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En el marco del diálogo multisectorial convocado por el Gobierno, los participantes acordaron este sábado instar a los diputados a que reduzcan la deuda política en un 40%, así como que aprueben el proyecto de ley de Hacienda Digital, para mejorar la recaudación de impuestos.
La decisión se tomó este sábado durante la sexta jornada en la cual intervinieron delegados del Poder Ejecutivo, empresarios, grupos de mujeres, sindicatos, cooperativistas, solidaristas, representantes religiosos y demás agrupaciones.
El encuentro se realiza en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en Belén, Heredia.
Los participantes también coincidieron en la necesidad de promulgar una nueva ley de aduanas que evite el contrabando y la evasión, así como impulsar la obligatoriedad, para todas las instituciones del Gobierno Central, de utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para realizar sus compras.
El presidente Carlos Alvarado agradeció a los sectores el compromiso y la disposición de trabajo de los asistentes.
“Siempre dialogando y coordinando para, de manera conjunta, resolver los problemas que tenemos como país, en materia macroeconómica por la pandemia del covid-19, pero yendo también más allá, para resolver problemas como el desempleo, la pobreza y la reactivación económica. Quiero agradecer, sinceramente, a todas las personas que han participado en este esfuerzo”, expresó el mandatario.
La propuesta de reducción de la deuda política se da poco después de que los legisladores aprobaran, a finales de setiembre, ¢34.400 millones para financiar los gastos de los partidos políticos para las elecciones nacionales del 2022 y las municipales del 2024.
Esto a pesar de que tenían la posibilidad de ahorrarle a los contribuyentes hasta ¢13.800 millones con un fuerte recorte al gasto electoral.
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Un segundo punto acordado por el Poder Ejecutivo y los sectores es la elaboración de una nueva ley de aduanas que el Ministerio de Hacienda tendría lista en diciembre de este 2020 y el presidente Alvarado convocaría en sesiones extraordinarias del Congreso.
Entre otros aspectos, la iniciativa propondrá la creación de un sistema centralizado que facilite la recaudación y dificulte el contrabando de mercancías, el mecanismo más utilizado para la evasión de impuestos.
Para ello se implementará una red de escáneres y demás herramientas no intrusivas en puertos, aeropuertos y en puestos fronterizos, los cuales permitirían identificar el ingreso o salida mercancías sospechosas del país.
“Esto lo que quiere decir es poder controlar no solo lo que entra y lo que sale del país por los escáneres, sino, además, qué pasa con la carga cuando se mueve dentro del país”, explicó Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos del Ministerio de Hacienda.
Según la funcionaria, dicha propuesta permitirá “tener una institucionalidad que se mueva tan rápido como lo hace el contrabando”.
Adicionalmente, el Poder Ejecutivo y los sectores coincidieron en impulsar la aprobación definitiva del proyecto de ley de Hacienda Digital para el Bicentenario.
Dicha iniciativa comprende la modernización, digitalización e integración de los 59 sistemas de información de Hacienda.
Para ello, es necesaria la aprobación de un crédito de $156 millones del Banco Mundial (BM) para modernizar los sistemas informáticos de ese ministerio.
La iniciativa de ley se encuentra actualmente en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, con dictamen afirmativo.
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Según explicó Hernández, la aprobación del proyecto de Hacienda Digital y la creación de un sistema centralizado para el escaneo y seguimiento de mercancías son acciones que están estrechamente relacionadas.
“¿Qué nos permite? Haciendo flujos de información, de trazabilidad entre los sujetos que están tributando y los sujetos que están importando o exportando y que están registrados en aduanas, esa comunicación, ese perfil de personas obligadas tributariamente, se va a mejorar muchísimo con la información que podamos extraer del proyecto de Hacienda Digital”, aseguró la viceministra.
En cuanto a la obligatoriedad de que las instituciones públicas compren mediante el Sicop, dicha iniciativa establece que cualquier gestión que no se realice por esa vía sería declarada como ilegal.
Hasta el momento, solo el 85% de las entidades públicas emplean ese sistema de compras, el cual permite mejores precios, menores costos de transacción en términos de tiempo y gestión, así como mayor estandarización de los procesos y mayor eficiencia dentro de la administración pública.
Sin embargo, el mecanismo de compras electrónicas todavía no ha sido del todo digerido por grandes compradores del Estado como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).
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Los puntos discutidos forman parte de una lista de 223 propuestas, en materia fiscal, presentadas por los sectores.
Todas las iniciativas se sometieron a votación de los participantes, quienes las votaron por orden de prioridad.
Posteriormente, estas fueron analizadas por los equipos técnicos del Gobierno y de los sectores.
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Las mesas de diálogo multisectorial ya abordaron asuntos de reactivación económica, pobreza y desempleo. Este sábado fue el turno de los temas fiscales.
Las próximas jornadas, que se realizarán durante las próximas dos semanas, se enfocarán en lo siguiente:
-Gestión de la deuda pública
-Evasión, elusión, fraude fiscal y eficiencia tributaria
-Activos del Estado
-Ingresos y exoneraciones
-Inversión, eficiencia y eficacia del gasto público
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