El Ministerio de Hacienda les comunicó a los diputados que el gobierno necesita conseguir ¢4,4 billones prestados para cubrir los gastos del 2020.

Así lo expone una carta enviada por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, a Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), al filo de la tarde de este miércoles.

La misiva tiene por objetivo explicar al PLN la necesidad de que el Congreso apruebe el préstamo de $380 millones (¢220.000 millones) otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el cual se discutiría este jueves en el plenario.

Segun el documento, el Gobierno Central requiere un financiamiento equivalente al 12,45% del producto interno bruto (PIB).

Un 7,06% (¢2,5 billones) sería obtenido mediante préstamos de organismos internacionales y un 5,39% (¢1,9 billones) con colocaciones de bonos de deuda pública en el mercado local.

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Al justificar la necesidad de endeudamiento, Chaves les argumenta a los diputados que los ingresos recolectados por impuestos caerán en ¢975.000 millones este año, lo que equivale a más del 9% del presupuesto de ¢10.5 billones del 2020.

La disminución se debe a la contracción económica por la crisis del coronavirus y a la moratoria de impuestos impulsada por el gobierno y aprobada por el Congreso al inicio de la pandemia.

Según la carta, de mayo a diciembre, el Gobierno Central estima gastar ¢7,25 billones, incluyendo los ajustes hechos con el primer presupuesto extraordinario aprobado por la Asamblea Legislativa el 24 de abril.

Ese monto incluye ¢2,2 billones en transferencias a otras instituciones, ¢1,6 billones en salarios, ¢1,4 billones en amortizaciones, ¢1,2 billones en intereses, ¢567.000 millones en gasto de capital y ¢197.000 millones en bienes y servicios.

Rodrigo Chaves afirma que la presión sobre el gasto y la caída de los ingresos tributarios obligan a su cartera a requerir financiamiento por el orden de los ¢4,4 billones.

“El contexto actual de la crisis sanitaria y económica nos obliga a racionalizar el gasto y a hacer un uso responsable de la política fiscal”, dice en de la carta.

En cuanto al crédito del BID-AFD, Chaves se compromete a destinar ¢33.000 millones de ese crédito a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y ¢184.360 millones, el dinero restante, a amortizar de la deuda pública.

El aporte para la CCSS pretende compensar la reducción en las cargas sociales a los patronos y trabajadores golpeados por la crisis.

Hacienda se comprometió a enviar a la Asamblea un segundo presupuesto extraordinario que incorpore el uso de los recursos del préstamo BID-AFD y un recorte presupuestario de gasto operativo y transferencias, sin que por ahora se detallen montos.

Además, ese segundo presupuesto extraordinario incluiría una detalle de la reducción en los ingresos tributarios y un aumento en la autorización de endeudamiento, según la carta.

Medidas sobre el gasto

Por otra parte, el ministo de Hacienda pide apoyo a los diputados para aprobar leyes de ajuste de gasto.

Menciona el plan que eliminaría las anualidades del sector público correspondientes al 2020 y que generaría un ahorro de ¢11.000 millones.

A la vez, Chaves promete a enviar un proyecto de ley para eliminar exenciones fiscales como la exención de renta del salario escolar y la exoneración a los premios de lotería.

“Esto permitirá hacer viable que se posponga la entrada en vigencia del IVA a la canasta básica tributaria por seis meses, posponiendo su vigencia para el mes de enero 2021”, justifica el ministro.

En la misma línea, el jerarca enviaría el proyecto de Hacienda Digital para el Bicentenario, el cual consiste en obtener un préstamo de $156,6 millones para actualizar los sistemas de recaudación que ahora tiene Hacienda.

Según Chaves, ese plan le “dará herramientas necesarias al Ministerio de Hacienda para luchar contra el flagelo de la evasión fiscal”.

En cuanto a las reformas estructurales, la carta dice que el gobierno “está afinando los detalles” de algunos proyectos de ley para ser presentados “próximamente”.

Estos serían la reforma al sistema de empleo público, el proyecto de fusión, reconcentración o cierre de órganos desconcentrados, un plan de venta de activos del Estado y una propuesta para fusionar las superintendencias generales.