EscucharAlunasa, empresa del Estado de Venezuela con sede en Esparza, Puntarenas, le pidió al Gobierno suspender autorización para suspender los contratos laborales de 183 empleados hasta marzo del 2022, bajo el argumento de que sufre por bloqueos y sanciones de Estados Unidos.
No obstente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) costarricense le rechazó la solicitud de suspender a más del 90% de la planilla, al concluir que no existe afectación por medidas de EE. UU., sino más bien una mala gestión empresarial.
La resolución la emitió, la mañana de este lunes, la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, del MTSS. La petición implicaba suspender los contratos hasta marzo del 2022.
La fábrica de Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa), dedicada a la producción de aluminio, envió a la mayor parte de sus trabajadores a las casas, el jueves 16 de setiembre, sin recibir el salario correspondiente a la primera quincena del mes.
Según una resolución dictada por el MTSS, Pablo Emilio Turmero Astros, presidente de la sociedad bajo la cual opera la empresa venezolana, presentó la solicitud de suspensión de contratos el pasado 16 de setiembre y, en ella, argumentó escasez de dinero y falta de materia prima por los bloqueos y sanciones impuestas por Estados Unidos, pero no presentó pruebas que respaldaran lo dicho.
“Este órgano director determina que no existen elementos de prueba suficientes que demuestren la necesidad de dicha suspensión de los contratos laborales, debido a que ha quedado claro que lo alegado por el gestionante no supone una falta de materia prima fortuita, sino una mala gestión empresarial, lo cual no supone un impedimento legal para ejercer sus labores”, resolvió el MTSS.
A juicio del MTSS, la empresa no logró comprobar la caída de los ingresos, ya que no aportó estados financieros bancarios o balances certificados por un contador público autorizado. Sobre la supuesta falta de materia prima, el Gobierno concluyó que los bloqueos estadounidenses no han afectado a Alunasa.
“La empresa ha podido comprar y colocar en Estados Unidos de América los productos, y se ha realizado a través de la solución que se efectuó con el Fideicomiso realizado con el Banco Nacional, por lo que se puede decir que generalmente la materia prima viene de Venezuela y de China, y no de Estados Unidos de América”, dice la investigación.
“Se ha logrado determinar en la investigación, según el informe del órgano de investigación, que la empresa CVG Aluminios Nacionales S.A, durante todo el año 2020 y algunos meses del 2021, aun en tiempos de pandemia, ha tenido actividad comercial, con lo que ha podido comprar y vender sin ninguna afectación por el bloqueo comercial de los Estados Unidos”, comentó el Ministerio.
Además, según la resolución del MTSS, el sindicato de la empresa presentó un oficio al Ministerio de Trabajo denunciando que, dentro de las 183 personas que se buscaban suspender, se encontraban cuatro mujeres en estado de lactancia y maternidad, así como el representante sindical.
Sobre ese punto, la Alunasa alegó que se trataba de un “error”, y posteriormente los dejó por fuera de la solicitud presentada por el Ministerio de Trabajo.
Los empleados afectados son en su mayoría de Esparza, en Puntarenas, donde la fábrica de productos de aluminio es una de las principales fuentes de empleo.
Una de las trabajadoras perjudicadas del área de producción, de apellido Rodríguez, habló anteriormente con La Nación. Ella explicó que, desde el 2019, la empresa arrastra problemas con el suministro del aluminio, el cual proviene de Venezuela y lo provee un grupo de compañías estatales que controla el régimen chavista.
Alunasa nació en 1976, como una empresa estatal costarricense, por iniciativa de la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa) e inició sus labores en la sede de Esparza en 1981.
Para el año 2000, vendió el 100% de sus acciones a la Corporación Venezolana de Guayana, la cual es propiedad del estado de Venezuela y, durante el mandato del expresidente Hugo Chaves, contó con gran respaldo estatal.
En el 2018, una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos concluyó que el chavista Diosdado Cabello, lavó dinero en Costa Rica a través de la empresa Alunasa.
Según la investigación, Cabello ordenó al Ejército venezolano designar empleados en la fábrica Aluminios para que supervisaran la operación de lavado de dinero, la cual se habría efectuado en 2016.
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