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El Ministerio de Hacienda informó de que procura mantener un balance, entre la atención de la emergencia por el coronavirus y el pago de la deuda pública, con el fin de evitarle un colapso macroeconómico al país.
Así lo afirmó el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, al referirse al uso que el Gobierno le dará a los $880 millones (unos ¢500.000 millones) provenientes de préstamos internacionales, incluidos en el plan Proteger, con el cual se afrontará la emergencia.
De esa cifra, $500 millones (¢285.000 millones) corresponden a un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ya aprobado por la Asamblea Legislativa, y $380 millones (¢216.000 millones) a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), todavía pendiente de autorización en el Congreso.
El plan Proteger, con el que el Ejecutivo aspira a sumar ¢1 billón (un millón de millones), fue lanzado para atender las necesidades sanitarias y las consecuencias económicas de la pandemia del covid-19.
Sin embargo, después el gobierno admitió que los recursos también serían utilizados para pagar los gastos ordinarios del Gobierno Central, como salarios e intereses de la deuda.
A su vez, una parte del crédito del CAF sería usada para completar un primer paquete de subsidios para las familias golpeadas económicamente por el derretimiento de la economía, junto con otras fuentes de financiamiento como un aporte del Instituto Nacional de Seguros (INA), reacomodos de partidas del Gobierno y dinero proveniente de los precios de los combustibles.
El ministro Chaves no precisó cuánto dinero de los préstamos se destinará a cada rubro de atención de la emergencia; no obstante, indicó que los préstamos que se aprueben en el marco de la crisis se destinarán a buscar un balance.
“Es primordial que, en vista de la situación inédita que viven Costa Rica y el mundo, el país cuente con un fondo de liquidez que le permita enfrentar la emergencia provocada por Covid-19″.
“Mantener el balance entre atender las obligaciones en pago de deuda e intereses y la atención a las personas afectadas es fundamental para evitar un colapso macroeconómico”, afirmó el ministro en una declaración escrita, enviada por medio de la oficina de Prensa del Ministerio de Hacienda.
Chaves agregó que el dinero del CAF se usará en los términos establecidos en la ley que aprobó el préstamo, la cual establece que el objetivo de los recursos es contribuir a consolidar “una política pública que permita garantizar la sostenibilidad fiscal en el largo plazo, a través de una mejora en la gestión del sistema tributario y una mayor disciplina del gasto público”.
A los diputados, el Gobierno les prometió usar los recursos de las entidades multilaterales para atender la emergencia causada por el covid-19 y, si quedan recursos, para amortizar la deuda pública.
Solo para este año, el gobierno debe destinar ¢2 billones (millones de millones) a pagar los intereses de la deuda, es decir, más de un 20% del Presupuesto Nacional.
El endeudamiento crece continuamente y pone cada vez en mayores aprietos financieros a la administración.
En el 2019, la deuda pública alcanzó un 58,5% del producto interno bruto (PIB). No obstante, la calificadora de riesgo Moody´s estimó que, con la crisis del coronavirus, la cifra podría llegar al 66% del PIB este año y a un 70% en el 2021.
‘La economía colapsa y nos empobrecemos todos’
De acuerdo con Nogui Acosta, ex viceministro de Hacienda, un colapso macroeconómico significa que el gobierno se quedaría sin posibilidad de pagar a sus acreedores, lo cual, al final, terminaría empobreciendo a toda la población.
Para el 2019, el 78,2% de la deuda del Gobierno está contraída con acreedores nacionales, el 21,8% restante está en manos de inversionistas en el extranjero.
Acosta explicó que, cuando un gobierno no paga a las entidades que tienen títulos del gobierno, los mismos pierden valor, lo cual afecta primero los fondos de bancos, operadoras de pensiones e inversionistas, entre otros.
En Costa Rica, los principales compradores de bonos de deuda interna son la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los bancos de Costa Rica (BCR), Nacional y Popular.
Entonces, por ejemplo, los bancos corren el riesgo de perder liquidez y ser intervenidos o quebrar, lo cual, a la vez, puede desatar una crisis de confianza y afectar el flujo de recursos que permite financiar a los deudores y empresarios con los recursos que depositan los ahorrantes.
Y, si no hay financiamiento para los sectores productivos, tampoco hay empleo ni capacidad adquisitiva entre la población.
“La economía como un todo colapsa y nos empobrecemos todos”, afirmó Acosta.
Si el gobierno de un país deja de honrar sus deudas, se queda prácticamente sin posibilidades de acceder a financiamiento de terceros y Costa Rica depende de ese tipo de ingresos.
