EscucharEl gobierno ve con cautela la implementación del nuevo impuesto mínimo global del 15% que la Unión Europea (UE) cobrará a las grandes multinacionales radicadas en su territorio a partir del 2024. La UE adoptó el tributo por recomendación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual Costa Rica es parte.
En julio del 2021, un acuerdo alcanzado en la OCDE, entre 130 países, impulsó el nuevo impuesto a las multinacionales, con el apoyo de Estados Unidos en aquel momento.
En el gobierno costarricense, si bien el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, reconoce el beneficio fiscal que tendría esta medida para el país, coincide con su par de Comercio Exterior, Manuel Tovar, en que se debe revisar con cautela todo el sistema de incentivos para no perder terreno frente a países competidores en la atracción de empresas extranjeras.
Actualmente, el país ofrece a la inversión foránea la exención del impuesto de renta al entrar en el régimen de zona franca, lo que constituye uno de los principales incentivos para instalarse en suelo costarricense.
El ministro Acosta señaló que el país exonera actualmente ¢1,5 billones (millones de millones) en impuestos de forma legal y que el 41% de ese monto está en el tributo de renta, en donde las zonas francas tienen un gran peso junto a las exenciones a rentas del trabajo, como en los casos del aguinaldo y el salario escolar.
Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior (Comex), declaró que ha seguido de cerca la evolución del impuesto desde el inicio de la discusión en la OCDE, pero señaló que su cartera evalúa los riesgos y las oportunidades asociados a la implementación del impuesto en algunos países.
“El camino que Costa Rica debe tomar dependerá de la medición de ese impacto y de esas oportunidades identificadas para el país. Sin duda, apresurarse en una vía u otra puede resultar muy contraproducente, sobre todo si se considera que aún algunos grandes países que impulsaron esta propuesta hoy no tienen la viabilidad para implementarla en el mediano plazo”, expuso.
En Estados Unidos, los republicanos se han opuesto al tributo, el cual ha sido respaldado por el presidente norteamericano Joe Biden.
Tovar destacó la importancia de la competitividad de los países en los esfuerzos por atraer inversión extranjera, enfocándose en fortalecer el clima de inversión costarricense.
Admitió que, de cobrarse este tributo, los demás elementos de competitividad cobrarían más relevancia para atraer y retener la inversión extranjera.
Por ello, añadió, es una prioridad del gobierno continuar fortaleciendo y mejorando el clima de inversión costarricense.
“Comex seguirá trabajando para garantizar que el diseño que Costa Rica construya, para atender los riesgos y potenciar las oportunidades asociadas a estas reglas, sin desmejorar las condiciones actuales que como país ofrecemos a la inversión”, indicó Tovar.
Por su lado, Nogui Acosta sopesó el impuesto global a la luz del Informe Estado de la Nación 2023, que destaca el impacto fiscal limitado del régimen especial de zonas francas a pesar de su crecimiento económico.
“Efectivamente el país ha creado modelos de incentivos para atraer actividades y empresas a sectores dinámicos, pero los mismos se convierten en perpetuos y esto disloca el esfuerzo fiscal”, dijo.
En esa línea, propone considerar incentivos distintos a los tributarios: “Hay que ver la propuesta del impuesto mínimo universal que se habla a nivel de OCDE, además de valorar incentivos más allá de los tributarios y evaluar los plazos y mecanismos de exención, pero dentro de un entorno de sostenibilidad del régimen”.
Entre los incentivos no tributarios mencionados se incluyen la estabilidad política y económica, seguridad jurídica, productividad laboral, y mejoras en infraestructura y logística de puertos y aeropuertos.
Hasta el momento, el gobierno no ha presentado proyecto de ley alguno con relación al impuesto mínimo global.
La aplicabilidad del impuesto global del 15% cubre a empresas con ingresos financieros superiores a $819 millones anuales, siendo obligatorio para los grandes grupos con presencia en cualquier Estado miembro de la UE.
La normativa europea también establece reglas comunes para calcular y recaudar impuestos adicionales en países donde el tipo impositivo efectivo sea inferior al 15%.
