El gobierno presentó este lunes una nueva propuesta de reforma al empleo público, la cual consiste en pagar salarios similares a ocho familias de puestos en todo el sector público.

La idea es que sean salarios competitivos por sí solos, sin necesidad de los pluses que hoy elevan exponencialmente el gasto público en remuneraciones conforme pasan los años.

Estos sueldos globales serían pagados solo a los nuevos funcionarios públicos.

Para no presionar las finanzas públicas, la eventual ley impediría que los empleados actuales se trasladen al nuevo sistema, pues permitir el traslado implicaría subirles el salario de forma inmediata a funcionarios con pocos años en el Estado.

El texto sustitutivo de la reforma al empleo público plantea que se definirían salarios globales para las siguientes ocho familias de puestos: profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universitarios, judiciales, del Servicio Exterior y de confianza.

Quedarían excluidos los empleados de las empresas estatales en competencia.

“Una persona que se desempeñe como profesional 3 en el Gobierno Central ganará igual que en una institución autónoma”, explicó la ministra de Planificación, Pilar Garrido, quien hizo énfasis en la necesidad de atacar la desigualdad salarial que hoy existe en el sector público.

“A igual trabajo, igual salario en condiciones de eficiencia”, argumentó la ministra.

En el 2018, la Contraloría General de la República advirtió de la inequidad salarial en el sector público. Por ejemplo, mientras un oficial de seguridad de un ministerio ganaba ¢277.800 al mes, en una institución descentralizada otra persona con el mismo puesto devengaba casi ¢1,2 millones.

La ministra de Planificación estimó que el nuevo proyecto generaría un ahorro de ¢70.000 millones anuales, equivalentes a un 0,7% del producto interno bruto (PIB).

Añadió que, en diez años, se acumularía un ahorro equivalente a 7 puntos del PIB, casi lo que se invierte anualmente en todo el sector educación.

Garrido sostiene que habrá ahorro aunque el nuevo salario global exigiría pagar salarios más altos a los futuros funcionarios en comparación con el sistema actual de salario compuesto (salario base + incentivos), el cual otorga un sueldo base más bajo a los empleados de primer ingreso.

Sostuvo que el Estado tendrá un saldo a favor porque los futuros funcionarios sustituirán a empleados que se jubilan, los cuales suelen tener salarios muy altos gracias a las anualidades y otros incentivos acumulados.

Añadió que también incidirán los efectos de la reforma fiscal del 2018 sobre los salarios compuestos actuales, como, por ejemplo, la transformación de las anualidades a montos fijos en lugar de porcentajes del salario base.

Factores para definir salarios

Si el proyecto es aprobado por la Asamblea Legislativa, los salarios globales para cada familia de puestos serán definidos con base en las funciones que cada empleado desempeñe, así como la disponibilidad que se le demande, la peligrosidad, la discrecionalidad para tomar decisiones y nivel de responsabilidad sobre recursos públicos.

Añadió que, en algunos puestos, existe la posibilidad de hacer carreras con ascensos, como ocurre con los docentes.

En este texto sustitutivo, el Ejecutivo también eliminó la idea de otorgar incentivos monetarios adicionales a los futuros funcionarios.

Sí se mantienen incentivos no monetarios, como permisos por cuido o paternidad. Las licencias por maternidad se podrían prorrogar dos meses más por razones como nacimiento prematuro, discapacidad o partos múltiples.

En todo el sector público, el tope de vacaciones sería de 20 días hábiles.

El plan también establece un nuevo esquema de reclutamiento, en el que se crearía una plataforma única para los oferentes.

Asimismo, en cuanto a la evaluación, se fijaría como causal de despido el hecho de que un funcionario reciba dos evaluaciones con calificaciones inferiores al 70%.

Garrido sostiene que el proyecto, que fue consultado con diputados y otros sectores, mantiene los principios de Estado como patrono único, equidad salarial y prevalencia del interés general.

Añadió que el texto sustitutivo recoge estándares de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), así como sugerencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Contraloría General de la República.