Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, afirma que el gobierno está en contra del proyecto de ley para revivir la pesca de camarón con redes de arrastre en el fondo marino, así como del estudio técnico elaborado por el Incopesca que sustenta a la iniciativa.

“La fracción del PAC (Partido Acción Ciudadana) y el gobierno, entendiendo que la posición nuestra está recogida en el plan de gobierno que se le presentó al electorado, nunca hemos estado de acuerdo con la pesca de arrastre. No estamos avalando el proyecto ni el estudio”, aseguró Morales.

El jerarca brindó esas declaraciones a La Nación el pasado miércoles, en su despacho en Casa Presidencial, en momentos en que la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso se aproxima a dictaminar la iniciativa, a más tardar el 29 de octubre.

El ministro de la Presidencia sostiene que esta posición no difiere de la que ofreció el presidente Carlos Alvarado el 29 de setiembre.

Ese día, el mandatario dijo: “Ya se han hecho algunos de los estudios que pidió la Sala Constitucional, hay otros pendientes. Hoy mi esfuerzo es que podamos hacer los estudios de biomasa y la mayor cantidad de estudios en función de este tipo de pesca, pero más importante es que podamos ampliar las opciones laborales en general en Puntarenas y ahí estamos metidos de lleno".

Según Víctor Morales, la posición del gobierno y del PAC coincide con Alvarado en que, en las zonas costeras, donde un sector depende de este tipo de pesca, “hay una situación social y laboral” que atender.

No obstante, el jerarca considera que las alternativas de trabajo para las familias pueden provenir de otro tipo de pesca, diferente a la de arrastre, o bien, atraer inversión de zonas francas a Puntarenas.

“Todo demora, pero se trata de buscar alternativas y buscar soluciones”, puntualizó Morales.

El proyecto de ley al que el gobierno se opone contempla revivir el otorgamiento de permisos a barcos semiindustriales para capturar camarón con fines comerciales, luego de que la Sala IV prohibió renovar y emitir nuevas licencias, en el 2013, por considerar que la técnica tradicional de arrastre provoca severos daños ambientales a causa de la gran cantidad de especies que captura aparte del camarón.

A esas especies afectadas se les denomina fauna de acompañamiento (FACA) o pesca incidental.

Sin embargo, la Sala IV dejó abierta la posibilidad de otorgar nuevas licencias, mediante una ley, si estudios técnicos y científicos demuestran la efectividad de dispositivos excluidores que sustenten la compatibilidad de la pesca de camarón con el ideal del “desarrollo sostenible democrático”.

Precisamente, el proyecto legislativo se sustenta en experimentos desarrollados por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en la boca del Golfo de Nicoya, a finales del 2018, sobre las especies de camarón Pinky y Fidel.

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Ese informe asegura que, mediante el uso de una nueva red diseñada en el país que contiene excluidores de especies, se logra que por cada tonelada de pesca se capture el 75% de camarón y el 25% de FACA.

Con el método tradicional, hasta el 95% de cada tonelada extraída del fondo es FACA y solo el 5% es camarón, de acuerdo con estudios hechos en el país el 2008 y el 2017 por el Incopesca y Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).

Sin embargo, la investigación ha sido criticada por ambientalistas y la academia, quienes alegan que carece de rigor científico.

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Restauración: ‘Es un atropello’

El principal impulsor del proyecto que se tramita mediante un procedimiento abreviado, el diputado del Partido Restauración Nacional (PRN), Melvin Núñez, reaccionó a las declaraciones de Morales.

“El estudio cumple con lo pedido por la Sala y ellos pueden enviarlo a consulta, pero detener el proyecto es prácticamente un atropello a los derechos de los pescadores y todas sus familias en extrema pobreza”, afirmó el legislador.

En tanto, Pedro Muñoz, subjefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que la bancada aún no asume un criterio, aunque, a nivel individual, dice que la investigación de Incopesca le satisface.

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Aseveró que, en temas de pesca de arrastre, las decisiones se toman en la gran área metropolitana, mientras en las zonas costeras las personas están desempleadas desde que la Sala prohibió renovar licencias.

“Desde que no hay pesca de arrastre no se les ha resuelto el problema del desempleo y, si no es con pesca de arrastre, se le tiene que buscar una solución diferente a la gente”, añadió Muñoz.

Silvia Hernández, jefa del Partido Liberación Nacional (PLN), explicó que la fracción ha recibido en audiencias a “expertos para ir abordando dudas, pero aún no hay una postura final consensuada”.

Dirigente de pescadores: Puntarenas necesita la actividad

Por su parte, Emanuel González, director técnico de la Cámara Puntarenense de Pescadores, afirmó que la zona necesita reactivar esa actividad para generar empleos a corto plazo, dado que otros proyectos como la modernización del Puerto de Caldera, durará diez años en desarrollarse.

“¿La negativa del gobierno es porque la actividad se basa en estudios científicos que demuestren que genera serios impactos ambientales o por una línea ambientalista sin fundamento?”, cuestionó González.

El dirigente camaronero añadió que, en el voto del 2013, la Sala pidió estudios sobre exclusión de fauna de acompañamiento, los cuales fueron hechos por Incopesca, y no sobre disponibilidad de biomasa o de otro tipo impacto al ambiente.

“No nos oponemos a más estudios. Al contrario, somos un sector que fomenta la investigación para certificar la pesquería como sostenible ambientalmente. Las pesquerías no se eliminan, se certifican para genera trabajo y producir riquezas”, puntualizó González.