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El Gobierno les presentó a los diputados, este martes, una nueva versión del proyecto de ley para crear un fondo de avales y garantías, por ¢180.000 millones, para que las empresas afectadas por la pandemia puedan acceder a créditos bancarios.
En esta nueva versión, los recursos serían depositados en la Caja Única del Estado y serían manejados a través de una nueva unidad dentro del Ministerio de Hacienda.
Este texto elimina la figura del fideicomiso que se planteó en el proyecto original para administrar los recursos.
En un principio, el Gobierno propuso al Instituto Nacional de Seguros (INS) como el fideicomisario del fondo de avales; es decir, como el administrador de los recursos.
Sin embargo, la Contraloría General de la República señaló que ese papel no está dentro de las labores del INS.
Los avales responden por un crédito ante una entidad financiera cuando un deudor no puede pagar.
El objetivo principal de este proyecto de ley es crear un fondo de avales complementarios para que las empresas golpeadas por la pandemia del covid-19 puedan acceder a financiamiento por un espacio hasta de 24 meses, a fin de evitar más desempleo.
El Estado respondería por empresas o personas con proyectos productivos, tanto en colones como en dólares, pero bajo el compromiso de que estos patronos mantengan, recuperen o, incluso, aumenten la cantidad de empleados.
En la nueva versión, los avales ya no cubrirían hasta un 80% del total de cada crédito, sino hasta el 60%, y se permitiría a las empresas reestructurar deudas existentes, buscar financiamiento para inversión o para capital de trabajo.
En la versión más reciente del proyecto, el programa gubernamental estaría a cargo de una unidad integrada por el propio ministro de Hacienda y dos asesores técnicos externos, tal como explicó el jerarca, Elian Villegas, a la Comisión de Hacendarios.
Los primeros ¢36.000 millones para el Fondo de Avales y Garantías provendrían de un crédito por $300 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mientras que los restantes ¢144.000 millones se fondearían por medio del Presupuesto Nacional.
“Dentro del ministerio se llevaría adelante todo el programa. No estamos en la situación de llevarlo hacia fuera, con un fideicomiso. Los asesores serían absolutamente técnicos”, dijo el ministro.
Añadió que los otros dos miembros de la unidad deberían cumplir con un perfil profesional y técnico muy alto, porque tendrían a cargo el seguimiento de una cantidad de recursos públicos muy importante.
Consultado por las diputadas de Hacendarios, Villegas aseguró que mantener la administración del Fondo de Avales y Garantías como un programa de Hacienda permitiría reducir casi a cero los costos y rechazó, como lo sugirió la liberacionista Ana Lucía Delgado, que se genere más burocracia.
Consultado por La Nación, el ministro dijo que un fideicomiso puede demandar, en gastos administrativos, hasta un 1% sobre el activo administrado.
Ante el cuestionamiento de María Inés Solís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), sobre qué pasará con el dinero del fondo mientras esté en la Caja Única y el Ejecutivo tenga necesidades económicas, Villegas respondió que mientras los avales no se ejecuten y existan fondos, estarán en la Caja Única.
“Por medio de Hacienda, se utilizaría, como entran solicitudes y sale dinero todos los meses. Se usaría como si fuera una cuenta corriente, como actualmente sucede, que se programan salidas de dinero”, explicó el ministro.
Villegas insistió en que la ventaja para el Estado es tener el dinero ahí a costo cero, en vez de pagarles intereses a las entidades bancarias por la administración de esos recursos.
El ministro negó que se pueda presentar la situación de que, al ejecutar los avales, el dinero no esté ahí, sino que se realiza una programación y, llegado el momento de hacer el pago, se traslada hacia la entidad específica, a través del programa de avales.
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Aunque Óscar Cascante, del PUSC, alabó la iniciativa como el proyecto más real para generar reactivación económica, cuestionó que muchos productores no puedan acceder a los millones del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) por los requisitos excesivos que les exigen los bancos.
A ese cuestionamiento, el jerarca del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent, respondió que ya se ha flexibilizado toda la normativa y se les permitió a los bancos hacer todo tipo de reestructuraciones, además de que se eliminaron varias restricciones.
La superintendente general de entidades financieras, Rocío Aguilar, manifestó que todos los intermediarios tienen que cumplir con la misma normativa y los bancos han estado colocando créditos.
“El reto es cómo ayudar a las empresas, siempre teniendo claro que tienen la capacidad de repago, bien porque han conservado el negocio, una parte de sus clientes", indicó Aguilar.
Según la ministra de Planificación, Pilar Garrido, la principal bondad del proyecto de avales es que las empresas, sin importar su tamaño, puedan acceder para reactivar la economía y evitar un incremento del desempleo.
El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, enfatizó que el proyecto vendría a reducir el riesgo de crédito que dan los intermediarios financieros y, de esa forma, facilitar la entrega de préstamos, que consideró “esencial para la reactivación en los meses y años por venir”.
