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El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó haber firmado un acuerdo con el gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Jaime Barrantes, para que ambas instituciones negocien la deuda del Estado con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Se trata de una carta de entendimiento firmada en el mes de abril. La rúbrica del ministro de Hacienda tiene fecha del día 12 y la del gerente de la Caja, es del 18 del mismo mes.
El documento contiene el protocolo que debe seguir la Caja para suministrar al Ministerio de Hacienda la información de las planillas de pensiones del IVM. En este, se detalla el formato y el orden en el que se deben presentar cada uno de los datos. Empero, no se precisa un plazo específico para el suministro de la información. La única indicación es que la misma debe ser trasladada “en tiempo y forma”.
Acosta se refirió al convenio, el pasado miércoles, durante una comparecencia en la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios. Allí volvió a poner en duda la veracidad de la información con la cual la Caja sustenta los cobros al Estado.
“Lo que cobra la Caja no necesariamente es real. Digo esto, porque nos encontramos situaciones como la de una persona que falleció en 1950, o sea, tres años después que se creó el IVM y sigue apareciendo en los cobros”, indicó el jerarca.
El auditor interno de la Caja, Ólger Sánchez Carrillo, estimó en más de ¢3,7 billones (millones de millones) la deuda del Estado con la Caja, hasta febrero del 2024. Del monto total, el 82% corresponde al Seguro de Salud; mientras que el restante 18% pertenece al IVM.
De acuerdo con Sánchez, el adeudo para Salud es de ¢3.054.938,3 millones y el del IVM es de ¢661.078,6 millones.
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Ante consulta de La Nación, el gerente de Pensiones de la Caja, Jaime Barrantes, explicó que la carta de entendimiento era necesaria “para que el Ministerio de Hacienda incorpore a sus acciones algunas características propias del tema de pensiones, indispensables para hacer correctamente las validaciones de los datos”.
“Dado que la deuda del Estado con el IVM obedece especialmente a las cuotas (aporte tripartito) del Estado como tal y las cuotas complementarias de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios, lo que se requiere es que Hacienda y Caja concilien y validen los datos suministrados por el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), dado que estos datos se basan en la masa cotizante de estas poblaciones”, dijo.
Barrantes aseguró que ya se remitió la información de los años 2015-2018. En cuanto a los datos del 2019 en adelante, estos se aportarían “en el momento en que el Ministerio los solicite”.
Indicó que el suministro de dicha información lo realiza la Gerencia Financiera de la Caja.
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Diputados fustigan falta de avance
El anuncio del ministro sobre la carta de entendimiento no evitó que los diputados de Hacendarios lo cuestionaran por la falta de avance para lograr un acuerdo definitivo sobre la deuda.
Paulina Ramírez, presidenta de ese foro, fustigó al jerarca por haber afirmado, al inicio de la administración, que iba a trabajar en el tema, pero que aún no hay resultados.
“Ya han pasado dos años y no tenemos un porcentaje de revisión que usted nos pueda decir: ‘hemos revisado tanto y hemos determinado tanto’. Eso es lo que queremos escuchar, no los problemas que hay, que ya históricamente se conocen, deberían haber equipos sentados, verificando datos y definiendo montos a pagar”, externó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).
La verdiblanca aseguró que la Comisión podría dedicar una sesión exclusivamente a la deuda del Estado con la Caja, por considerar el tema de carácter sensible y al que se le debe buscar una solución.
Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), calificó de excusas los argumentos brindados por Acosta e insuficientes, considerando que la administración ya superó su segundo año.
“No nos vengan a contar que la Caja no quiere ponerse de acuerdo, porque el gobierno pone a la presidencia de la Caja, hagan el trabajo. Nadie está pidiendo que paguen pasado mañana esa deuda gigantesca, pero sí que hagan el trabajo”, reclamó.
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Similar malestar expresó José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR). El congresista hizo referencia a dos actas del foro, una del 2022 y otra del 2023, en las cuales, en su criterio, el Poder Ejecutivo dio la misma versión, “todavía no sabemos cuánto es lo que hay que pagarle a la Caja”.
“Nos hablaron que en el 2023 iba a existir un plan de pagos y bueno, seguimos esperando que tabulen el monto, que el propio Ejecutivo se siente con el Ejecutivo para decirle cuánto le debo y conciliemos saldos. Van dos años y a como lo veo, el otro año estaremos diciendo lo mismo”, protestó Sibaja.
Acosta recordó a los parlamentarios que el 21 de diciembre del 2023, su persona firmó un acuerdo de pago con la Caja por ¢51.738 millones.
Empero, el jerarca indicó que no se han podido transferir a la Caja ¢23.549 millones, el 45% de la totalidad del monto acordado, debido a que la institución de seguridad social no ha logrado que se le apruebe un presupuesto extraordinario.
Este medio solicitó una declaración a la Caja sobre la afirmación del ministro, pero no se logró una respuesta. Estos recursos deben ser destinados al abono de la deuda con el Seguro de Salud.
Los restantes ¢27.000 millones que forman parte del convenio irían al IVM, pero el documento señala que su desembolso depende que tanto Hacienda como la Caja revisen de nuevo los registros que sustentan los cobros al Estado y sobre los cuales Hacienda ha presentado algún reclamo.
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Efecto de los cobros de la CCSS
Acosta asistió a la Comisión de Hacendarios para referirse a la liquidación de ingresos y egresos del presupuesto de la República 2023.
Durante esa comparecencia, el ministro responsabilizó a los cobros de la Caja por el señalamiento que hizo la Contraloría General de la República (CGR) de que el déficit financiero se encuentre subestimado en al menos 1,0% del Producto Interno Bruto (PIB) para el ejercicio 2023.
“Nosotros no tenemos certeza de qué nos va a cobrar la Caja, manda una factura y dice que tenemos que incorporar cierto monto al presupuesto, nosotros incorporamos lo que tenemos capacidad de poder hacer”, alegó.
Respecto al señalamiento que hizo la Contraloría de que no se registraron transferencias corrientes a la Caja por ¢462.394 millones, Acosta respondió que no puede pagar algo que no está dentro del presupuesto de la República.
“El Ministerio de Hacienda no puede violentar el principio de universalidad, ustedes nos aprueban a nosotros un presupuesto y nos tenemos que ceñir a ese presupuesto. Estas platas que manda la Caja a cobrar no están presupuestadas porque no corresponden a gastos que uno pueda identificar, no podríamos pagarlo aunque quisiéramos, porque no están dentro del presupuesto de la República”, explicó.
Igualmente, indicó que los ministerios no pueden pagar facturas por montos que no están incluidos en su respectivo plan de gasto autorizado, de forma tal que “si la Caja decide que son 10 y no cinco, no puede pagar los otros cinco”.
“Esa es la razón por la cual, muchos de los gastos que la Contraloría dice que se tienen que registrar, no podemos registrarlos porque no podemos pagarlos”, aseguró.
