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San José y Panamá
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, pasa por una "grave crisis" económica que pone en riesgo su funcionamiento, manifestó este lunes en Panamá su presidente, el brasileño Roberto Caldas, durante varias audiencias que el órgano realizará en ese país.
La Corte IDH es un órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados relacionados. En total, la Corte está compuesta por 7 jueces.
Según Caldas, la mala situación financiera de la Corte IDH se debe a que los países europeos, que aportaban la mitad del presupuesto, destinaron gran parte de esos fondos a solucionar la grave crisis migratoria ocurrida en Europa en 2015.
Eso ha hecho que muchos de los donantes hayan reducido o eliminado completamente sus aportaciones a la Corte.
"Algunos antiguos donantes anunciaron que van a disminuir (su contribución) para el próximo año. Realmente estamos necesitando de más consideración de todos los Estados de la OEA para dar un aporte fijo anual e indiscutible para que se pueda trabajar. Esta es una crisis muy seria", añadió Caldas.
El alto juez consideró que la Corte IDH necesita de unos $22 millones anuales para tener un funcionamiento "normal" .
Sin embargo, el presupuesto para 2017 es de $2,7 millones, una cifra muy inferior en comparación con los $5,7 millones presupuestados antes de la crisis migratoria europea.
"Nuestros países deben sostener la Corte", zanjó Caldas.
Los Estados miembros de la OEA se negaron a otorgarles fondos adicionales a los organismos que velan por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente, en el 2017.
Costa Rica, por ejemplo, no expresó ninguna objeción a la decisión que tomó el pleno de la OEA el año pasado.
Hace un año el embajador costarricense ante la OEA, Rogelio Sotela Muñoz, cuestionó la propuesta de elevar los aportes de los Estados miembros de la OEA, para garantizar el funcionamiento de los organismos que velan por el respeto de los derechos humanos en nuestro continente.
"Mi delegación se pregunta si el nuevo presupuesto que presentan, tanto la delegación de México como la Comisión, está basado en el análisis de funciones o simplemente en duplicar un presupuesto. ¿Esa duplicación de ese presupuesto obedece a qué? A los documentos que mi delegación tiene, tal vez le hace falta algunos, pero tenemos rubros en cuanto a personal, en cuanto al secretario, en cuanto a funcionarios, pero no en cuanto a departamentos, en cuanto a actividades, en cuanto a procesos. Considero que un presupuesto se arma a partir de actividades que se van a realizar, no a partir de gente", declaró Sotela.
Días antes de su intervención, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís había garantizado su respaldo a las alzas en los presupuestos de la Corte IDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En aquel momento el canciller de la República, Manuel González, negó que hubiera existido una contradicción entre lo expresado por el embajador y la postura del Gobierno. Y aseguró que lo único que se hizo fue cuestionar el "razonamiento técnico" para definir el porcentaje de alza de la cuota país.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte IDH han insistido en la necesidad de que los países dupliquen los aportes que otorgan, para garantizar un funcionamiento pleno y autónomo. En el 2016, esas instituciones recibieron poco menos de $9 millones, pero requerían $18,2 millones.
México y Argentina presentaron entonces ideas alternativas para cumplir con las necesidades. No obstante, ninguna fue acogida. Al final los países acordaron dejar en $5,6 millones el presupuesto de la Comisión Interamericana, que tiene sede en Washington, Estados Unidos; y en $2,7 millones el de la Corte IDH, que sesiona en Los Yoses, San Pedro.
A mediados del año pasado la delegación de México ante la OEA propuso trasladar la sede de la Comisión a esta última ubicación con el propósito de reducir sus costos de operación y así ponerle fin a la dependencia de las contribuciones voluntarias para sostener ambos órganos.
En su lugar, México propuso establecer obligaciones contractuales para que sean los países americanos, y no los europeos, lo que financien el sistema de protección de los derechos humanos en el continente. Esas obligaciones se sumarían a la partida que la OEA le gira a la Corte y al a Comisión, que asciende a un 6% de su presupuesto anual y equivale a unos $5 millones.
La Comisión, creada en 1959 como órgano autónomo de la OEA, sí tiene competencias sobre todos los Estados americanos, mientras que la Corte IDH no puede pronunciarse sobre casos de países que no firmaron su pacto fundacional. A la fecha naciones como Estados Unidos, Canadá y algunas islas del Caribe no han ratificado el Pacto de San José, mediante el cual se creó la Corte IDH.
La crisis económica ha llevado a las autoridades de la Corte a especular que algunos países de la OEA desean aprovechar su situación para intentar debilitarla y restarle atribuciones.
