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El Poder Ejecutivo, el PLN, el PUSC y el PAC revivieron el proyecto de ley para librar al Gobierno de la asfixia que le generan los gastos presupuestarios ya fijados por la ley.
En la megamoción de texto sustitutivo al proyecto de Ley de Fortalecimiento a Finanzas Públicas presentada el jueves, en el Congreso, introdujo los artículos correspondiente al proyecto de Ley de Eficiencia en la Asignación del Gasto Público.
Esa iniciativa fue aprobada en la Comisión de Hacendarios, en marzo pasado, pero los diputados que la avalaron cambiaron su dictamen y le quitaron el apoyo, por lo que se fue al archivo.
El principal obstáculo de dicha iniciativa, que se tramitó y archivó bajo el expediente legislativo 20.595, es que varios partidos políticos consideraron que desfinanciaba a varias instituciones públicas.
Sin embargo, este viernes, el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, no solo confirmó que se recuperó la propuesta, sino que alegó que se mejoró mucho, para que no genere anticuerpos.
Según Mora, a diferencia de la propuesta original, se asegura al máximo que, al liberar al Gobierno de los montos obligatorios que debía transferir a las instituciones a través del Presupuesto Nacional, se impida la posibilidad de reducir los montos.
“Es un mito que se esté desfinanciando a las instituciones. Se establece un piso, que obligaría a no dar menos a las instituciones de lo que se ha dado hasta el momento y se respeta el principio de progresividad de los derechos”, comentó el viceministro.
Añadió que no se trata de quitarle recursos a ninguna institución, sino que para el crecimiento de las transferencias fijas a órganos del Gobierno se le imponga el límite de la realidad fiscal del Poder Ejecutivo.
Actualmente, algunas de las instituciones que reciben montos fijos provenientes del Presupuesto Nacional son la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), las universidades públicas (UCR, UNA, ITCR), el Patronato Nacional de la Infancia y la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco).
"El Gobierno se boicotea a sí mismo"
A criterio de Edgardo Araya, del Frente Amplio, el Gobierno se boicotea a sí mismo al incluir dicha norma dentro de la moción de nuevo texto de la reforma fiscal, porque dijo que eso es algo que no tendrá ningún apoyo entre las fracciones legislativas.
Sin embargo, Luis Paulino Mora insistió en que será parte de la regla fiscal, con tal de que la camisa no le quede tan ajustada al Gobierno a la hora de destinar los recursos del Presupuesto Nacional, pero que no dejaría de crecer, pero con criterios más razonables de los que establece las imposiciones legales.
Este viernes, a través de un comunicado de prensa, la impulsora de la iniciativa, Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), negó que la iniciativa original desfinanciara a las instituciones.
“El proyecto original ciertamente derogaba una serie de disposiciones legales en cuanto a destinos específicos, pero se mantenía la asignación presupuestaria ya existente y esa asignación no podía ser inferior al presupuesto vigente”, comentó Guerrrero.
El proyecto elimina, en el caso de Desaf, la obligación de darle el monto fijo de 593.000 salarios base (¢200.000 millones para este 2018); también aliviaba la presión de darle al Fodesaf el 20% de la recaudación del impuesto general sobre las ventas.
Igual sucedía con la obligación de darle a las universidades públicas una parte del impuesto de la renta, el 7% de ese mismo tributo al PANI y el 5,25% a las juntas de educación.
A Dinadeco, hoy se le asigna una partida igual al 2% del impuesto sobre la renta: esa norma se derogaba.
Para determinar los montos que se trasladarán a estas instituciones, el Ministerio de Hacienda tomará en cuenta los desempeños presupuestarios de dichas instituciones, así como la situación fiscal del país en el periodo respectivo, con tal de determinar el crecimiento que tendrá el plan de gastos respectivo.
