EscucharEl Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) aseguró que se encuentra maniatado para vender los bienes decomisados al crimen organizado, lo cual provoca que fincas y vehículos se deterioren y devalúen mientras están en dominio de la entidad.
El director del ICD, Fernando Ramírez, explicó que el artículo 20 de la Ley de Delincuencia Organizada limita su margen de acción, debido a que establece que los bienes decomisados bajo el proceso de capitales emergentes deben ser congelados registralmente hasta que se resuelva la causa judicial por la que fueron inmovilizados.
Por ese motivo, Ramírez señaló que es necesario que los diputados de la Asamblea Legislativa impulsen el proyecto de ley 22.834, presentado en diciembre de 2021, que pretende dar al instituto la posibilidad de poner a la venta los bienes confiscados aunque no haya una sentencia en firme.
Este martes 30 de mayo, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales lamentó la lentitud del ICD para aprovechar los $2,7 millones, ¢369 millones, 7 vehículos y 3 fincas que han decomisado desde 2018 hasta hoy, a personas que no pudieron probar el origen lícito de estos recursos.
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No obstante, Ramírez Serrano explicó que esta situación se sale de sus manos, debido a que la ley de crimen organizado permite como medida cautelar el secuestro de bienes y su inmovilización registral.
“Cuando se trata de dinero, se traslada al ICD y nosotros podemos invertirlos en depósitos a plazos (aunque no haya una sentencia en firme aún); pero, cuando se trata de bienes muebles o inmuebles, se restringe al ICD la posibilidad de disponer del bien”, detalló el director.
Ramírez dio como ejemplo los bienes decomisados a Alejandro Jiménez González, alias Palidejo, quien descuenta actualmente una pena de 50 años de prisión por el asesinato del cantautor Facundo Cabral.
“En el caso de Palidejo, inicialmente se llevó un proceso por legitimación de capitales. Mientras los bienes decomisados estuvieron en el depósito judicial provisional, el ICD los puso a la venta, pero no hubo ninguna persona oferente.
“Sin embargo, el proceso penal no tuvo resultados y lo trasladaron a capitales emergentes. Una vez ahí, los bienes fueron inmovilizados registralmente y no podemos disponer de ellos hasta que la causa finalice en el contencioso administrativo, dentro de la figura de capitales emergentes”, lamentó Ramírez.
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Por este motivo, las casas, fincas y vehículos permanecen ociosos y se deterioran con el tiempo, según explicó a este medio el fiscal coordinador de la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, Ólger Calvo.
“No es bueno que los muebles e inmuebles, vehículos de alta gama y propiedades que se van incautando, estén ahí deteriorándose o, incluso, siendo objeto de precarismo o abandono”, expuso el fiscal.
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Tanto el fiscal Ólger Calvo, como el director del ICD, Fernando Ramírez, coinciden en la necesidad de que se apruebe el proyecto de ley 22.834.
“El proyecto se encuentra en corriente legislativa, el ICD fue consultado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. La iniciativa pretende modificar el artículo 20 para que se puedan disponer de manera anticipada esos bienes muebles e inmuebles. Esa iniciativa legal salió del Ministerio Público, desde la Fiscalía de Legitimación de Capitales”, detalló Ramírez.
Por su parte, Calvo reconoció que la propuesta “ha tenido muy buena acogida en la Asamblea, esperamos que esté prontamente aprobada. Tiene que ver con reforzar el tema cautelar sobre los bienes y ampliar los medios de notificación para la persona titular de los bienes sospechosos, entre otros.
“Con esa reforma tendríamos un músculo fornido para perseguir las finanzas de origen ilícito”, concluyó el fiscal.
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