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El hospital Max Peralta de Cartago confirmó que denunció el año pasado, ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el parto de una niña de 13 años, madre de la bebé que fue secuestrada en Cervantes de Alvarado y que actualmente está desaparecida.
El centro médico agregó que, según consta en documentos, el PANI autorizó la salida de la paciente del hospital, al tiempo que las autoridades hospitalarias emitieron recomendaciones para un abordaje interinstitucional y prioritario de la madre y su hija.
El nacimiento se produjo en julio del 2022. La doctora Krisia Díaz Valverde, directora del Max Peralta, informó de que, desde el primer contacto con la menor embarazada, se activaron los protocolos correspondientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y se enviaron todas las alertas, para dar protección a la adolescente madre y su hija.
“Podemos decir que la actuación de nuestros equipos interdisciplinarios fue pronta, tanto para atender las necesidades y darles las mejores condiciones, como a la hora de gestionar la intervención de la autoridad competente (Patronato Nacional de la Infancia)”, agregó la directora del hospital.
En conferencia en Casa Presidencial, al consultársele si el PANI recibió la denuncia del Max Peralta, la presidenta de la institución y ministra de la Niñez y Adolescencia, Gloriana López Fuscaldo, dijo que no se referiría al tema porque estaba bajo investigación interna.
A su vez, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, exigió una investigación exhaustiva y sentar responsabilidades administrativas: “Si hubo denuncias, llamadas, avisos y el PANI no hizo nada, alguien tiene que responder y dar cuentas”.
Según la legislación, las relaciones con niñas de menos de 13 años constituyen violación, lo que acarrea de 10 a 16 años de cárcel.
En tanto, la Ley de Relaciones Impropias impone hasta seis años de prisión a quienes que tengan vínculos con menores de 13 a 15 años, cuando la diferencia de edad supere los cinco años.
Por último, se castiga hasta con tres años de cárcel a los hombres que tengan relaciones sexuales con adolescentes de 15 a 17 años, si la diferencia de edad entre ambos es de siete años o más.
El principal sospechoso de la sustracción de la bebé, Keibril Amira García Amador, es un hombre de 33 años de apellido Casasola, padrastro de la mamá de 13 años. A este hombre las autoridades judiciales le impusieron seis meses de prisión preventiva mientras se le investiga.
Él estaba por ser sometido a una prueba de paternidad que confirmaría su posible parentesco con la bebé. Si la prueba resulta positiva, también se le imputaría por violación, en perjuicio de la adolescente que dio a luz.
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La ministra de Niñez y Adolescencia sostuvo que el proceso se encuentra en una etapa de investigación clave. “En ese sentido, tengo que repetir, en el Patronato estamos investigando cómo fue la actuación del mismo”, dijo.
Gerente de CCSS: Se actuó conforme a los protocolos
Según el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Randall Álvarez, el hospital de Cartago actuó conforme el Lineamiento de atención para personas menores de edad de la CCSS, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y Lineamientos de atención integral de las personas adolescentes de la CCSS.
En tanto, la ministra López Fuscaldo dijo que la prioridad es hallar a la bebé y preservar la integridad física y emocional de la adolescente, que en este momento está bajo resguardo del PANI, “donde yo he pedido particularmente que no haya televisión, para que ella no tenga esta exposición a su integridad emocional”.
“Hemos tenido toda clase de solicitudes de información, pero ustedes entenderán, señores y señoras periodistas, que yo no puedo bajo ningún concepto, estando en etapa de investigación clave, poner en riesgo esta investigación”, continuó.
‘Yo a usted le pedí una investigación’
En la misma conferencia de prensa, el mandatario Chaves le dijo a la presidenta del PANI:
“Yo a usted le pedí por favor una investigación dentro del PANI. Yo sé que usted no puede estar metida en cada casa, pero un caso es demasiado y puede ser que se nos pase.
“Lo que no tenemos es una evaluación y usted va a rendir cuentas pronto; yo sé que la niña quedó embarazada cuando usted no era presidenta ejecutiva, la violación, porque no fue que quedó embarzada, la violaron.
“Quiero saber si hubo denuncias en el PANI, si no hubo denuncias, pueblo de Costa Rica veámonos en un espejo. Si nadie llamó y vimos esto, veámonos en un espejo, porque eso es ser cómplice, quedarse callado es ser cómplice”.
El PANI trabaja en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), continuó la ministra, y “la información que se brinde a la opinión pública está sujeta a lo que determinen el OIJ y la Fiscalía Adjunta de Cartago”.
