Grupos de defensa de las personas homosexuales calificaron de "ataque a los valores y principios de la democracia costarricense y la Constitución Política", la posibilidad de que el partido Restauración Nacional favorezca la contratación de heterosexuales en instituciones públicas en lugar de homosexuales, para evitar 'ofender a la mayoría de costarricenses’.
Así se pronunciaron las organizaciones Frente por los Derechos Igualitarios (FDI) y la Asociación Ciudadana ACCEDER, ante las declaraciones del candidato a la vicepresidencia, Francisco Prendas, en las que dijo que la elección de ministros o presidentes ejecutivos de una institución pública se haría bajo criterios de idoneidad y “moralidad heterosexual”.
Este martes, Prendas ofreció disculpas por lo que dijo y admitió que sus palabras pudieron interpretarse como discriminatorias.
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No obstante, ambas organizaciones expresaron su rechazo a la posición expresada el lunes por el compañero de fórmula del candidato Fabricio Alvarado y temen sufrir discriminación y persecución.
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"La intención de discriminar, excluir y perseguir personas por los motivos expuestos es un ataque directo a la dignidad de las personas LGBTI. También es un ataque a los valores y principios de la democracia costarricense y la Constitución Política", expresó el Frente por los Derechos Igualitarios, en un comunicado de prensa.
Para este grupo, lo que genera preocupación es "la intención partidaria de incumplir no solo con compromisos nacionales e internacionales del país sobre la obligación estatal de garantizar la igualdad de derechos y no discriminación de todas las personas, sino también el ataque a principios democráticos costarricenses, a la Constitución Política y a la normativa nacional laboral".
“Un partido político que cree en la supremacía de un grupo de personas, en razón de una característica particular, es una amenaza real para todas las personas que no comparten esa misma característica y para la democracia como un todo”, indicó Janekeith Durán, vocero del FDI.
Por su parte, ACCEDER defendió que la protección y respeto de Derechos Humanos son la base para la estabilidad política, económica y social de un país, por lo que externernaron su preocupación de que en un eventual gobierno de Restauración no se garantice la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos.
“Queremos que toda la población LBGTI sepa que no está sola y que su derecho a existir, a ser feliz y a tener oportunidades laborales como cualquier otra persona heterosexual y cisgénero, está protegida legal, constitucional y convencional en Costa Rica”, expresó Paula Artavia, vocera del grupo.
Ambas organizaciones enfatizaron en la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política, el cual señala que “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.
También mencionaron lo fijado en la Reforma Procesal Laboral, que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo por diversas razones, entre ellas, la orientación sexual o cualquier otra forma análoga de discriminación y la prohibición de despido por dichas razones (Artículos 404 y 406).
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La agrupación ACCEDER agregó que la llamada 'moral heterosexual' "se configura como una amenaza real para la convivencia en sociedad y las bases de la democracia costarricense, pero constituye, sobre todo, una amenaza real para los derechos humanos de todas la personas en Costa Rica".
"No podemos olvidar que Costa Rica es una democracia y no una teocracia en donde se pase por encima de la normativa que protege la dignidad de todas las personas", añadió.