ICE opuesto a aportar ganancias para atenuar deuda pública

De acuerdo con los gerentes Hazel Cepeda y Juan Carlos Pacheco, la única manera de hacer una contribución al Poder Ejecutivo sería cargar ese aporte a las tarifas eléctricas. Así lo comunicaron los jerarcas a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

“Si al ICE se le incluye un impuesto (aporte estatal a la deuda pública), necesariamente tendría que pasar eso a la tarifa para poder trasladar los recursos y hacer esa contribución. Como el artículo 2 prohíbe explícitamente pasar esa contribución a la tarifa, sencillamente no tendríamos recursos, porque la tarifa (actual) únicamente reconoce los costos directos para brindar el servicio (así como el rédito para el desarrollo)”, afirmó Pacheco, gerente financiero de la entidad.

De esa manera, el Instituto se opuso al proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo, para que 14 empresas estatales aporten, en conjunto, ¢72.600 millones anuales al servicio de la deuda, por un periodo de cuatro años.

Al igual que el ICE, los bancos de Costa Rica (BCR) y Nacional (BN) también se opusieron a la propuesta. No obstante, en compañía con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) presentaron tres alternativas para asegurar los recursos.

Entretanto, el Instituto Nacional de Seguros (INS) afirmó estar en capacidad para hacer el aporte que le exige la iniciativa de ley. En este caso, la aseguradora estatal solo tendría que aumentar un 5% de la contribución que traslada anualmente a la Hacienda Pública, que actualmente es de un 25% de sus utilidades anuales.

Dicha iniciativa forma parte de la agenda de impuestos y reformas que el Gobierno negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El paquete de medidas entrará en una etapa definitiva en el Congreso, en noviembre, durante el periodo de sesiones extraordinarias.

Este proyecto de ley tiene un panorama nublado en la Comisión de Asuntos Económicos. Su presidenta, Karine Niño, diputada de Liberación Nacional (PLN), aseguró que el ICE no se encuentra en condiciones de aportar recursos al servicio de la deuda. Al tiempo que criticó al Ejecutivo por no consensuar la iniciativa con las entidades antes de presentarla al Congreso.

“Básicamente es imposible para el ICE afrontar lo que este proyecto les está intentando imponer y que lamentablemente tampoco fue construido con ninguno de ustedes. Eso es lo que me queda claro, además que el ICE es una de las instituciones que más protección necesita de todos los costarricenses; obviamente con todas sus mejoras para hacerlo más competitivo”, afirmó Niño.

¿Cuáles son los argumentos del ICE?

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La gerenta general, Hazel Cepeda, adujo ante los legisladores que la prestación del servicio eléctrico no le genera ganancias al ICE. Según dijo, las tarifas reconocen un concepto denominado “rédito para el desarrollo”, con el cual se hacen las nuevas inversiones, se financian los mantenimientos y se pagan las deudas.

“No existe una utilidad en el sector, sino que más bien se reconoce a nivel de tarifas esa diferencia en lo que es el rédito para el desarrollo, que es la porción que le queda al Instituto para mantener sus inversiones, en renovación de su infraestructura y para la atención de sus obligaciones financieras”, afirmó Cepeda.

Añadió que tomar esos recursos para el pago de la deuda pública provocaría un rezago en los portafolios de inversión del ICE, además de un deterioro en la calidad del servicio. También dijo que, incluso, la institución podría llegar a requerir de nuevos financiamientos.

Por otra parte, alegó que recargar la contribución estatal a su negocio de telecomunicaciones, dejaría “en franca desventaja” al Instituto frente a su competencia en el mercado.

Las autoridades dijeron a los diputados que, de aprobar la iniciativa, el Instituto tendría problemas para ampliar la fibra óptica, hacerle frente al robo de cableado, desarrollar la red de cargadores para autos eléctricos y hasta atender el alumbrado público.