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La bancada de gobierno, junto con los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PNR), intentaron evitar que se añadieran más controles a la ejecución del crédito de $700 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinado a la reconstrucción de puentes, carreteras y centros educativos.
Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) plantearon incorporar nuevos controles, en el segundo presupuesto extraordinario de la República que añade estos recursos, debido a la revelación de que la CNE adjudicó contrato aparentemente a la medida de Constructora MECO para la reparación de la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniela Oduber, en Liberia, Guanacaste.
Al igual que en el caso de la pista, una parte significativa del crédito del BCIE, específicamente $161 millones, será ejecutado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) sin que la Contraloría General de la República (CGR) pueda revisar la legalidad de los procesos, ya que se consideran dentro de programas de emergencia que requieren una acción rápida. Estas asignaciones responden a un total de 203 obras.
Durante el segundo día de debate en el plenario, la jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros; el vocero del PUSC, Alejandro Pacheco; y el jefe del PNR, Fabricio Alvarado, expresaron preocupación por las mociones presentadas por el PLN con el respaldo del FA.
La gestión de liberacionistas y frenteamplistas contó con el aval de la presidencia legislativa que, con base en el reglamento legislativo, resolvió que es posible presentar mociones de ajuste durante los dos primeros días de discusión de un proyecto.
Cisneros dijo que no se opone al derecho de los legisladores a presentar mociones de ajustes para ejercer mayor control, pero preguntó a la presidencia legislativa si era el momento idóneo para presentarlas.
En tanto, Pacheco y Alvarado, insistieron en que la práctica legislativa ha sido que estas iniciativas se presenten antes de la discusión de cada proyecto por el fondo.
Según expresaron ambos diputados, permitir que se presenten mociones, una vez abierto el debate, abriría la puerta para que futuros proyectos se vean obstaculizados, ya que las fracciones podrían presentar más iniciativas de ajustes.
Esta postura fue respaldada por Eliécer Feinzaig, vocero del Partido Liberal Progresista (PLP), aunque expresó su acuerdo con la implementación de nuevos controles.
El frenteamplista Jonathan Acuña dijo que los controles no le hacen daño a nadie, solo a los que quieren hacer chorizos.
Humo blanco
Después de varios recesos que extendieron la discusión legislativa hasta cerca de las 8 p. m., en los cuales se debatió una apelación de Pacheco a la resolución de la presidencia legislativa, las bancadas llegaron a un acuerdo para avanzar con el expediente.
Por mayoría, el plenario rechazó la apelación del PUSC y, posteriormente, aprobó un trámite rápido al expediente.
Luego, los diputados aprobaron una moción de control presentada por el PLN y el FA que apoyó el oficialismo y, finalmente, el proyecto fue aprobado en primer debate.
La moción de control establece que la CNE deberá informar a los diputados, cada tres meses, sobre el avance físico y financiero de las obras. Además, especifica que las instituciones competentes y las unidades ejecutoras deben aprobar los términos de referencia de cada obra, los cuales deben contar en cada expediente con los fundamentos técnicos y legales.
Además, se enfatiza que los estudios técnicos de las obras incluidas en decretos de emergencia no deben ser extemporáneas.
Ada Acuña, diputada de la bancada de gobierno, argumentó que la Comisión de Hacendarios había incorporado controles sugeridos por la Contraloría General de la República (CGR), como la fiscalización a través de informes de auditorías y la creación de subcuentas en Caja Única para un mayor control de los recursos.
