El proyecto presentado por el diputado independiente Dragos Dolanescu para reducir a la mitad el impuesto a la propiedad de vehículos dejaría un hueco de ¢80.000 millones en las finanzas del Estado.

Así lo advirtió el ministro de Hacienda, Elian Villegas, en un oficio enviado este miércoles al presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, el liberacionista Roberto Thompson.

Villegas también señaló que la iniciativa no establece una "fuente alterna de recursos que permita cubrir el faltante que implicaría dicha reducción”.

La nota del jerarca llegó en momentos en que la mayoría de diputados de ese foro pretenten agilizar el trámite de la iniciativa, aunque todavía no han planteado formalmente consultas sobre su contenido.

El plan de Dolanescu pretende, básicamente, reducir en un 50% el impuesto a la propiedad de los vehículos, con el cual se prevé recaudar ¢160.000 millones este año.

Dicho tributo es uno de los elementos incluidos en el pago del marchamo, que según la exposición de motivos del proyecto número 22.085, representa el 64% del monto total.

Otros componentes son el seguro obligatorio automotor (SOA) con un 22%, el aporte al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) con un 5,7% y el impuesto al SOA y el timbre de fauna y scouts (4,7%).

Además, se incluyen los aportes del 1,7% al Consejo de Transporte Público (CTP), del 1,42% para parquímetros y del 0,46% para la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

A diciembre del 2019, el INS reportó que 1,56 millones de dueños de vehículos estaban obligados a pagar el marchamo.

Impacto perjudicial

El ministro de Hacienda sostuvo que la rebaja propuesta en el impuesto a la propiedad de vehículos significaría una pérdida equivalente al 0,23% del producto interno bruto (PIB) en la recaudación.

Para cubrir ese faltante de recursos, indicó, el Gobierno tendría que recurrir al mercado interno de financiamiento, con un consecuente pago de intereses a una suma superior al 7% anual.

"Como es de su conocimiento, el país pasa por un periodo de reducción en la recaudación tributaria y, por esa razón, el Gobierno de la República está planteando la necesidad de un proceso de ajuste fiscal.

“En medio de esta discusión, es importante indicar que la reducción de una fuente de ingresos para la Hacienda Pública tendría un impacto perjudicial”, sostuvo el jerarca.

La falta de esa fuente alterna es la que causaría esas “repercusiones negativas a la hacienda pública” que advierte el jerarca.

En su nota, aseguró que el impuesto a la propiedad de los vehículos tiene “efectos progresivos”, porque el monto que se paga va en relación directa con el valor de mercado del vehículo.

Lo anterior significa, según Hacienda, que funciona como un impuesto al patrimonio y no que se pague por la circulación del automóvil. A mayor valor del vehículo, mayor el impuesto.

Al respecto, el diputado Roberto Thompson aseguró, en la comisión de Económicos, que la carta de Villegas no llegó a su despacho antes de iniciar la sesión.

También rechazó una acusación de la legisladora Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), de que se quería esconder la nota.

Thompson adujo que Hacienda ya había tenido semanas para manifestarse sobre el proyecto “como era usual en la gestión del Gobierno”.

Ante esto Vega le dijo, fuera de micrófonos, que no se le había hecho consulta oficial y el verdiblanco adujo, entonces, que Servicios Técnicos no daba esa consulta como obligatoria.

Zafarrancho en comisión

La comisión legislativa de Asuntos Económicos acordó, este miércoles, posponer el trámite de un proyecto para rebajar la deuda política con el fin de entrar a debatir el plan sobre el marchamo.

Paola Vega, diputada oficilialista, atacó la intención de apurar el trámite del proyecto, sin que se hayan hecho consultas, “irresponsablemente, sin criterios ni informe de Servicios Técnicos y que acaba de entrar en el orden del día”.

“Supongo que, entre pasillos, se pusieron de acuerdo algunos diputados, sin incluir ni tener siquiera la cortesía de informarles a nuestros asesores”, fustigó Vega.

Reclamó que con mañas se pretendiera atrasar el proyecto para reducir el aporte del Estado a la campaña política y que se rompió toda la cortesía dentro de la comisión.

Luis Ramón Carranza también reclamó por la descortesía de no informarles sobre ese proyecto que afecta los recursos del Estado y agregó que ni siquiera la parte involucrada fue consultada.

“No solo se violenta la cortesía parlamentaria, sino que se atropella para ver un proyecto sin medir las consecuencias y cómo está afectando”, comentó.

Ante los reclamos, Thompson alegó que las 16 mociones de fondo sobre el proyecto de deuda política llegaron a Económicos a las 11 a. m. y que ningún legislador había podido verlas.

“Es importante que quede en actas y yo me comprometo, esto no tiene sentido de retrasar revisión de mociones, sino avanzar. Podemos dar oportunidad de que todos revisemos las 16 mociones”, comentó.

Luego, el liberacionista dijo que, según informe de Servicios Técnicos, la única consulta obligatoria que se debía hacer era al Instituto Nacional de Seguros (INS) que ya constaba en el expediente.

Vega refutó ese criterio, pues dijo que aunque el impuesto lo recaude el INS, el dinero entra a Hacienda y, en todo caso, el afectado sería ese Ministerio.

“Me parece inaceptable las lecturas superficiales de los proyectos que hace Técnicos”, añadió.

En ese punto, Thompson respondió que estaba de acuerdo con ella y que le pediría una revisión a Servicios Técnicos.

Mientras tanto, Pablo Abarca, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), recomendó que se avanzara con el dictamen y, luego, enviar el proyecto a consultas.

PLN y PUSC acusan a Vega de obstrucción

La liberacionista Franggi Nicolás aseguró que su ánimo, a diferencia del PAC, no era el de obstaculizar el proyecto para reducir a la mitad el impuesto a los vehículos.

De hecho, el PLN aseveró en su cuenta oficial en Twiitter que las 16 mociones presentadas por el oficialismo en Asuntos Económicos tenían la intención de atrasar la iniciativa.

“No solamente el Estado está en crisis, la gente también está en crisis. Yo no sé si ustedes han sido testigos, yo sí lo he visto con mis propios ojos, las peripecias por las que pasan para ver como diantres pagan un marchamo, que ya es suficientemente caro”, dijo la puntarenense.

A pesar de que el marchamo no sea un impuesto a la circulación, sino a la propiedad de vehículos, Nicolás enfatizó en que sí considera justo que la gente pague menos por no haber podido salir a la calle por las medidas de restricción.

“La gente no ha usado las carreteras la misma cantidad de tiempo”, dijo y alegó que “lo menos que quieren los diputados es ser irresponsables con el erario público”.

Luis Ramón Carranza, del PAC, añadió que si los diputados tienen la intención de quebrar las arcas públicas, que lo digan claramente.

Pablo Abarca, del PUSC, también acusó a los oficialistas de atrasar el avance del proyecto, y apuntó que ya es hora de darle algo al Estado.

“No estoy pensando en este proyecto por beneficiar a los millonarios”, apuntó.

“Es una injusticia que en este año se les cobre la totalidad del marchamo a los miles de costarricenses, que se han visto afectados por la pandemia. Hay que pensar en el bolsillo y las finanzas de los hogares, que en muchos casos ni tan siquiera van a tener aguinaldo, o recursos para hacerle frente a este pago”, adujo Abarca.