Gobierno se alista para hacer pruebas de conocimiento a quienes aspiren a una plaza pública

El Gobierno se alista para hacerles pruebas de conocimiento, específicas, a todos aquellos profesionales que aspiren a puestos dentro del régimen del Servicio Civil.

En nueve meses la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) iniciará la implementación de las pruebas específicas para llenar vacantes en las áreas de Veterinaria y Arquitectura.

Y será en el 2021 que la institución empleadora del Gobierno amplíe las pruebas para los profesionales en todas las áreas que requiera contratar el Poder Ejecutivo.

Así lo informó el Ejecutivo este viernes durante una audiencia convocada por la Sala IV, para darle seguimiento a una sentencia del 2012 en la que se ordenó al Servicio Civil restablecer las pruebas para profesionales.

Por el Gobierno fue llamado a comparecer el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, quien aseguró que Casa Presidencial ordenará el traslado del personal que requiera la DGSC para implementar la aplicación de las pruebas de acuerdo a la sentencia.

Piza dijo que, si bien será imposible crear las seis plazas que pide la DGSC debido a la directriz del Gobierno que solo permite llenar un 25% de los puestos vacantes para ahorrar dinero, la Presidencia dispondrá de personal de otras entidades públicas para llenar las necesidades que expresó la entidad durante la audiencia de seguimiento.

"Se van a dedicar las plazas que sean necesarias para cumplir plenamente con la sentencia a través de traslado de personal o de alguna que quede vacante y que se pueda replantear su tarea y su perfil profesional", dijo Piza después de la audiencia que condujo el magistrado Paul Rueda, instructor de la sentencia que ordenó la aplicación de las pruebas.

Por su parte, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, entidad que ha cooperado con la DGSC en la creación del sistema de evaluación, dijo que la UCR está anuente a cubrir con su prespuesto el salario de los funcionarios que facilite para continuar apoyando en esta tarea.

"Me parece que (la aplicación de las pruebas) es algo esencial. Es verdad que no se puede cumplir de la noche a la mañana, pero me parece que va a ser fundamental para tener una institucionalidad y un servicio público más eficiente, más capacitado y también más comprometido.

"El proceso no puede ocurrir de la noche a la mañana por la cantidad de variables que hay en juego, pero nosotros esperamos poder cumplir en un porcentaje muy importante antes de que venza el plazo señalado por la sala en junio del 2021", recalcó Piza.

Por su parte, el director general del Servicio Civil, Alfredo Hasbum, quien fue designado en las últimas horas en el cargo por el presidente Carlos Alvarado, también dijo estar de acuerdo con la aplicación de las pruebas para evaluar el conocimiento de los profesionales que aspiren a laborar para el Gobierno.

Hasbum se desempeñó como viceministro y ministro de Trabajo durante la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y afirmó que, desde entonces, tiene la preocupación por mejorar la calidad de los procesos de contratación de personal profesional para el Gobierno.

"A mí me parecen muy bien las pruebas específicas. Cuando me tocó impulsar algunos concursos desde el Ministerio, yo planteé la inquietud de que debían de aplicarse pruebas específicas para los cargos que salían a concurso".

"En ese momento, se me indicó que era un proceso que se estaba desarrollando, pero que no podía tener resultados a corto plazo. Pero sí me parece totalmente válido, es necesario. Nada hacemos con un profesional que sea muy bueno haciendo pruebas psicométricas si es un mal profesional", manifestó.

¿Cómo lo harán?

El Servicio Civil desarrolla actualmente, junto con la UCR, un sistema que le permita contar con un banco de ítemes para aplicar a las personas de distintas profesiones que apliquen para llenar una plaza vacante en su régimen.

Además, la institución trabaja en el desarrollo de un programa informático que le permita automatizar los contenidos y la aplicación de las pruebas.

Con ese propósito, se estableció un cartel licitatorio, proceso de contratación que aún sigue.

Además, el Poder Ejecutivo ha iniciado el diálogo con los distintos colegios profesionales del país, para que contribuyan en el proceso de confección de las pruebas específicas que deberán hacer sus agremiados que aspiren a un cargo en la administración pública.

El magistrado Paul Rueda declaró que la Sala Constitucional reconoce la complejidad que tiene el cumplimiento de su sentencia, por lo que accedió a ampliar el plazo de ejecución de la misma hasta el 2021 cuando, en principio, había dado un año a la DGSC para ejecutar la aplicación de los exámenes.

"La DGSC y la Universidad de Costa Rica han cumplido muy responsablemente la tarea y, a la fecha, tienen productos importantes como un software especial que se desarrolla para la creación y evaluación de itemes y la creación de manuales de procedimiento para la construcción, validación, aplicación y reporte de los examinados que es otro producto que no solamente sirve para una profesión sino para varias", indicó.

Rueda dijo que la Sala comprobó que el plan de implementación de las pruebas "va por buen camino".

Y agregó que las audiencias de seguimiento a la sentencia se realizarán cada seis meses.