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El Ministerio de Hacienda omitió entregar a la Fiscalía y a la Sala IV un informe interno que descarta el supuesto “megacaso” de evasión fiscal que una denuncia anónima atribuyó a la sociedad Beta Matrix S. A., propiedad del empresario Leonel Baruch Goldberg.
Baruch es presidente de las juntas directivas del medio de comunicación CRHoy y del Banco BCT. También fue ministro de Hacienda entre 1998 y 2001 en la administración de Miguel Ángel Rodríguez.
El informe no aportado por Hacienda a la Fiscalía y Sala IV concluyó, en octubre de 2022, que la denuncia contra Beta Matrix S. A. debía ser archivada porque “no se tienen elementos suficientes, más allá del argumento del denunciante y las pruebas aportadas por este, para considerar que exista un perjuicio fiscal”.
El documento indicó que la sociedad está debidamente inscrita y cumplió con sus obligaciones, además de que las supuestas pruebas aportada en la denuncia anónima eran “simples” operaciones comerciales.
El documento lo elaboró Gustavo Solano Morales, funcionario de la Subdirección de Control de Procesos Fiscalizadores, el 26 de octubre del 2022, como un “cierre de gestión de la denuncia recibida”. Lo revisó Gregory Enríquez Vargas, subdirector de Procesos de Fiscalización, y lo aprobó Karla Salas Corrales, jefa de Fiscalización.
El informe está fechado 16 días después de que Hacienda envió a la Fiscalía la denuncia sobre la supuesta evasión fiscal, el 10 de octubre. No obstante, una vez hecho el análisis, el Ministerio no lo aportó al expediente judicial 22-000070-0621-PE.
Hacienda disponía del documento cuando el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, y el director general de Tributación, Mario Ramos Martínez, anunciaron al país el traslado de la denuncia sobre un supuesto “megacaso de evasión fiscal” vinculado a un banco, según dijeron el 19 de enero del 2023, casi tres meses después.
Baruch, economista de 68 años, atribuyó lo acontecido a su relación con el medio digital CRHoy y la posición crítica que este medio mantiene hacia el Gobierno. “Es importante que se vaya evidenciando el abuso de poder, por parte del Gobierno, en su afán de dañar a las personas que consideran sus enemigos por no ser complacientes con sus demandas autoritarias”, declaró el empresario el 2 de junio.
‘Simple y llanamente operaciones comerciales’
El informe de Hacienda explica que las pruebas aportadas por el denunciante anónimo corresponden a “simple y llanamente operaciones comerciales, las cuales son en tesis de principio legítimas, según el Derecho Comercial y, por un principio de buena fe, se tendría que entender que están actuando legítimamente”.
El análisis de Hacienda descartó que se tratara de “obligados tributarios ocultos u omisos, ya que ha quedado demostrado que la sociedad Beta Matrix, para el periodo fiscal en que supuestamente se dan los hechos denunciados, estaba debidamente inscrita ante la Administración Tributaria y cumpliendo con sus obligaciones formales y materiales”.
Luego de llegar a esas conclusiones, la Subdirección de Control de Procesos Fiscalizadores determinó que el caso se debía archivar con base en el artículo 69 del Reglamento de Procedimiento Tributario. Ese reglamento establece que “se debe archivar, sin más trámite, aquellas denuncias que no especifiquen ni concreten suficientemente los hechos denunciados”.
Según agrega el documento, los hechos estaban prescritos a nivel administrativo porque datan del periodo 2008-2015 y no se podía ampliar el plazo de la prescripción de cuatro a diez años porque no se cumplía con ningún de los supuestos del artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Ese artículo permite extender la prescripción cuando los responsables no están registrados ante Tributación, o bien, cuando los registrados hayan presentado declaraciones calificadas como fraudulentas, o no hayan presentado las declaraciones juradas.
“Por consiguiente y basados en el análisis de la denuncia, las pruebas e información que se ha tenido a la vista, al estar ante periodos prescritos para la Administración Tributaria y que no existan los presupuestos del párrafo segundo del artículo 51 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, además de lo tipificado en el artículo 69 del Reglamento de Procedimiento Tributario, para efectos de esta oficina se debe archivar sin más trámite la presente denuncia”, dice el informe de cierre de gestión.
Los hallazgos de este informe los reveló un comunicado emitido por Leonel Baruch, este martes 13 de junio, con base en la documentación enviada a él por Hacienda.
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La denuncia anónima, recibida por la Dirección General de Tributación el de 5 de agosto del 2022, indicaba que una empresa domiciliada en Costa Rica trasladó a una empresa holding vinculada, domiciliada en Panamá, $65 millones (¢11.000 millones), y que ambas empresas pertenecen a la misma persona física.
“A su vez, una entidad financiera panameña, también vinculada a la misma persona física y a la empresa costarricense, efectuó un préstamo por $65 millones a esta empresa. La garantía por tal préstamo fue brindada por la empresa holding panameña”, había informado el Ministerio de Hacienda.
En varias ocasiones, la más reciente el miércoles 6 de junio, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha hablado del supuesto “megacaso” atribuyéndoselo al Banco BCT, que nunca fue mencionado en la denuncia. El día 6 de junio, incluso preguntó públicamente al fiscal general, Carlo Díaz, qué ha pasado con el caso.
Fuera de expediente judicial
Si bien el informe de Hacienda que descarta el “megacaso” fue emitido hace siete meses, no consta en el expediente de la Fiscalía ni fue aportado a la Sala Constitucional por Hacienda cuando los magistrados le dieron audiencia al ministro Nogui Acosta y al director de Tributación, Mario Ramos. A ambos los citaron para que se refirieran a un recurso de amparo interpuesto por Leonel Baruch.
El empresario argumentó que Hacienda no le dio acceso, pese a sus peticiones, al informe técnico que debió fundamentar el traslado al Ministerio Público de la denuncia anónima en su contra.
Bajo juramento, el ministro Nogui Acosta aseguró que sí se realizó un informe para determinar si se cometió un delito fiscal. Lo dijo en una comparecencia en el plenario legislativo, el 31 de enero.
El 2 de junio, la Sala IV ordenó a Nogui Acosta entregar el estudio técnico al accionista de CRHoy, en un plazo de cinco días. Baruch sostiene que aún no ha recibido el análisis que justificó el envío de la denuncia sobre un fraude de ¢11.000 millones a la Fiscalía.
El empresario se percató de la existencia del otro análisis, el que recomendó archivar la denuncia, porque este es mencionado en otro documento que sí forma parte del expediente judicial.
Se trata del oficio MH-DGT-DF-OF-0123-2023, del 17 de abril del 2023. Esta es una respuesta enviada a la Fiscalía por Giovanni Enrique Tencio Pereira, director de Fiscalización de la Dirección General de Tributación, a raíz de varios requerimientos hechos por el Ministerio Público seis semanas antes, el 2 de marzo.
Baruch sostiene que ese oficio contiene falsedades y carece de pruebas, pero menciona por primera vez la existencia del informe de octubre del 2022.
El 3 de mayo, Baruch solicitó el documento mediante sus abogados. Ocho días después, el 16 de mayo, el informe le fue suministrado por el propio director de Fiscalización.
En el oficio de respuesta, el MH-DGT-DF-OF-0151-2023, Tencio Pereira remite el documento, aunque hace la salvedad de que ese no es el estudio técnico que reclama Leonel Baruch ante la Sala IV
El director de Fiscalización insistió en que el informe de cierre de gestión no puede “asimilarse al presunto estudio técnico solicitado”, porque se emitió 16 días después de que se trasladó la denuncia a la Fiscalía.
Alegó que, por esa razón, el informe no se le entregó a la Sala IV y que no forma parte del expediente en el Ministerio Público porque “no ha sido requerido como parte de la investigación que realiza esa entidad”.
Fue Baruch quien, una semana después de recibir el informe de octubre del 2022, entregó el documento a la Fiscalía.
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Desestimación en Fiscalía
El 2 de enero del 2023, el Ministerio Público solicitó desestimar el supuesto “megacaso” de evasión fiscal y se lo informó siete días después, el 9 de enero, al director de Tributación, Mario Ramos Martínez.
Pese a esa comunicación, 10 días después, el 19 de enero, Ramos anunció junto con Nogui Acosta, en conferencia de prensa, el envío de la denuncia sin mencionar la desestimación.
Esa omisión fue minimizada por el presidente Rodrigo Chaves, quien cuestionó la imparcialidad de la fiscala Criss González, quien solicitó la desestimación.
Entre otras cosas, Chaves afirmó que González tenía un conflicto de intereses pues, según él, fue subalterna de Baruch cuando este dirigió Hacienda. Esta y otras afirmaciones del mandatario fueron posteriormente desmentidas por la fiscala.
En un comunicado de prensa, González explicó que ella ni siquiera conoce a Baruch. Lo que pasó es que, en 1999, trabajó en la Dirección Jurídica de Hacienda, bajo la dirección de la licenciada Dagmar Hering.
Por las manifestaciones de Chaves, Cris González fue separada del caso y se le abrió una investigación a lo interno del Poder Judicial.
No obstante, el Tribunal de la Inspección Judicial no encontró ninguna actuación anómala de su parte. Así consta en la resolución 2023-001072, emitida el 30 de marzo, en la que se desestimó la causa y se ordenó archivar el expediente.
Ese órgano determinó que no hay elementos que configuren una falta disciplinaria administrativa por parte de la fiscala adjunta de Delitos Económicos.
En tanto, a principios de febrero, la Procuraduría General de la República apeló la decisión de desestimar el caso y un juez ordenó a la Fiscalía determinar qué hace con el expediente, si lo abre, continúa con la investigación o mantiene la desestimación.
