases de datos, precisamente para que el rendimiento sea acorde a lo que se busca del impuesto, que sea progresivo, que no afecte a la gente con casas que no son de lujo, y a partir de ahí es que se está trazando la línea”, afirmó Villegas.

El ministro explicó que el tributo aplicaría a todo tipo de inmueble de uso residencial, sean casas o apartamentos en condominio, sin importar si están habitadas o desocupadas. Si son viviendas de alquiler, el impuesto lo pagaría el propietario.

Según las estimaciones de Hacienda, el impuesto pasaría a cobrarse a unas 10.000 propiedades, el doble de las actuales.

Reducir la evasión

Villegas afirmó que el impuesto se diseñó para reducir la evasión y ampliar la base de contribuyentes.

En el 2020, el impuesto solidario lo pagaron los dueños de 4.456 casas, aunque las viviendas identificadas como de lujo son 5.150.

Sin embargo, las que deberían pagarlo son muchas más, según el ministro de Hacienda.

“Si usted va a determinados barrios en San José o a determinados lugares turísticos de Costa Rica y usted dice ‘quiero comprar un departamento o una casa que esté por debajo de ¢150 millones’, no la encuentra.

Pero si usted se va a revisar cuántas de estas casas pagan el impuesto solidario, va a encontrar que son muy pocos. Lo que queremos nosotros es eliminar esa situación y que el impuesto se pague como corresponde, y que no tenga que andar Tributación para que la gente pague, o en su defecto, dejar el pago a la buena voluntad de la gente”, afirmó Villegas.

El impuesto solidario actual requiere que los dueños de las casas de lujo calculen el valor de las construcciones, le sumen el precio del terreno y declaren ante Hacienda el monto total. Tributación depende de la voluntad de los contribuyentes, porque carece de los medios para corroborar cuáles construcciones son de uso residencial y superan el mínimo exento.

Villegas afirmó que, con el nuevo impuesto, Hacienda busca tener mayor control. Según dijo, Tributación podría buscar en las bases de datos del Registro Nacional de la Propiedad, de las municipalidades e, incluso, en las hipotecas de los bancos para constatar el valor registral de los inmuebles.