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Una reforma legal, aprobada ya en primer y segundo debate en la Asamblea Legislativa, permitirá al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) adaptarse con facilidad a las necesidades laborales del sector productivo.
El plan, que ordena al INA a actualizar sus programas de formación, incluso permitirá a la entidad pagar becas a estudiantes, en otros centros de estudios públicos o privados, cuando no los pueda atender con sus propios programas.
La prioridad, tanto en los programas institucionales como en las becas, serán las personas en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.
El proyecto de ley de reforma al INA quedó aprobado, de manera definitiva, el lunes 7 de diciembre.
La iniciativa moderniza la Ley Orgánica del INA y establece los objetivos que deberá perseguir la institución en adelante.
El principal objetivo será darle herramientas a las personas para que encuentren y mantengan empleos de calidad en las áreas que demanden las empresas, o para que emprendan con proyectos propios.
La nueva ley, además, le da al INA la atribución de realizar investigaciones para actualizar su oferta de servicios, “en función de las dinámicas del mercado laboral, las necesidades del sector productivo y las personas trabajadoras”.
Las áreas con potencial de desarrollo, dice el texto, están relacionadas con la economía digital y los servicios, cuyas habilidades más demandadas son digitales y avanzadas.
Incluyen, por ejemplo, manejo de herramientas de desarrollo web y de software, conocimiento de tecnologías de almacenamiento de datos y desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
El programa de becas se creó para los casos en los que el INA no tenga la capacidad de atender directamente a quien lo requiera.
“Ya sea con su propio personal docente o mediante contratación de servicios, el Instituto podrá otorgar becas para cubrir el costo de dichos servicios en centros, públicos o privados, prestatarios de estos servicios a elección de las personas”, dice el proyecto aprobado.
Para financiar dichas ayudas, los diputados crearon el Fondo Especial de Becas del Instituto Nacional de Aprendizaje. La Asamblea dejó abierta la posibilidad de que este fondo se complemente o fusione con el que se creó el año pasado, para financiar a los colegiales que estudian en modalidad dual.
Esa otra bolsa de recursos se financiará con el 1% del presupuesto anual del INA, así como con los aportes de las empresas en las que practican los alumnos.
El otorgamiento de becas del INA estará sujeto a la disponibilidad de recursos, los cuales se asignarán, prioritariamente, a personas en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.
Los beneficiarios de este programa asistirán a los centros públicos y privados que cumplan con los estándares de calidad del Instituto, cuyas tarifas por estudiante no superen los topes que establezca la institución.
Nuevo régimen de empleo con salario global
El proyecto aprobado en el Congreso también reforma la gestión administrativa del INA, para agilizar la administración del personal y las compras que se requieran para ejecutar los programas de formación.
La ley anterior establecía que el personal del Instituto debe pertenecer al Régimen del Servicio Civil, el cual impone condiciones rígidas para la contratación y el despido de funcionarios.
Con la reforma, el sistema cambiará completamente, y se asemejará más al de una empresa privada.
Los nuevos funcionarios del Instituto quedarán excluidos del Régimen de Servicio Civil. Además, devengarán un salario único, con el escalafón y la estructura que defina la Junta Directiva de la institución.
A la cúpula del INA también se le dio potestad para diseñar un sistema de empleo que garantice la idoneidad del personal, y en el cual se podrán aplicar todas las figuras contractuales y modalidades de pago permitidas por la legislación laboral.
Es decir, la institución podrá realizar contrataciones por plazos específicos y adquirir servicios especiales, crear cargos de confianza y pactar pagos mensuales, quincenales o semanales.
“En general, podrá utilizar cualquier figura contractual o modalidad que sea necesaria en aras de garantizar la continuidad, eficiencia, adaptación al cambio y pertinencia de los servicios prestados por la institución, así como el cumplimiento de los fines del INA”, dice el plan aprobado.
A la Junta Directiva se le dio un año para definir el nuevo modelo de empleo de la institución, el cual se aplicará a quienes empiecen a laborar cuando el mismo esté implementado. Los funcionarios actuales mantendrán sus condiciones, pero si lo desean, podrán trasladarse de régimen en los primeros 18 meses de transición.
Para las compras institucionales, se establece que deberán realizarse según las leyes vigentes sobre contratación administrativa.
Sin embargo, si se trata de servicios, equipo, insumos o infraestructura necesarios para habilitar programas de capacitación, las adquisiciones se podrán realizar con procedimientos abreviados.
