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El Poder Ejecutivo comunicó este martes 7 de abril a la Asamblea Legislativa que suspende la aplicación de la regla fiscal en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Ministerio de Trabajo, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y el Cuerpo de Bomberos.
La suspensión de la norma le permitirá al gobierno aumentar el gasto corriente en dichas instituciones, las cuales están en la primera línea de atención de la emergencia causada por la propagación del nuevo coronavirus.
El gasto corriente incluye transferencias, salarios, servicios e intereses.
El levantamiento de la regla en las cuatro entidades se ampara en la cláusula de escape definida en el artículo 16 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual establece que tal medida se puede activar en caso de que Costa Rica experimente una emergencia nacional cuya atención requiera recursos equivalentes o superiores al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB).
La crisis provocada por la pandemia de covid-19 requerirá recursos superiores a dicha cifra, según la estimación realizada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
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En el oficio en el que el presidente Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, le comunican a los diputados la suspensión de la regla, ambos funcionarios indican que la primera etapa de atención de la emergencia requerirá de ¢227.509 millones, equivalentes a un 0,6% del PIB.
“El mundo se encuentra enfrentando una gran crisis, una catástrofe cuya magnitud última se desconoce. Nuestro país no es ajeno a la situación global y es nuestro deber atender con prioridad las necesidades de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, garantizando su protección”.
“También necesitamos potenciar la recuperación de nuestra economía en la brevedad posible dentro de un marco de responsabilidad macroeconómica”, indica el documento de Casa Presidencial.
La misiva especifica para qué se necesita levantar la regla en las cuatro instituciones especificadas.
El Ministerio de Trabajo se encargará de entregar los subsidios por vulnerabilidad laboral a las personas que han sufrido una caída en sus ingresos, ya sea por despido, suspensión o reducción de su jornada laboral.
Por su parte, el IMAS ejecutará el pago de beneficios de emergencia a los beneficiarios del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Inciensa es la institución pública que analiza las pruebas que se practican a los pacientes para confirmar o descartar que contrajeron covid-19.
El Cuerpo de Bomberos, informó el gobierno, fortalecerá su operación durante la emergencia.
Según el oficio del mandatario y el ministro de Hacienda, las cuatro instituciones ejecutarán “el grueso” de tales tareas con recursos separados específicamente para la causa, “de manera que el impacto en el incremento de la deuda sea lo menor posible”.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no requiere de la medida para poder ampliar su plan de gastos durante la emergencia, pues la regla fiscal no le aplica.
Los fondos, según el Ejecutivo, se recabarán a partir de un recorte de gastos del Gobierno Central y varias instituciones autónomas por ¢100.000 millones, así como los ¢75.000 millones que el Instituto Nacional de Seguros (INS) trasladaría a las cuentas del gobierno.
Además, el gobierno obtendría recursos de los precios de los combustibles aprovechando la caída en los precios del crudo.
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"Señor presidente legislativo, en estos momentos de conmoción nacional procede poner a las personas como el objetivo inmediato de la política pública. Esto nos permitirá llegar a superar la emergencia inmediata, pero también la reconstrucción de nuestro país económicamente es posible y lograremos llegar al bicentenario fortalecidos.
“La crisis que hoy enfrentamos es diferente porque une lo sanitario con lo económico y social, por lo que debemos construir soluciones integrales que van desde la atención inmediata, la estabilización y la posterior reconstrucción del sistema productivo”, dice el oficio que se remitió al despacho de Carlos Ricardo Benavides, presidente de la Asamblea Legislativa.
Según la reforma fiscal, la suspensión de la regla no podrá mantenerse por más de dos ejercicios presupuestarios.
