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Durante la homilía de este miércoles 2 de agosto en la explanada de la basílica de Los Ángeles, en Cartago, el obispo de San Isidro de El General, Juan Miguel Castro, se pronunció contra el aumento de violencia en Costa Rica y solicitó al Gobierno generar más leyes para seguridad.
El sacerdote aseguró que los signos que presenta el país no son nada agradables. De hecho, datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelan que se sobrepasaron los 500 homicidios durante los primeros siete meses del 2023.
“Violencia en las familias, hermanos asesinados a sueldo dejando sufrimiento en madres, esposas, hijos; muertes en carretera por imprudencia y falta de sensatez, ideologías contrarias a la ley natural y divina con decisiones políticas y sociales promovidas por cristianos católicos, desde el seno de familia hasta las estructuras más consolidadas de la nación”, mencionó el sarcerdote.
El obispo aseguró que en el territorio nacional hay muchos menores agredidos por sus padres y un aumento preocupante del narcotráfico, así como familias viviendo en condiciones infrahumanas y un blanqueado de capitales en perjuicio de la dignidad humana.
“En este sentido, exhortamos a las autoridades civiles a propiciar políticas estatales a favor de la seguridad social de los costarricenses para vivir en armonía los unos con los otros”, dijo el prelado.
También, llamó la atención sobre el desempleo, la explotación laboral, sexual y la gran cantidad de habitantes de la calle, situaciones que en su criterio evidencial la realidad nacional.
“Mientras muchos comen poco, pocos comen mucho”, aseveró el obispo.
La Iglesia, además, solicitó a los educadores que promuevan una educación de calidad y una exigencia académica capaz de responder a los desafíos de la actualidad.
Cuestiona campañas de anticonceptivos
“Preferimos gastar dinero en campañas a favor de la anticoncepción en lugar de promover una sana convivencia afectiva y reproductiva, y promover leyes defensoras de los derechos de los niños y adolescentes sin considerar sus deberes familiares y cívicos de manera equitativa”, dijo el obispo.
Para el religioso, la población le está enseñando a los menores de edad valores que no van con la iglesia.
Afirmó que hay “ideologías nefastas que promueven el libertinaje y el desorden social en perjuicio de la familia y la institucionalidad del Estado de derecho de nuestra República”.
Por último, el obispo aprovechó para enviar un mensaje a las autoridades del país.
“Que las autoridades gubernamentales legislen a favor de los ciudadanos, que los administradores sean honestos en la toma de decisiones, que los jueces sean justos en la aplicación de las leyes, que los líderes religiosos anuncien un Dios de justicia, amor y paz, y que los líderes sindicales aporten al desarrollo y promoción de la persona humana y su dignidad”, concluyó el sacerdote.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se hizo presente en compañía de la primera dama, Signe Zeikate. Chaves declaró ante los medios de comunicación presentes que el diálogo es un derecho para todos los ciudadanos y que respetan la posición de la Iglesia.
“La iglesia tiene una posición que establecer y yo creo que la comunidad evangélica igual (...). Para los que somos creyentes, este es un día especial”, expresó.
La mayoría del gabinete estuvo presente, con excepción del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador; la jerarca de Educación, Anna Katharina Müller; la ministra de Salud, Mary Munive; y la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel.
Entre los asistentes a la misa también estuvieron el alcalde de Cartago, Mario Redondo, y la rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), María Estrada.
‘Eso es absurdo’
En medio del tumulto de personas luego de la ceremonia religiosa, Chaves se refirió de forma escueta a la investigación en su contra por “tráfico de influencias” que abrió el Ministerio Público.
La causa por la que se le investiga está relacionada con la denuncia por presunto tráfico de influencias que presentó, la semana pasada, el empresario Leonel Baruch, tanto contra el mandatario como otros jerarcas del Poder Ejecutivo.
“Eso es absurdo, no es el momento para hablar de eso”, se limitó a decir Chaves en la plazoleta de la basílica.
En el expediente también figuran como investigados el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives; la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Adilia Caravaca Zúñiga; el jefe de despacho de Chaves, Gabriel Aguilar Vargas; la esposa de Baruch, Yafit Ohana Beladel; y el abogado de esta última, Ricardo González Mora.
