EscucharEl Frente Nacional de Médicos y Cirujanos Privados y de la CCSS le solicitó este martes al presidente, Luis Guillermo Solís, que vete la reforma a la Ley Orgánica del Colegio de Médicos que aprobaron los diputados a finales de marzo.
En el mismo sentido se pronunció la Universidad de Costa Rica (UCR).
De manera separada, ambas organizaciones hicieron el llamado con el argumento de que la reforma legal afectará la atención médica de pacientes, en los centros médicos de la CCSS, así como la formación de especialistas en las universidades.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, informó este martes de que Casa Presidencial se tomará todo el tiempo que le confiere la ley para evaluar qué decisión tomará respecto del futuro del proyecto de ley. Por ahora no se descarta ni el veto ni el resello de la propuesta.
La ministra de Salud, Karen Mayorga, dijo que ella ha sostenido reuniones con los médicos generales que objetan el proyecto y con la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos, que lo defiende, y que se encuentra en un proceso de análisis de la iniciativa de ley junto con las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
En conferencia de prensa, los representantes del Frente alegan que la reforma ocasionaría un aumento en las listas de espera de la CCSS pues, según su interpretación, prohibiría a los médicos generales atender consultas y procedimientos que, actualmente, asumen en centros de salud públicos.
El artículo 5 del proyecto, aprobado en segundo debate en una comisión plena del Congreso a finales de marzo, restringe el acto de la atención médica como “un acto complejo, personal, libre y responsable, efectuado por el profesional médico, con conocimientos, destrezas y actitudes óptimas, legalmente autorizado y en beneficio del paciente”.
Casa Presidencial confirmó que evalúa si esa definición podría afectar la labor de los médicos generales de la CCSS, por ejemplo a quienes trabajan en los Ebáis.
Rouland Jiménez, líder del grupo de médicos, aseguró que eso ocurrirá a partir de los "requisitos y limitaciones" que podrá ponerle el Colegio a los profesionales en salud, si se firma la ley.
Pensemos en la zona rural. ¿Cómo usted va a obligar a una señora, cuando acude a la consulta médica, cuando su médico cirujano, que le manda a hacer un examen de papanicoláu, le diga: ‘señora, qué pena, yo no puedo realizar ese procedimiento. Usted tiene que ir a un hospital base, y una vez que lo tenga, yo le puedo dar su diagnóstico’”, dijo Jiménez.
El Frente, además, reprocha que el texto se haya aprobado en una comisión legislativa plena, en lugar de en el plenario. Aduce que, en ese foro legislativo, se modificó un 40% del proyecto de ley original, sin que hubiera suficiente publicidad de los cambios efectuados.
"Es una ley que no puede firmarse, ya que fue pasada a callado", manifestó Jiménez, representante del frente de médicos.
El Colegio de Médicos, promotor de la reforma legal, rechaza esas interpretaciones. La entidad sostiene que es falso que se vaya a limitar el ejercicio de la medicina. Niega, también, que se vaya a afectar a quienes ejercen en consultorios y clínicas privadas y que los cambios en el régimen sancionatorio de los médicos buscan salvaguardar a los pacientes.
"Queda claro que quienes se oponen a la reforma tienen intereses propios y no están velando por el interés público. Su objetivo es continuar a la libre en algunos actos que no son de su competencia y que ponen en riesgo a la población", sentenció el Colegio en un comunicado.
La UCR, por su parte, se opone a la reforma porque esta le quitaría la potestad de equiparar títulos extranjeros y se la pasaría al Colegio de Médicos. La Universidad alega que ese cambio causaría un detrimento en el control de la calidad de los profesionales que ejercen la medicina.
En un comunicado divulgado el mediodía de este martes, esa casa de enseñanza señaló que si la ley entra en vigor, cualquier persona que tenga un título emitido en el extranjero podrá laborar como médico en el país solo con presentarle su certificado de estudios al Colegio de Médicos, sin necesidad de que la UCR equipare el título, como acurre actualmente.
"Con la reforma, no se podrá garantizar la idoneidad del profesional”, manifestó en el comunicado Lizbeth Salazar, directora de la Escuela de Medicina de la UCR.
La entidad también se opone a que para ser docente de ciencias médicas se exija ser un integrante del Colegio de Médicos, por considerar que tal medida entraría en conflicto con las disposiciones de los colegios profesionales de otras ramas de la salud; así como a que se prohíba la superposición horarias a los docentes. La Universidad alega que esa limitación afectaría la formación de profesionales en medicina, debido a que por lo general, los profesores universitarios también se desempeñan como médicos en hospitales públicos.
