EscucharEl Gobierno aumentará en ¢70.000 millones el gasto en salarios en el 2024 debido, en su mayor parte, al pago retroactivo de un aumento salarial que fue congelado con motivo de la pandemia.
El pago será girado únicamente a los funcionarios que estaban contratados a principios del 2020, fecha original del incremento. Cubre a los ministerios y las instituciones cubiertas por el Presupuesto Nacional.
El Poder Ejecutivo desembolsará el ajuste a pesar de que la deuda pública todavía supera el 60% del producto interno bruto (PIB) y la regla fiscal establece que no se harán incrementos por costo de vida en el salario base mientras esa condición perdure.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, argumentó que el alza fue aprobada en diciembre del 2019, cuando aún no se aplicaban las medidas extraordinarias ordenadas por la regla fiscal.
Agregó que el gobierno actual derogó el incremento en octubre del 2022, por lo que el aumento se pagará en retroactivo lo correspondiente al periodo de vigencia únicamente a aquellos funcionarios que estaban contratados al momento en que se decretó el ajuste.
El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) publicó que los funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) recibirán entre ¢360.000 y ¢420.000 por el pago retroactivo.
Solo en el MEP, el giro costaría ¢41.000 millones.
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El ministro de Hacienda no dio el dato de cuánto costará en su totalidad el pago, pero admitió que el incremento en el presupuesto de salarios obedece, en parte, a esta decisión. Agregó que también incide la introducción del salario global.
La partida de sueldos para cargos fijos crecerá un 7% en el 2024 (al pasar de ¢1.081.754 millones a ¢1.153.761 millones).
Otras partidas bajan, suben o se mantienen iguales. Tal es el caso de incentivos, horas extra y cargas sociales. Finalmente, en el resumen global, el presupuesto para remuneraciones crece en ¢70.000 millones al pasar de ¢2.775.398 millones a ¢2.845.145 millones.
El aumento del 2019, aprobado por el entonces presidente Carlos Alvarado y el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves (actual mandatario), conllevaba una subida de ¢7.500 en el salario base de todas las categorías del sector público y un incremento de ¢8.500 en las remuneraciones inferiores a los ¢750.000 mensuales.
El monto también aplicó para los pensionados de los diferentes regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.
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Había una condición
El decreto posterior del presidente Chaves, de octubre del 2022, autorizó el pago en retroactivo “siempre y cuando se cumplan las condiciones de la regla fiscal”.
La reforma fiscal detalla que, mientras la deuda esté por encima del 60% del PIB, los ajustes salariales no pueden ser reconocidos en forma ordinaria ni de manera retroactiva, excepto en lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad de los funcionarios (inciso c) del artículo 13 del Título IV).
Según Hacienda, la deuda pública de Costa Rica se ubicó en el 63,8% del PIB al cierre del año 2022. El Gobierno proyecta que para el 2025 baje al 59,4% de la producción. Será hasta ese año cuando se aplique un escenario más flexible de la regla fiscal como incrementar salarios por inflación.
“No estamos aumentando salarios. Estamos cumpliendo con un decreto aprobado, suspendido y luego derogado. Pero el derecho de los trabajadores no se puede irrespetar. Ese aumento fue aprobado antes de que la deuda/PIB fuera menor del 60%”, alegó el jerarca, ante la pregunta si la regla fiscal permite hacer los pagos.
Insistió en que el compromiso no afectará el cumplimiento de la regla fiscal, ya que el presupuesto se ajusta al tope de crecimiento del gasto fijado en 3,53% para el período 2024. Este compromiso se aplica a todos los ministerios, excluyendo a los empleados contratados posteriormente al decreto que lo autorizó, según reiteró.
En cuanto a la financiación de esta iniciativa y su impacto en el presupuesto, el ministro explicó que el costo variará según cada ministerio, dependiendo del número de empleados afectados en cada entidad gubernamental.
El Gobierno de Carlos Alvarado autorizó el aumento en diciembre de 2019, después de negociaciones con los sindicatos.
Aunque la fecha de implementación originalmente prevista era el 10 de enero, la propia administración suspendió su aplicación en abril de 2022 debido a la crisis fiscal provocada por la pandemia de la Covid-19 que redujo los ingresos fiscales del Gobierno.
